Referentes sindicales y de organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, funcionarios públicos y legislativos brindaron esta mañana una conferencia de prensa en la casa de la Comisión Provincial por la Memoria para exigir el desprocesamiento y la libertad de las 16 personas que continúan detenidas tras la represión del 12 de junio. Además de expresar la solidaridad con las y los presos, las organizaciones señalaron que la escalada represiva del gobierno nacional busca generar temor en quienes se manifiestan y afecta seriamente derechos constitucionales.

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(Agencia) “Desde la sanción del protocolo antipiquetes estamos monitoreando el uso de la violencia estatal por parte de las fuerzas de seguridad en donde se reiteran los hechos de represión y criminalización de la protesta social”, señaló el integrante y secretario ejecutivo de la CPM Roberto Cipriano García. Y agregó sobre la represión del 12 de junio que terminó con 35 personas detenidas, de las cuales 16 permanecen en la cárcel de Devoto: “La acusación es muy endeble jurídicamente, la justicia que debe controlar los abusos del poder ejecutivo está convalidando la decisión política de extremar estas situaciones para generar temor en la población que se manifiesta”.

La labor de monitoreo de la CPM fue reconocida por la diputada provincial por el Partido de los Trabajadores Socialistas Laura Cano, quien además forma parte de las postas sanitarias que funcionan en las movilizaciones para atender a las personas heridas por la represión: “Estamos haciendo un trabajo muy arduo en monitorear el despliegue de las fuerzas de seguridad frente a quienes nos manifestamos y esto es así porque, como ya lo dijimos, el ajuste no pasa sin represión”.

El pasado 12 de junio las fuerzas de seguridad federales lanzaron una brutal represión contra la multitud que se concentró en las inmediaciones del Congreso para protestar contra la Ley Bases que se estaba discutiendo en la Cámara de Senadores. Luego de desalojar la plaza, incluso varias horas después y lejos de los hechos, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad realizaron una serie de detenciones arbitrarias y violentas. El operativo finalizó con más de 200 personas heridas por los gases químicos y postas de goma, y 35 detenciones.

Una semana después, 16 personas continúan detenidas en una unidad del Servicio Penitenciario Federal acusadas por el fiscal Carlos Stornelli como autoras de delitos contra el orden público, y pretendiendo aplicar la agravante genérica del artículo 41 del Código Penal bajo la figura de actos terroristas.

“Esto representa un salto de calidad represiva, que se los procese y traslade a penales federales es una pauta de la escalada represiva”, señaló Lucía García Itzigsohn de HIJOS. En esa línea la secretaria de derechos humanos de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Lorena Giorgetti agregó: “Stornelli los imputó sin pruebas, esto atenta contra el proceso judicial y el principio de inocencia. Y nosotros no vamos a permitir que nos disciplinen, protestar es un derecho, no un delito”.

Las personas que continúan detenidas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal se encuentran asistidas en todo momento por la Procuración Penitenciaria de Nación, el área de violencia institucional de la Defensoría Pública y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Además de la desmesura en los delitos que se le imputan sin prueba, las personas atraviesan estos días en condiciones de detención gravosas y sufriendo el hostigamiento de agentes penitenciarios.

“Están siendo rehenes, intentan que sean la muestra para que no salgamos a luchar, intentan conculcar todos los derechos que nos costó mucha sangre conseguir”, resumió Carlos Zaidman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

“Las personas detenidas estaban manifestándose contra un proyecto de ley que, junto al DNU 70/2023 y el paquete fiscal, constituye el andamiaje jurídico para el saqueo, la entrega de áreas estrategias para el estado y el ajuste de los sectores populares. La represión es fruto de la debilidad del gobierno, que necesita mostrar toda su crueldad para frenar la creciente movilización popular de nuestro pueblo”, sostuvo el secretario gremial de ATE Nacional Oscar de Isasi.