Punta Indio primero, Ramallo después y ahora San Martín: tres municipios ya aprobaron la creación de un mecanismo municipal de control de la violencia policial. Estos proyectos fueron impulsados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto a las autoridades municipales, familiares víctimas de violencia institucional y organizaciones territoriales. La iniciativa contempla la creación de un cuerpo de referentes de la comunidad que desarrollen, de manera autónoma, un sistema de monitoreo y control de las políticas públicas de seguridad. El proyecto de ordenanza fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante de San Martín.

ANDAR en San Martín

(Agencia) El Honorable Concejo Deliberante de San Martín aprobó por una unanimidad el proyecto de ordenanza que crea un observatorio de violencia institucional, institucionalizando un espacio de control ciudadano de las prácticas violentas, arbitrarias e ilegales de las fuerzas de seguridad.

El proyecto forma parte de una política que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene impulsando en distintos partidos de la Provincia. San Martín es el tercer municipio que se suma a la creación de un mecanismo municipal para el control ciudadano en la prevención y abordaje de la violencia institucional. Antes, esta misma iniciativa se había aprobado en Punta Indio y Ramallo

Para la CPM, la participación de la ciudadanía es indispensable para garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales que se ven constantemente vulnerados por el aumento de la discrecionalidad e ilegalidad de las prácticas policiales en el territorio.

El Observatorio de violencia institucional será un cuerpo colegiado con autonomía funcional e integrado por un representante, con experiencia en la defensa de los derechos humanos, de cada una de las instituciones y organizaciones que lo componen: la Municipalidad de San Martín, la CPM, la Campaña nacional contra la violencia institucional, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Red de familiares víctimas de la violencia institucional de San Martín.

De acuerdo a la ordenanza aprobada en la sesión legislativa, el Observatorio “tendrá por objetivo general el desarrollo de acciones de diagnóstico, concientización, prevención e intervención en violencia institucional […] como así también acciones de contención, acompañamiento y reparación de las víctimas, como también el acompañamiento de las causas judiciales que se desarrollen relativas a la problemática en cuestión, en el ámbito del Distrito de San Martín”.

Para realizar esas tareas, el mecanismo municipal estará facultado para el control ciudadano de las fuerzas de seguridad, el monitoreo y asistencia los lugares de encierro, la realización de denuncias y toda presentación vía judicial o administrativa, el patrocinio de las víctimas y/o familiares, y la promoción de capacitaciones permanentes de las fuerzas de seguridad en operativos y procedimientos.

El proyecto de ordenanza también estipula que el Observatorio tenga entre sus objetivos el registro y relevamiento de casos de violencia institucional. En ese sentido, será muy importante la formalización de las acciones que las organizaciones de familiares víctimas de violencia institucional ya vienen realizando a través del trabajo conjunto con la CPM.

En ese sentido, el mecanismo municipal elaborará un informe anual en el que dará cuenta del diagnóstico sobre la violencia institucional. Este informe contendrá propuestas orientadas a la prevención. El informe será presentado en sesión pública en el Concejo Deliberante y entregado a los representantes de los poderes ejecutivos y judiciales, municipal y provincial.

La intervención sobre el caso particular y el registro y sistematización de los casos de violencia institucional deben ser, a la vez, herramientas para la discusión de las políticas públicas en materia de seguridad. Ese es el espíritu de la iniciativa impulsada por la CPM hace años y que sigue recogiendo el apoyo de los municipios. Al mismo tiempo, es un reconocimiento a la labor de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura, cuyas tareas se enmarcan en los lineamientos dispuestos por el protocolo facultativo a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de la ONU.