La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus con carácter preventivo a favor de Cristina Castro, sus abogados y amigos de Facundo Castro por los reiterados hechos de intimidación policial que vienen sufriendo, en algunos casos, desde el momento de la desaparición de Facundo. En primera instancia, la jueza federal Gabriela Marrón no quiso tratar el habeas y luego desestimó la denuncia; ahora la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó la decisión y le ordenó que llame a audiencia a las víctimas de estos actos para resolver la presentación. Amenazas, seguimiento y presencia de patrulleros o autos particulares con policías bonaerenses en las inmediaciones de los domicilios, describe la CPM que, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, es querellante institucional en la causa que investiga la desaparición forzada.

ANDAR en Pedro Luro

(Agencia) En los últimos días, tras el hallazgo pericial en el baúl de un patrullero de un trozo de piedra de turmalina similar a la que llevaba Facundo Castro en un colgante, las acciones ilegales de seguimiento e intimidación por parte de agentes policiales sobre personas del entorno de Facundo Castro se acentuaron y multiplicaron.

Efectivos de la Policía Bonaerense continúan con sus apariciones repentinas y vigilan, sin causa legítima ni orden judicial, los domicilios y lugares de trabajo de los familiares de Facundo, así como de testigos importantes y abogados de la familia.

Frente a la gravedad de estas prácticas de amenaza concreta a la libertad ambulatoria y sin orden escrita de autoridad competente, la CPM presentó, el lunes 21, un habeas corpus preventivo ante el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón. A pesar de la gravedad de la denuncia, la jueza no quiso tratarlo y después, sencillamente, lo desestimó.

Extrañamente y contrariando su propio criterio —cuando en agosto pasado dio curso al habeas corpus presentado por la CPM a favor de Marcelo González, excuñado de Facundo, que ya recibía amenazas e intimidaciones—,la jueza Marrón sostuvo que debía tramitarse en el Juzgado Federal N 1, que estaba de turno. Sin embargo, el habeas volvió a su despacho, porque el Juzgado de turno entendía que se trataba de un hecho conexo a la causa principal que investiga la presunta desaparición forzada seguida de muerte de Facundo.

Cuando finalmente tuvo que decidir, Gabriela Marrón desestimó las denuncias sin ni siquiera convocar a las víctimas a audiencia, tal como estipula la ley 23.098 de procedimiento de habeas corpus.

Este viernes, dos días después de rechazar la presentación, con voto en mayoría, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó la decisión de la jueza Marrón y le ordenó que convoque a las personas intimidadas a audiencia antes de resolver. En sus votos, Silvia Fariña y Pablo Mena —Roberto Amabile votó en disidencia— consideraron que la resolución de rechazar in limine la acción resultaba precoz.

El habeas corpus preventivo presentado por la CPM exige que se ordene el cese de las amenazas recurrentes que padecen Cristina Castro Alaniz, mamá de Facundo; los abogados de la familia, Luciano Peretto y Leandro Aparicio; y los testigos de la causa principal, que son personas del círculo íntimo del joven.

“Los hechos referidos, con total evidencia importan una amenaza actual de la libertad ambulatoria de las personas referidas, de conformidad a lo previsto por el art. 3ro inc. 1° de la ley 23.098, viéndose obligados a ajustar sus rutinas a una presencia policial continua, ilegítima, e irrazonable por injustificada”, destaca el escrito.

“Resultan ciertamente ilegítimos, por no encontrar fundamento alguno en ninguna Causa Judicial en trámite que justifique alguna sospecha en contra de los interesados, ni mediar ningún motivo que funde la medida, la forma, y las condiciones en que esta especie de ‘monitoreo policía constante’ se viene llevando a cabo. La ausencia de un adecuado control judicial oportuno favorece el abuso por parte de los operadores de las agencias policiales”, agrega.

Entre los casos de seguimiento e intimidación policial, se relata el padecido por los abogados Aparicio y Peretto al regresar a sus domicilios el sábado 29 de agosto -cuando se terminó la autopsia de Facundo en la ciudad de Buenos Aires-.

En efecto, ambos letrados advirtieron la presencia de policías: Peretto, con un patrullero en la puerta de su casa; Aparicio, con dos personas que, a metros de su domicilio, aparentaban ser linyeras y fotografiaban su automóvil. No fue la única vez que advirtieron a policías controlando sus movimientos.

En el caso de Cristina Castro, ha detectado la presencia constante y diaria de patrulleros, de día y de noche, pasando por su domicilio en la calle 16 y esquina 9 de Pedro Luro, o estacionándose en la cuadra o en la esquina, ocurriendo el mismo tipo de vigilancia y presencia en las inmediaciones de la casa del abuelo de Facundo.

“Además, es de señalar lo ocurrido con el perro o mascota de Facundo, quien a poco de su desaparición fue atropellado por un móvil policial, encontrándolo muerto en inmediaciones de la vivienda”, destaca el habeas corpus.

Similares episodios padecieron y continúan padeciendo dos amigos íntimos; uno de ellos es el dueño de la cervecería Turmalina donde trabajó Facundo hasta el inicio de la cuarentena. El hecho más grave denunciado por él ocurrió durante la madrugada del 18 de septiembre, al concluir su jornada laboral: un móvil policial se acercó repentinamente hacia el vehículo en el que circulaba con dos amigas hasta casi llegar a tocarlos.

Entre las diversas amenazas e intimidaciones vividas por otra compañera del círculo íntimo de Facundo, el 16 de septiembre a las 22:30 advirtió que un móvil policial, con las luces apagadas, se detuvo en la calle que costea un canal en la parte trasera de su domicilio familiar: en esa ocasión fue un vecino el que les avisó que pudo ver cómo el patrullero daba marcha atrás y avanzaba a gran velocidad, pasando por el costado y frente de su casa.

Estas son algunas de las múltiples situaciones que recoge el habeas corpus preventivo, y que dan cuenta de la sistematicidad e ilegalidad con la que actúan los efectivos de la Policía Bonaerense, la misma fuerza sospechada de ser la responsable por la desaparición y homicidio del joven de Pedro Luro, partido de Villarino.

A pesar de todo ello, cuando tuvo que decidir sobre el habeas corpus, para la jueza federal Gabriela Marrón “las conductas descriptas del personal policial   aparecen   como   razonables   en   el   marco   del   control   del   aislamiento   social, preventivo y obligatorio producto del cumplimiento de la orden emanada por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Luego de que la Cámara revoque su decisión, la jueza deberá llamar a audiencia a las víctimas y escuchar en primera persona el relato de las intimidaciones y amenazas que vienen sufriendo.

“Ante la singularidad del caso y su estrecha vinculación con una grave violación de derechos humanos en pesquisa, su urgencia, el estado de temor del afectado, y la inexistencia de causas judiciales debidamente individualizadas que los involucren, frente a la necesidad de dar respuesta judicial idónea, se impone dar favorable acogida a lo solicitado”, resume el habeas corpus de la CPM, que exige el cese inmediato de la amenaza sobre la libertad física de las personas mencionadas.