Más de dos años después del llamado a declaración indagatoria dispuesto por el entonces juez federal subrogante en Río Grande, Federico Calvete, y luego de una larga lista de dilaciones, la jueza Mariel Borruto fijó fechas para las audiencias del general Omar Parada y otros cinco oficiales, imputados por torturar a soldados conscriptos en las islas durante el conflicto bélico. Las indagatorias se realizarán por videoconferencia, con asistencia de la Policía Federal, entre el 13 y el 22 de abril. Cuatro militares ya están procesados en esta causa y otros ocho aún tienen pendiente la declaración indagatoria. La Comisión Provincial por la Memoria y el CECIM La Plata, querellantes en la causa, vienen advirtiendo que las demoras y dilaciones injustificadas atentan contra la justicia y sólo pueden contribuir a consagrar la impunidad.

ANDAR en Tierra del Fuego

(CPM/Agencia Andar) La jueza Mariel Borruto, a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, puso fecha para las audiencias indagatorias al general Omar Parada y los oficiales Emilio Samyn Duco, Jorge Díaz, Jorge Santiago Caldelago, Horacio Vlcek y Jorge Masiriz. Los imputados están acusados de haber aplicado tormentos y torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas.

Las audiencias llegan después de una larga serie de dilaciones. En 2018, el entonces juez federal subrogante Federico Calvete había citado a declaración indagatoria a 18 militares; sin embargo, tras asumir en el cargo, la jueza Borruto suspendió las audiencias sin fijar nuevas fechas. Recién en diciembre de 2019, se realizaron las primeras cuatro indagatorias y en febrero del año pasado Borruto procesó sin prisión preventiva a los militares Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini.

En su resolución, la jueza federal sostuvo que los imputados impusieron tormentos a más de 20 soldados pertenecientes al Regimiento de Infantería Nº 5 del Ejército Argentino para “castigar de manera cruenta y desmedida las presuntas infracciones disciplinarias”. Entre las torturas citadas en el expediente se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, entre otras.

A pesar de ese gran avance, el resto de las indagatorias se demoraron: la jueza se excusó en la falta de espacio físico y recursos humanos para llevar adelante las audiencias indagatorias. El año pasado, antes de la feria extraordinaria dispuesta por la Corte Suprema de Justicia a raíz de la pandemia del coronavirus, la Fiscalía Federal de Río Grande y la Procuraduría de crímenes contra la humanidad solicitaron que se fije fecha para la realización de las seis indagatorias ahora dispuestas.

En ese momento, también el Centro de ex combatientes Islas Malvinas—La Plata (CECIM), querellante en la causa, sostuvo la necesidad de darle continuidad al proceso judicial. El pedido fue reconocido por la misma jueza Borruto que decidió habilitar la feria y solicitó asistencia al Consejo de la Magistratura para tomar las declaraciones indagatorias pero sin fijar fecha para su realización. En diciembre pasado, desde el órgano le respondieron que como auxiliar de la justicia interviene la Policía Federal.

El pasado 18 de febrero, cuando se cumplió un año de los primeros procesamientos, el CECIM había advertido que, de continuar con esta “celeridad”, teniendo en cuenta los años de la causa y la cantidad de personas denuncias, recién se llegaría a juicio en 311 años.

Dos semanas después, la jueza Borruto citó a declaración indagatoria al general Omar Parada, Jorge Cadelago, Jorge Díaz, Emilio Samyn Duco, Horacio Vlcek y Jorge Maziris para los 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de abril, respectivamente. Los seis militares declararán desde la Sala de videoconferencias judiciales e institucionales de la Policía Federal, ubicada en Capital Federal.

La causa 1777/07 se inició en 2007, tiene a 95 militares imputados y más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto. El CECIM, la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que forman parte de la querella en la causa, vienen reclamando mayor celeridad de la justicia, una actitud a la altura de lo que la causa demanda: el Estado tiene la responsabilidad internacional de investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad.