La Comisión Provincial por la Memoria advirtió sobre la violencia ejercida por la Patrulla Municipal contra personas en situación de calle, vendedores ambulantes y cuidacoches. Durante los operativos se pudo constatar que golpean y amenazan, se arrogan facultades policiales que no tienen -ni por las leyes provinciales ni por la ordenanza que crea este cuerpo- para detener personas y utilizan armamento cuyo uso no está permitido para esa fuerza. La fuerza municipal actúa fuera de la ley. La CPM, luego de denunciar estos hechos ante la justicia penal, solicitó al Honorable Concejo Deliberante del municipio de General Pueyrredón que investigue y sancione al intendente Guillermo Montenegro.

ANDAR en Mar del Plata

(CPM) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una nota formal ante el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón manifestando su profunda preocupación por medidas impulsadas por el intendente Guillermo Montenegro que afectan a personas en situación de calle, vendedores ambulantes y cuidacoches. La CPM, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, denunció que estas prácticas no sólo vulneran derechos fundamentales sino que además constituyen delitos penados por el Código Penal.

Según el documento presentado por la CPM, la Patrulla Municipal viene realizando detenciones arbitrarias usando armamento sin estar habilitada legalmente para ello. En particular destacó un video difundido en redes sociales por el propio intendente Montenegro donde se observa a agentes municipales reduciendo violentamente a una persona en situación de calle. En la grabación se ve cómo la persona es sujetada por algunos agentes mientras otro le aplica un golpe de puño en el rostro que la deja inconsciente.

Además, la CPM alertó sobre la utilización indebida de armas menos letales por parte de la Patrulla Municipal, un cuerpo que no tiene facultades para portar ni utilizar armamento de ningún tipo. Según información oficial del municipio, estas armas fueron adquiridas mediante licitación privada 51/24 por un monto total de $58.892.900. La compra, realizada el 12 de diciembre de 2024, incluyó: 30 armas cortas lanzadoras calibre y 68 marca Byrna modelo SD con dos cargadores, 5 armas largas lanzadoras con kit de conversión y funda de transporte marca Byrna, modelo Mission 4, 5 armas largas Byrna modelo TCR junto con cartuchos de polímero, polvo y pimienta y garrafas de CO2 y fundas pistoleras.

A pesar de que esta compra fue oficializada, el protocolo de uso recientemente dado a conocer, es insuficiente y abre la puerta a abusos de autoridad, tal como lo evidencia el accionar de la Patrulla Municipal en la vía pública.

Por otro lado, la CPM denunció que estas acciones son parte de una política municipal sistemática de criminalización de la pobreza. En lugar de implementar medidas de asistencia social y generación de empleo, el Ejecutivo local optó por la represión y el hostigamiento de quienes trabajan en la vía pública para subsistir. Según el organismo, se ha impedido trabajar a vendedores ambulantes y cuidacoches, a quienes se persigue y se estigmatiza, desconociendo que se trata de actividades lícitas.

La denuncia también hace referencia a la violación de normativas provinciales y nacionales. En particular, el accionar de la Patrulla Municipal contradice la ley provincial de seguridad pública 12.154, que establece que las tareas de seguridad corresponden exclusivamente al Estado provincial. En el mismo sentido, el decreto municipal 988/20, que regula la creación de la Patrulla Municipal, no le otorga facultades para realizar detenciones ni utilizar armamento de ningún tipo.

Por todo esto, la CPM exigió al Concejo Deliberante que intervenga de manera urgente para frenar la violencia estatal o institucional y que se evalúe la posibilidad de sancionar al intendente Montenegro. La presentación se acompaña con una denuncia penal ya radicada ante la UFI N° 12 de Mar del Plata, en el marco de la causa IPP 08-00-4316-25, donde se investigan los delitos de abuso de autoridad, apología del delito y discriminación.

La Comisión Provincial por la Memoria reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y advirtió sobre las consecuencias institucionales que puede tener la política represiva del municipio. “El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas, no de vulnerarlos. Perseguir y reprimir a quienes están en situación de vulnerabilidad solo agrava los problemas sociales y atenta contra la dignidad humana”, concluyeron desde el organismo.