El viernes 5 de mayo se llevará a cabo, desde las 17 en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, una jornada de visibilización y concientización en torno a los principales puntos regresivos que en materia de migración establece el decreto de necesidad y urgencia 70/2017. En diálogo con ANDAR, Diana Asmat, la referente de la Red de inmigrantes, señala que con esa norma ya comenzaron a producirse consecuencias indirectas: mayores grados de xenofobia y discriminación en los sistemas públicos de salud y educación, y amenazas veladas en las relaciones laborales.

ANDAR en La Plata

(Agencia) “Hasta ahora, los contenidos del DNU no se aplican porque, desde lo formal, lo suspende un amparo presentado hace ya varios meses, aunque las consecuencias indirectas ya se están produciendo y esto tiene que ver con los fundamentos estigmatizantes y arbitrarios que contiene el decreto. Se asocia al migrante con el delito y eso habilita las prácticas sociales xenófobas y discriminatorias. Por eso es que desde la Red de Inmigrantes estamos convocando a esta jornada de concientización y visibilización en torno a esta problemática”, explicó a ANDAR Diana Asmat.

La charla debate, organizada por la Red y la CPM, es auspiciada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y los consulados de Perú, Bolivia y Paraguay en La Plata. Entre los expositores, estarán el director del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, la investigadora Agostina Hernández Bologna, de la Universidad de Lanús (UNLa), el representante de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guillermo Mazars, y el director del programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares.

Será en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense –en calle 53 entre 8 y 9- desde las 17, y se plantea como continuación de una serie de actividades que se realizan en La Plata desde la conformación de la Red de Inmigrantes en noviembre del año pasado, en el marco de una avanzada de los discursos mediáticos y políticos que criminalizan y estigmatizan a los ciudadanos residentes en Argentina que provienen de países de la región.

En este sentido, Diana Asmat recordó que la primera charla debate se realizó en diciembre pasado, en la Facultad de Trabajo Social, con el propósito de promocionar y difundir los derechos de los migrantes consagrados en la Ley de Migraciones. Sin embargo, al poco tiempo se publicó el polémico DNU que restringe derechos establecidos en la ley a partir de la asociación entre migrante y delito.

“Es falso lo que plantea el DNU en cuanto a que está destinado a los delitos de trata de personas y narcotráfico, porque eso ya estaba previsto en la Ley de Migraciones. Ahora todos los delitos, incluso los culposos, quedan incluidos dentro de los criterios de expulsión del país que prevé el decreto. Por otra parte, reduce exponencialmente los plazos para la defensa: de 30 días se baja a 3, y además se elimina una instancia judicial de revisión ante una condena de expulsión”, explica Asmat.

Según la referente de la Red, “con sólo 3 días para resolver la expulsión, lo más probable es que el juez admita lo que la administración publica diga en cada caso. Incluso la retención de la persona deja de ser excepcional para convertirse en regla.  Estos son algunos de los puntos más preocupantes del decreto porque cancela las garantías de defensa, revoca derechos adquiridos por la Ley de Migraciones, que es considerada como una de las más avanzadas del mundo, y atenta contra la integridad familiar ya que permite la expulsión de personas sin considerar la situación de sus hijos”.

“Otro punto que nos preocupa es la notificación ficta. Hay muchos inmigrantes de esta región que viven en el gran La Plata donde no hay una numeración de las casas, por lo que algunos dan el domicilio del actual empleador. Si Migraciones no encuentra al lugar de residencia, se considera a la persona igualmente notificada y transcurre el plazo legal del proceso. Asimismo, denunciamos la implementación de la figura del colaborador eficaz, que es aquél que presta auxilio a la justicia por delitos migratorios y es compensado por Migraciones con la radicación definitiva”, destaca Asmat.