Este martes, tras escuchar los alegatos, el juez federal Héctor Sagretti absolvió a Silvio Gastón Canteros, luego de estar más de dos años detenido por una causa de narcotráfico. Tal como señalaron en los alegatos el fiscal y defensor oficial, la decisión de la justicia confirma que no había ningún elemento en la causa que vincule a Canteros con la comercialización de estupefacientes a gran escala. El defensor oficial también pidió que se investigue a los policías que participaron del allanamiento. El caso ocurrió en 2019, se difundió en los medios de comunicación como el “Patrón del mal” de Moreno, y los ministerios de seguridad de Nación y Provincia lo publicitaron como un golpe en la llamada “lucha contra el narcotráfico”. La CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, fue veedora de las audiencias.

ANDAR en Moreno  

(Agencia Andar) El allanamiento realizado el 8 de agosto de 2019 en la quinta que Silvio Gastón Canteros alquilaba en la localidad de La Reja, Moreno, fue ampliamente difundido en los medios de comunicación, junto a las imágenes de un video sobre el operativo elaborado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por la cantidad de material alusivo a Pablo Escobar y la serie de Netflix, Canteros pasó a ser reconocido como el “Patrón del mal” de Moreno.

Ese mismo día, incluso, estuvieron presentes en la entrada de la finca el subsecretario de planificación e inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad bonaerense, Vicente Ventura Barreiro y funcionarios ministeriales. El relato oficial habló del desmantelamiento de una red de narcotráfico y la detención del líder de la banda; el operativo, realizado a pocos días de las elecciones PASO 2019, se publicitó en el marco de la campaña de “lucha contra el narcotráfico”.

A dos años del hecho, el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín absolvió a Canteros y ordenó su inmediata libertad. Durante las audiencias del juicio, quedó demostrado que la instrucción de la causa, la orden de allanamiento y el operativo estuvieron plagados de irregularidades, que los funcionarios policiales se contradijeron en sus declaraciones y que el video enviado a los medios periodísticos estaba editado con imágenes que no correspondían al allanamiento.

Además de absolver y ordenar la libertad de Canteros, el juez federal Héctor Sagretti debe resolver aún el pedido realizado por el Defensor Oficial Alejandro Arguilea para que se investigue penalmente a los funcionarios policiales que participaron del allanamiento por la posible comisión de delitos de acción pública. Esa decisión recién se conocerá cuando Sagretti comunique los fundamentos del fallo.

Durante los alegatos, para justificar el pedido de absolución de Canteros, el fiscal de juicio Marcelo García Berro sostuvo, por un lado, que el allanamiento debía considerarse parcialmente nulo –por lo tanto, ilegal– porque no había elementos suficientes en la investigación judicial para fundar la orden para allanar el domicilio del imputado.

La investigación policial estuvo conducida por el subcomisario de la Superintendencia de seguridad región AMBA Oeste, Matías Luján López; según su declaración, a partir de comentarios de vecinos que no aparecen en la causa, conoció los nombres de dos personas que lideraban una banda de narcotráfico que operaba en la zona y los números de teléfonos de dos financistas que, a través de la compra-venta de divisa extranjera, “blanqueaban” la plata obtenida.

A partir de ese dato, en mayo de 2019 se inició la instrucción judicial a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón –primero a cargo de Sebastián Basso y luego de Santiago Marquevich– y bajo la conducción de la Secretaría N° 9, integrada por Santiago Moore y María Cristina Sioli, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo de Néstor Barral. Con la autorización judicial, se interceptaron las comunicaciones de los dos teléfonos y se realizaron tareas de inteligencia criminal en varios domicilios donde se observaron, de acuerdo al relato policial, movimientos de pasa manos que darían cuenta de la operativa de comercialización. Sin embargo, no hay ningún registro de esas actividades, ni fílmico ni fotográfico, tampoco testigos en la causa que puedan corroborar el relato policial.

Luego de tres meses de instrucción, se realizaron 15 allanamientos en simultáneo. Durante el alegato, el fiscal de juicio García Berro dijo que Canteros no aparecía mencionado en las escuchas telefónicas ni había ninguna otra prueba, más allá de la declaración de los policías, que vincularan los domicilios del imputado con una supuesta red de narcotráfico ni al imputado con los supuestos líderes de esa banda.

Incluso, señaló García Berro, los fundamentos del juez Moore para ordenar el allanamiento es una copia del pedido realizado por la Policía, con fragmentos textuales que hasta incluían errores de ortografía del texto original.

De los 15 allanamientos realizados ese día, cuatro correspondían a domicilios vinculados a Canteros: la casa de los padres, una oficina que utilizaba como lugar de trabajo, un lavadero de autos y la casa quinta, que fue escenario de la puesta mediática del operativo.

Por otro lado, si el juez considerase legal el allanamiento a los domicilios de Cantero, el fiscal García Berro sostuvo en su alegato que, durante las audiencias, no pudieron comprobarse ninguna de las pruebas que plasmaron en el acta de procedimiento para imputar a Canteros. La más evidente de todas, fueron las contradicciones entre los policías y los testigos del hecho: nadie pudo explicar cuándo, dónde y quién encontró la droga supuestamente incautada en el allanamiento.

Sólo una muestra de las evidentes contradicciones: uno de los policías dijo que la droga fue encontrada por un perro especializado debajo de la mesa de la cocina; otro dijo, en cambio, que él la encontró detrás de una pared de madera.

Además, en la casa no se encontraron otros elementos, como balanzas o sumas importantes de dinero, que dieron a entender la comercialización de estupefacientes a gran escala como sostenía la policía según las tareas de inteligencia criminal desplegadas. Todas las armas secuestradas en el domicilio eran de juguete.

Dos días después de su detención, cuando se presentó a ampliar la declaración indagatoria, Canteros dijo que en su casa tenía en una caja de seguridad mil dólares, 20 mil pesos y dos cadenitas de oro; sin embargo, esas posesiones de valor no aparecen en el acta de allanamiento.

“Te están armando una terrible”  

El allanamiento en la quinta que alquilaba Canteros comenzó a las 4 de la mañana y finalizó a las 7 de la tarde; en ningún momento le mostraron la droga secuestrada, incluso durante varias horas les habían notificado que los allanamientos en los cuatro domicilios de Canteros fueron negativos.

Sin embargo, en algún momento del procedimiento, a través una comunicación por Handy policial, los efectivos reciben la orden de armar afuera la mesa de trabajo con manteles blancos que iban a traer los elementos secuestrados en los demás domicilios. Uno de los oficiales de policía que llegó luego de esa comunicación, avisó que debían esperar hasta las 14:30 porque estaba en camino un canal de televisión para transmitir en vivo. También especulaban con la posibilidad de que esté presente la entonces Ministra de Seguridad de Nación Patricia Bullrich.

“Te están hundiendo allá afuera, te están armando una terrible”, le dijo entonces a Gastón un oficial, al que todos llamaban jefe. Ante las preguntas desesperadas de Canteros y su compañera, los policías sólo decía que estaban cumpliendo “órdenes de arriba”.

Antes de que lleguen los medios de comunicación, les quisieron hacer firmar el acta de procedimiento sin ser leída antes. Tras negarse a firmar, una persona de civil, que sería funcionario ministerial, ordenó que filmen el traslado de Canteros y su compañera. A los dos les cubrieron la cara y los metieron en un auto de color gris que estaba en el interior de la quinta; luego los volvieron a bajar y los ingresaron nuevamente a la vivienda. Ese fue el simulacro de detención que la Policía utilizaría para armar el video de comunicación del operativo.

Mientras Canteros y su compañera seguían aprehendidos en su casa sin que le notifiquen la incautación de estupefacientes y sin entender el motivo de todo ese despliegue, el viceministro de seguridad bonaerense Vicente Ventura Barreiro hablaba ante los medios apostados en la entrada de la casa quinta.

Alrededor de las 19 horas, los policías trasladaron a Canteros y su compañera, en otro acto de notoria irregularidad, los hicieron pasar a los dos con cara descubierta frente a las cámaras de los medios de comunicación.

Más de diez personas fueron detenidas en el marco de los allanamientos realizado ese día; la mayoría recuperaron la libertad en los días siguientes, entre ellos, la compañera de Canteros y un albañil que ocasionalmente estaba trabajando en una de las casas allanadas.

La fiscalía terminó imputando a cuatro personas y cerró la instrucción; ninguna de las cuatro personas eran los dos sospechosos sobre los que había iniciado la investigación policial. Canteros estuvo más de dos años detenido, falsamente acusado, como se demostró en el juicio oral que terminó en su absolución.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó varias presentaciones acompañando los pedidos de la defensa durante el trámite de la causa y fue autorizada por el TOF N° 1 de San Martín para presenciar las audiencias del juicio. Tras el veredicto, la CPM envió una nota al Tribunal acompañando también el requerimiento del Defensor Oficial para que se extraiga copia de la causa y se investigue el accionar de los funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.