Con un acto realizado en el auditorio del Colegio Nacional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relanzó la revista Puentes. En el marco de la presentación, se desarrolló una mesa debate sobre “Justicia y violencias” que contó con la participación del juez federal Carlos Rozanski y la abogada Ileana Arduino. También formaron parte del panel Roberto Cipriano García y Margarita Jarque. Entre el público que asistió al evento, estuvieron Hugo Cañón, Susana Méndez, Ana María Barletta y María Sonderéguer.

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“Puentes fue pionera como espacio de circulación de ideas y debates. Surgió en un tiempo donde no se habían institucionalizado las políticas de memoria y la impunidad por los crímenes de la dictadura era el horizonte de los tribunales nacionales. La pluralidad y la perspectiva global fueron sus marcas. Encuentro de diferentes perspectivas disciplinares, Puentes se abrió a múltiples voces: militantes, académicos, artistas. Nuestro desafío hoy es que se constituya en un espacio donde puedan formularse las nuevas preguntas, entre ellas la relación pasado-presente, las rupturas y continuidades entre dictadura y democracia, el vínculo entre memoria y derechos humanos”, dijo Sandra Raggio, directora de la CPM, al inicio del evento, identificando la línea editorial que caracterizó a la revista desde su creación.

La participación colectiva y multidisciplinaria, la denuncia de la desigualdad y las violencia(s) es un deber permanente. Por ese motivo, luego de cinco años, Puentes reaparece manteniendo los principios que le dieron origen: la diversidad, la pluralidad y el debate. Y un mismo objetivo: aportar a la construcción de un espacio de diálogo, de acción e ideas para problematizar y transformar nuestra realidad histórica.

Como anuncia la editorial de este nuevo número, “el reconocimiento de los cambios que mejoraron el bienestar de muchos sectores de la sociedad, lejos de invisibilizar la agenda de problemas actuales, la hace más imperiosa: demasiadas deudas sociales quedan sin reparar y no puede haber más demora”.

Nuevas Preguntas. Nuevas Respuestas

Antes de comenzar con la exposición de los panelistas, Raggio remarcó que “esta revista acompañó la política de reparación judicial e histórica frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Ahora, y frente a los casos de violencia institucional que conocemos diariamente, tenemos el deber de volver a pensar el rol de la justicia”.

En esa línea, Margarita Jarque se preguntó: “¿Justicia para quién?” y advirtió sobre las falencias de un sistema judicial incapaz de garantizarle, principalmente, a los sectores más pobres un efectivo acceso a la justicia. “Sólo las luchas de los familiares de víctimas logra que las causas por violencia institucional no se archiven”, agregó.

Por su parte, Roberto Cipriano García, recuperando algunos de los ejes temáticos expuestos durante la presentación del Informe Anual 2015, advirtió sobre la práctica sistemática de tortura en los lugares de detención y denunció que se trata de un “instrumento de control social que el aparato punitivo utiliza contra determinados sectores”. Al mismo tiempo, interrogó acerca de por qué la tortura hoy podría reconocerse como delito de lesa humanidad.

Cuando fue el turno de Ileana Arduino, la académica destacó la necesidad de problematizar la violencia de género como otra forma de violencia institucional porque “las instituciones consienten y perpetúan la idea de la violencia contra las mujeres como una expresión excepcional”. En ese marco, Arduino puntualizó sobre el rol de la justicia que criminaliza a las mujeres violentadas por su condición de género, garantizando así la impunidad.

El juez Carlos Rozanski cerró la mesa debate retomando varios de los puntos que se mencionaron los anteriores expositores. Durante su intervención, compartió la preocupación por el sistema judicial y sentenció que “la justicia es la institución más reaccionaria de la sociedad argentina”. A modo de conclusión, Rozanski advirtió: “Si no reconvertimos las instituciones será muy difícil revertir la violencia de género o la violencia institucional y desnaturalizar la tortura”.