La Fundación ANDHES (abogados y abogadas del NOA en derechos humanos y estudios sociales) denunció ante el gobierno de Tucumán intimidaciones por parte de sectores de las fuerzas de seguridad de la provincia. Estas prácticas de amedrentamiento y amenazas persiguen un fin disciplinador sobre la militancia en derechos humanos y buscan desalentar el trabajo comprometido que ANDHES viene desarrollando desde su fundación en 2001. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresa su solidaridad con los miembros de la organización y reclama que se tomen las medidas administrativas necesarias para dar con los responsables de estos ataques.

Andar en Tucumán

(Agencia) “Se quiere silenciar a las organizaciones civiles para así garantizar la impunidad de las fuerzas policiales en su accionar ilegítimo y vulneratorio de los derechos”, explicó Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos de ANDHES. La fundación, que nuclea a abogados y abogadas del NOA, viene recibiendo en el último tiempo amenazas por parte de sectores de las fuerzas de seguridad de Tucumán.

Si bien el organismo ya había sido objeto de hostigamiento e intimidaciones por su labor de defensa de los derechos humanos, las recientes amenazas que circularon por las redes sociales han despertado la preocupación de los miembros de la fundación por la magnitud y agresividad del ataque.

La radicalización de estas prácticas de amedrentamiento se generó tras una presentación a la Secretaría de Derechos Humanos, en la cual ANDHES manifestó su preocupación por la ilegalidad de un operativo policial para detener a tres jóvenes sospechados de asesinar a un policía. A partir de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad, se puede observar como los efectivos “ajustician” a uno de los detenidos; a pesar de estar reducido, unos diez policías le siguen pegando patadas en el suelo.

En represalia a esta intervención del organismo exigiendo que se investigue la actuación policial, comenzaron a circular en redes sociales y en whatsapp publicaciones amenazantes firmadas por personas identificadas como “policías como la gente”, donde se adjunta el escrito presentado por el organismo a la Secretaría de Derechos Humanos, junto a la foto de la directora ejecutiva de ANDHES. Desde la Fundación también remarcaron que estas acciones revisten especial gravedad ya que sus autores parecieran estar vinculados a las fuerzas de seguridad provinciales.

“La publicación en Facebook, a su vez, fue compartida unas 600 veces y sumó una gran cantidad de mensajes que contienen insultos y amenazas y que también se trasladó a Twitter reproduciendo la misma mecánica de amedrentamiento. Incluso, entre los comentarios circula la propuesta de realizar marchas contra la Fundación”, precisó Matías Pisarello.

Con la misma lógica de intimidación, también circuló una respuesta públicamente con sellos oficiales y la firma del Jefe de personal del 911 que manifiesta el desagrado por la participación de Andhes, remarca los antecedes penales de los jóvenes y defiende enfáticamente el accionar de la policía. “La misma nota dice que nuestra ausencia en el velorio no nos daba derecho a participar y repiten que sólo nos interesan los derechos de los ladrones”, agregó Pisarello. En ese sentido, el comunicado de la Fundación aclara que más allá de lo doloroso y lamentable que es la existencia de víctimas, fatales o no, producto de hechos delictivos, la existencia de delitos aberrantes no puede ser óbice para olvidar que el poder estatal tiene límites claros: su actuación se encuentra condicionada principalmente por el respeto a los derechos fundamentales de los individuos y a la observación rigurosa de los procedimientos conforme a Derecho.

Frente a esta situación y preocupados, especialmente, por las amenazas focalizadas en la directora ejecutiva del organismo, ANDHES denunció ante el Gobernador estar sufriendo acciones de amedrentamiento en respuesta a sus actividades en defensa de derechos humanos y presentó ante la Justicia provincial una acción de habeas corpus colectivo preventivo con el fin de que se garantice la integridad física de sus miembros.

“Como en otras oportunidades, fuimos recibidos por los secretarios de seguridad y derechos humanos que tomaron nota de la situación pero no hubo respuestas concretas”, resumió Pisarello. Y agregó que, a pesar de la desprotección por parte de los funcionarios gubernamentales, han recibido “innumerable cantidad de apoyo de organismos provinciales, nacionales e internacionales; organizaciones que sienten la misma preocupación”.

En el mismo sentido, la Comisión Provincial por la Memoria repudia públicamente las prácticas de amedrentamiento que vienen sufriendo los miembros de Andhes, expresa su solidaridad y reclama una pronta intervención gubernamental para garantizar la seguridad de los integrantes de la Fundación e investigar a los responsables de este ataque.

Policías: discrecionalidad e ilegalidad

Según el registro de ANDHES, los casos de violencia institucional en la provincia aumentan bajo el amparo de funcionarios públicos que evitan inmiscuirse en la labor de estas fuerzas. La ausencia de control civil y político refuerza la autarquía de las agencias penales y con ello la capacidad discrecional de las policías para actuar.

El coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos, Matías Lorenzo Pisarello, remarcó que las amenazas que vienen recibiendo se deben, fundamentalmente, por la intervención de Andhes como organismo de análisis y revisión de las políticas en materia de seguridad. En el marco de ese trabajo, han reclamado en reiteradas oportunidades la necesidad de modificar la ley de contravenciones.

“A pesar de ser rechazada por la corte de justicia provincial y por la Corte Suprema de Justicia, las fuerzas policiales tucumanas emplean la ley de contravenciones que les da plena arbitrariedad para detener. Si bien la Policía se justifica señalando que es la única herramienta para combatir el delito, esta ley es utilizada como una caja negra para financiarse”, señaló Pisarello.

Al mismo tiempo, desde Andhes sostienen que la falta de control gubernamental sobre este accionar significa, de hecho, la aceptación del modus operandi de las policías. “La ausencia del Estado para remarcar públicamente el deber policial de garantizar la seguridad ciudadana respetando los derechos de las personas, sólo genera más miedo e inseguridad”, agregó Pisarello.

Estas situaciones relevadas por Andhes, y como parte de su trabajo para aportar al diseño de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, llevaron a presentar ante las autoridades provinciales un programa de capacitación a agentes penitenciarios en el marco de un proyecto conjunto con Naciones Unidas. En su momento, esta presentación también generó el rechazo del personal policial y motivó acciones en las redes sociales en donde se vertían insultos y amenazas ante la posibilidad de concretarse dichas capacitaciones.

Los antecedentes existían pero las autoridades provinciales no actuaron. La desprotección del Estado es la condición de posibilidad para que estas prácticas intimidatorias continúen y se radicalicen al mismo tiempo que se radicaliza la arbitrariedad y discrecionalidad de las policías en el territorio.

“Los casos de violencia institucional comienzan a tener mayor referencia pública, el avance de los medios y la participación de organismo de derechos humanos los pone en agenda. Con estas amenazas sólo buscan generar miedo en la población para que ellos puedan seguir actuando como lo consideren necesario, aunque esa acción no respete los derechos fundamentales de las personas”, cerró Matías Lorenzo Pisarello.