No estará Marita Verón el 3 de junio, en ninguna plaza, calle, o en su casa mirando la marcha por la tele. No estará con su mamá Susana y su hija Micaela. No estará porque se la llevaron. No estará porque la buscamos y aún no la encontramos.

No estará porque los que manejan el negocio de la llamada prostitución la necesitaron para sus clientes que pagan por sexo.
Uno que paga por sexo. Otro que recibe la plata. Otro que maneja el negocio. Otro que busca minas para explotar. Otro que mira para otro lado, en el juzgado, en la comisaría. Otro que pasa a buscar su sobre al prostíbulo. Otro que se saca de encima a las díscolas, a las que queman, a las que no sirven más para explotar, a las que buscamos.
Y que vamos a seguir buscando.
Y todo porque hay uno que paga por sexo.

 Maximiliano Montenegro- periodista.

Florencia Pennacchi, Yamila Cuello, Marita Verón, Fernanda Aguirre, Maria Cash, Erica Soriano Mayra Belén Sosa, Andrea López, y una lista interminable de mujeres jóvenes desaparecidas hay nuestro país, víctimas de la trata y la violencia de género. El año pasado 277 mujeres fueron asesinadas, la mayoría por sus parejas o ex parejas. Muchas de ellas ya habían denunciado violencia de género. 1808 femicidios se registran en los últimos siete años. En el marco de la campaña #NiUnaMenos, cuyo acto se realizará el próximo 3 de junio a las 17 hs en el Congreso Nacional y en muchas ciudades del país, miles de personas se movilizarán para exigir al Estado la aplicación de la Ley de Protección Integral de la Mujer, entre otros reclamos vinculados a las vulneración de derechos de la mujeres.

ANDAR en la provincia

(Agencia – Paula Bonomi) En Argentina hay 6040 niñas, niños, adolescentes y adultos que están siendo buscados, desaparecidos por distintos motivos. El informe “De-saparición en democracia. Informe acerca de la búsqueda de personas entre 1990 y 2013”, elaborado por la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal, señala que el 54 por ciento de las personas buscadas son mujeres y que esa estadística asciende cuando las chicas tienen entre los 12 y 18 años.  No hay una sola explicación sobre por qué las mujeres desaparecen tanto entre los 12 y los 18 años, pero si se tiene en cuenta que –según datos del Ministerio Público Fiscal– el 99 por ciento de las víctimas de trata sexual son mujeres jóvenes, éste puede resultar un dato preocupante.

[pullquote]En Argentina hay 6040 niñas, niños, adolescentes y adultos que están siendo buscados, el 54% son mujeres[/pullquote]

En el país, las zonas de mayor reclutamiento de personas para la explotación sexual son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta. También se nutre de países como Paraguay, Costa Rica, República Dominicana. Los destinos principales de las personas captadas por las redes son la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.  Algunas estimaciones de las ONG especializadas hablan de alrededor de  8.000 burdeles en la provincia en la provincia de Buenos Aires. Otras zonas de explotación sexual se dispersarían en Quilmes, Berazategui, La Matanza y también en localidades portuarias o costeras como Quequén, Bahía Blanca y Mar del Plata, que en temporada alta alcanza los 400 prostíbulos.

En la ciudad de  La Plata, según los datos de la Procuración hubo en el último año unos 70 prostíbulos allanados. El Fiscal Fernando Cartasegna, referente en delitos como trata de personas y pedofilia de pornografía infantil en la red, afirma que por cada prostíbulo  que es cerrado existen unos 3 o 4 más alrededor en actividad. Hagamos la cuenta. Dependiendo de la zona,  puede haber dos o hasta tres por cuadra.

Ilustración: Magali Martinez Barletta

La ley Federal de Prevención y Sanción de la Trata (26.364) fue sancionada en abril de 2008, pero recibió cuestionamientos de las ONGs que trabajan el tema. El principal fue que para acreditar la explotación sexual de una mujer mayor de 18 años, tiene que probarse que la víctima no prestó su consentimiento. Cabe aclarar que este artículo fue reformado en 2012, eximiendo de responsabilidad a la víctima de trata. Otro punto crítico que persiste son las penas ínfimas que la ley prevé para el delito: para los regentes de prostíbulos van de entre dos a seis años.

En mayo del año pasado, el Gobierno provincial dejó en manos de su Ministerio de Seguridad la iniciativa para abordar el tema. El Ministro Ricardo Casal presentó  una virtual  “Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata” (Decreto Ley 978/10) con el objetivo de articular y diseñar políticas públicas destinadas a la prevención del delito de trata de personas, la asistencia de sus víctimas y la persecución de sus autores. Semanas más tarde, un proyecto de ley llamado “Prostíbulo Cero” fue presentado por el oficialismo en la Legislatura bonaerense, pero hasta la fecha no ha sido tratado más que dentro de la Comisión de Niñez y Mujer. La otra propuesta sólo es un texto en la web.

En nuestro país la prostitución no es delito, pero sí lo son –por ley 12.331, sancionada en 1936– la existencia de prostíbulos y el proxenetismo (la explotación por un tercero de una trabajadora sexual). Según Cartasegna “muy pocas mujeres optan por este oficio”, mal llamado el más antiguo del mundo, “básicamente cuando su situación económica y social las apremia”. En estado de vulnerabilidad extrema,   las mujeres en un 98 % de los casos son sometidas, esclavizadas, muchas veces torturadas y, finalmente cuando  sus cuerpos no rinden más, son desechadas por los proxenetas. Jamás, ninguna, quiere ese destino para algunx de sus hijxs.  Otras directamente son secuestradas para ser explotadas sexualmente por las redes de trata y desaparecen para siempre.

Las leyes pueden tener una  buena intencionalidad en cuanto a lo simbólico pero, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no se ven  reflejadas en decisiones de políticas de los que ostentan el poder de lo público.  Con lo cual, si no hay voluntad política, sólo hay letra muerta. Si persiste la explotación sexual de las personas, es porque funciona un negocio que articula y se sostiene por la acción y omisión de muchas patas. Pero, fundamentalmente,  persiste porque HAY clientes que consumen.

La democracia adeuda también la efectiva implementación de la Ley de Protección Integral de la Mujer, y la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. El Estado es moroso en  políticas públicas integrales, transversales, articuladas que tiendan a la asistencia integral de las víctimas de violencia de género. Y es ese Estado el que  tiene la obligación de comprometerse y hacerse cargo. La tiene porque así lo dice la letra asumida a partir de todos los tratados, de los protocolos internacionales a los que adhirió.

Sin políticas públicas reales y sin un accionar de la Justicia efectivo y ágil,  las acciones y reproducciones culturales no van a modificarse y persistirá  un modelo patriarcal, de opresión, de violencia y marginación. Por eso el 3 de junio en Berisso, Florencio Varela, Bahía Blanca, Tandil, Mar del Plata, Capital Federal, La Plata, San Miguel y en cada localidad de la provincia y del país, miles de personas van a decir #NiUnaMenos.

Nota relacionada: ¿Prostíbulos Cero?