En el marco de la reforma en salud mental que lleva a cabo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el cierre de otro pabellón donde se alojaron personas con padecimientos mentales crónicos en el Hospital Alejandro Korn, la Comisión Provincial por la Memoria manifiesta su reconocimiento a estas acciones que representan avances significativos en el camino a la sustitución y cierre de los manicomios, en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657).

ANDAR en Melchor Romero

(CPM) Los planes de adecuación presentados e implementados por los hospitales monovalentes, la presentación del Plan Provincial Sexagenal de Salud Mental 2021-2027 y la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental presentada por el Ministerio de Salud de la Nación -entre otros recursos elaborados y decisiones implementadas-, lograron que disminuyera la cantidad de personas internadas en los 4 hospitales monovalentes o manicomios públicos, pasando de 1.785 personas internadas en el año 2019 a 1.081 al finalizar el año 2022.

Desde la creación del Comité contra la tortura (CCT) en el año 2002 –aun antes que Argentina suscribiera el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) de la Organización de Naciones Unidas en el año 2004-, la CPM ha venido monitoreando con autonomía e independencia los lugares de encierro, entre ellos neuropsiquiatricos o manicomios públicos, clínicas psiquiátricas del subsector privado, comunidades terapéuticas y cárceles psiquiátricas. Esta tarea, realizada por equipos interdisciplinarios especializados, ha permitido relevar, hacer públicas y denunciar las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en estos ámbitos.

En los 16 Informes Anuales publicados por este organismo (en: https://www.comisionporlamemoria.org/project/informes-anuales/) se relevaron y denunciaron las graves violaciones de derechos humanos del sistema de encierro. Entre ellas la situación de las personas con padecimiento mental, identificando su alojamiento en condiciones indignas, la falta de los cuidados requeridos, de la perspectiva interdisciplinaria para los tratamientos, denunciándose también la aplicación de prácticas manicomiales históricas de torturas como el aislamiento, la sobremedicación, la sujeción mecánica aplicada como castigo sin ningún tipo de regulación ni control, abusos sexuales, la limitación indebida de la autonomía, la violencia física o verbal, el destrato o desestimación de la palabra de la persona con padecimiento mental, que constituían dimensiones que se reproducían de manera sostenida en el tiempo.

Uno de los pabellones cerrados durante el 2022 por esta gestión en el Hospital Alejandro Korn -y reconvertido en un polo educativo- alojaba, hasta no hace mucho tiempo, a personas con más de 20 ó 30 años de internación que permanecían aisladas durante todo el día, sin ningún tipo de actividad, sin los cuidados que requerían, reptando o arrastrándose por el piso para poder desplazarse, sin poder contener esfínteres, sin pañales, en condiciones materiales indignas, muchas de ellas padeciendo efectos de sobremedicación. Un lugar atroz en el que se las sometía a estas condiciones- que sin dudas se constituyen como torturas- y que mostraba las consecuencias que el manicomio produce en nombre de la salud. Una lógica manicomial producida y sostenida por muchos profesionales que las materializaban o se mostraban indiferentes: médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeros, jueces, asesores de incapaces, funcionarios de los gobiernos y otros organismos responsables del control de estos lugares.

La sanción de la LNSM en el 2010 implicó un avance fundamental respecto al reconocimiento de los derechos de las personas con padecimiento mental, sin embargo durante casi 10 años no existió la decisión política de implementarla. Recién con esta gestión, el gobierno provincial comenzó a cumplirla efectivamente. La ley pone especial énfasis en la perspectiva de derechos, resultando innovadora en tanto recupera la normativa internacional de derechos humanos, a la vez que cuestiona el paradigma de atención que hegemonizó históricamente en la provincia de Buenos Aires.

Es cierto que la sola disminución de la población no es garantía del cumplimiento de la ley de salud mental ya que esto debe estar acompañado por políticas públicas que estén orientadas a la creación y fortalecimiento de dispositivos alternativos al manicomio y asegurar su accesibilidad, no sólo para la atención integral de la salud, sino para actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento que hacen a su desarrollo en la comunidad. Pese a que aun falta para consolidar estos dispositivos, se han logrado avances importantes y notorios.

No obstante, es urgente resolver los problemas críticos que atraviesan los Centros de Salud Comunitaria que forman parte del Servicio de Externación del Hospital Interzonal Especializado Alejandro Korn como el Centro de Salud Mental Comunitario Franco Basaglia o el Centro Pichon Riviere, que son indispensables para sostener las políticas de salud mental que este gobierno promueve, pero que carecen de los profesionales necesarios, se encuentran en condiciones edilicias precarias y ante la incertidumbre respecto a la continuidad de su funcionamiento por no resolverse el contrato de alquiler del lugar. Todavía es una gran deuda pendiente que esta política llegue a los manicomios carcelarios -unidades penitenciarias Ns. 34 y 45-, que siguen siendo lugares donde no se aplica la ley de salud mental y se producen cotidianamente prácticas de torturas y malos tratos. También la ausencia de tratamientos adecuados a esta normativa como ocurre en unidades penitenciarias -unidad penitenciaria N. 18 y otras- que se pretenden de tratamientos de adicciones o consumo problemático de sustancias, incluyendo en esto a centros de niñez o personas en situación de discapacidad dónde la implementación de la ley de salud mental es deficitaria. A esto sumamos las falencias importantes que persisten en el control de las llamadas comunidades terapéuticas, sobre todo pertenecientes al subsector privado, donde se constatan graves violaciones de derechos humanos en un funcionamiento que la mayoría de las veces es clandestino e ilegal.

Es mucho lo que falta por hacer, luego de una larga historia de persistencia de la lógica manicomial, e incluso algunas cuestiones como las señaladas más arriba requieren de abordajes urgentes. Sin embargo, el reconocimiento de parte del Estado de que en estos lugares se vulneran derechos y las políticas implementadas en el presente, son el primer paso y una base fundamental para revertir esas vulneraciones y garantizar que no se repitan.

Frente a las recientes manifestaciones de algunas asociaciones de profesionales de la salud mental que niegan esta historia, la participación de muchos profesionales de la salud en el sostenimiento de la lógica manicomial y las graves violaciones de derechos humanos que se sostenían -e incluso persisten aun como resistencias aisladas pero enquistadas en las prácticas- es indispensable continuar y profundizar las políticas de salud mental implementadas en la actualidad, a fin de garantizar efectivamente los derechos de las personas que atraviesan padecimientos en su salud mental y que pertenecen a los sectores más postergados de nuestra sociedad.

La Comisión Provincial por la Memoria hace propia la consigna: «MANICOMIOS NUNCA MAS».