En la etapa final de este proceso se resuelve la situación penal de 23 imputados, entre los que se encuentran personal ya retirado de las Fuerzas Armadas, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense. Todos ellos están acusados de haber cometidos delitos de lesa humanidad, durante la última dictadura militar en Olavarría. Desde principios de marzo la fiscalía desarrolla su exposición. La próxima audiencia es el jueves 28.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Comunica -FACSO) A principios de mes comenzaron con la exposición del Ministerio Público Fiscal a cargo de la Dra María Ángeles Ramos, quien expuso las razones de su solicitud de condenas desarrollando el modo de organización de las fuerzas de seguridad durante la dictadura para luego pasar a describir la prueba final en torno a los casos de la Fábrica de Bolsas Industriales de Hinojo (FABI), de la fábrica de Ladrillos de Olavarría (LOSA) y de José Alfredo Pareja, desaparecido en Olavarría el 12 de marzo de 1977. En su descripción de cómo estuvo organizado el aparato represivo durante la última dictadura militar en Argentina, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, valoró las pruebas que dan cuenta de la subordinación que tuvieron las fuerzas policiales y el servicio penitenciario frente a las Fuerzas Armadas, e incluso más adelante se expuso lo mismo en relación al rol del Poder Judicial. Fue una extensa y detallada argumentación que incluyó el uso de una presentación de power point, en la que se explicó el diagrama de divisiones y sub divisiones en las que se organizó el territorio de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura, y donde se expuso también la fotografía de expedientes y documentos oficiales secretos que señalaban claramente el control que las Fuerzas Armadas tenían sobre el resto de las fuerzas de seguridad y la intencionalidad de sus actos.

Portela desarrolló cada caso. FOTO: AC- FACSO

Continuó los alegatos el Dr Juan Manuel Portela, también representante del Ministerio Público Fiscal, quien comenzó a exponer los casos de FABI y LOSA. Allí se ocupó de demostrar por qué, pese a haber sido casos remitidos a la justicia provincial y federal respectivamente, corresponde tratarlos como delitos de lesa humanidad. El argumento principal está basado en que el aparato judicial estuvo subordinado también a las decisiones de las Fuerzas Armadas que eran las que decidían la libertad y traslado de los detenidos, según fueran casos de su interés. La importancia que tenían para las Fuerzas Armadas los casos vinculados a la organización gremial de los trabajadores respondía a la búsqueda de instalación de un modelo económico que necesitaba se destruyera el tejido de organización sindical. “Nada más simbólico que elegir a Olavarría, la ciudad del cemento, señores jueces” señaló Portela. De esta manera, la fiscalía expuso las razones que dan cuenta de la injerencia de las Fuerzas Armadas detrás de las detenciones, secuestros y torturas de los trabajadores de FABI y LOSA. Expuso también el entramado de poder entre los directores de las fábricas, como el caso de Branco Zuljevich en la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI) de Hinojo, asociado a su cercanía con la fuerzas militares. Lo mismo hizo respecto del poder judicial de la época, al señalar que “el supuesto marco de legalidad era un ropaje, una parodia”.

Siguió con el caso de José Alfredo Pareja, desaparecido en Olavarría el 12 de marzo de 1977, el primero en la ciudad. Allí se menciona la responsabilidad, entre otros, de los imputados Julio Cesar Tula y de Horacio RubenLeites por haber estado asociados directamente con el secuestro de Pareja y su posterior desaparición. Lo mismo ocurre con el accionar de la Policía bonaerense; en palabras del fiscal, “la policía encubrió los rastros y el ejército realizó el secuestro”. El caso de José Alfredo Pareja es tal vez uno de los más conocidos en Olavarría, dada la incesante búsqueda que realizó su padre Jorge Alfredo Pareja durante años. Esto también fue mencionado por Portela quien, sobre el final de su alegato, dijo que “el paso inexorable del tiempo impidió que hoy muchos no estén acá para ver el fin de la impunidad”.

En las dos audiencias que siguieron, el fiscal Portela narró y acreditó las pruebas referidas a 15 casos en los que detalló los diferentes momentos que atravesaron las víctimas desde su secuestro hasta el día de su liberación. Cada caso desarrollado evidenció, una vez más, cómo las marcas del pasado están presentes y necesitan imperiosamente la llegada de la justicia.

La fiscalía continuará con su exposición el 28 de marzo con las responsabilidades particulares de cada uno de los imputados sobre los hechos narrados. Los alegatos ya están en marcha y, tal vez, el fin de la impunidad también.