La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó a las autoridades provinciales, legisladores nacionales y organismos de derechos humanos un informe acerca de los hechos de represión ocurridos el pasado miércoles 10 de abril durante la concentración de organizaciones sociales frente al Ministerio de Capital Humano, en Ciudad de Buenos Aires. La violencia represiva fue desplegada por los distintos cuerpos de la Policía de la Ciudad utilizando una combinación de ataques indiscriminados con disparos con postas de goma, camiones hidrantes, lanzamiento de gases químicos y golpes con tonfas contra las y los manifestantes, incluso cuando estaban de forma pacífica o retirándose. Como contrapartida, no se registró que las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina) presentes en el lugar fueran parte de la represión. Estos hechos culminaron con 10 detenciones y al menos 36 personas heridas, entre ellas periodistas y personal sanitario que se encontraba en las postas de salud de las organizaciones.

En su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria, en coordinación con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Local de CABA-Defensoría del Pueblo, implementó un dispositivo de monitoreo de las fuerzas de seguridad durante la concentración de organizaciones sociales que reclamaban alimentos para los comedores frente al Ministerio de Capital Humano.

Tras las actividades de monitoreo, la CPM elaboró un nuevo y detallado informe sobre las acciones de represión que fueron registradas las cuales constatan una vez más el despliegue violento, arbitrario e indiscriminado de las fuerzas estatales frente a la protesta.

Entre los hechos más graves que se denuncian el informe señala la portación de armas de fuego no permitidas, el uso indiscriminado de postas de goma y gases químicos, la utilización de camiones hidrantes para arrojar agua a presión y golpes con bastones y tonfas de parte de los distintos cuerpos de la Policía de la Ciudad. Entre ellos se registró el accionar temerario del grupo de Policía Motorizada subiendo a las veredas, lanzando sus vehículos contra las personas y disparando a corta distancia. Como contrapartida, no se relevaron acciones represivas de parte de las restantes fuerzas que desplegaron efectivos, la Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina. Se trató de un despliegue de las fuerzas sin coordinación ni comando unificado que ordenara su intervención.

Como consecuencias de estas acciones, el informe establece que al menos 36 personas fueron heridas, incluyendo periodistas, transeúntes que no participaban de la manifestación, vendedores ambulantes y personal médico de las postas sanitarias. Entre los heridos por postas de goma, pudo observarse a personas alcanzadas en rostro, cabeza y torso superior, situación que contraviene los estándares internacionales reconocidos para el uso de armas menos letales. Los periodistas Diego Ricchiardi de Crónica TV y Antu Divito Trejo de la Retaguardia tenían heridas de postas de goma en el rostro.

Del total de personas heridas, al menos seis debieron ser atendidas en centros de salud por las lesiones. Entre ellas, el delegado del Polo Obrero Edwin Fredi Ocabcha Condori, que debió ser atendido en el Hospital Ramos Mejía por las heridas producidas durante su detención.

Sin embargo, se estima que el número de heridos puede ser mayor ya que, por la forma y velocidad con que se desarrollaron los hechos, las y los manifestantes fueron dispersados y perseguidos por la policía por varias cuadras, y muchos de los grupos no pidieron reagruparse para constatar el estado de las personas. Al cierre de este informe, las organizaciones aún no habían completado un reporte sobre la cantidad de personas heridas.

Además de la gran cantidad de personas heridas, la Policía de la Ciudad detuvo a diez personas que fueron imputadas todas por el delito de “resistencia a la autoridad”, figura penal comúnmente utilizada por las fuerzas de seguridad para justificar detenciones ilegales o el uso desproporcionado de la fuerza. Entre los detenidos se encontraba un trabajador de prensa, que estaba debidamente identificado con chaleco de prensa-SIPREBA, y que según su propio testimonio fue aprehendido cuando intentaba levantar del suelo casquillos de las postas de goma utilizadas.

El informe también documenta la presencia de personal de la Policía de la Ciudad con sus armas de fuego reglamentarias con sus respectivos cargadores y estando en contacto con manifestantes, contrariando la normativa vigente y las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

Por último, el informe de la CPM advierte sobre la continuidad de tareas de inteligencia potencialmente ilegales, incluida la videofilmación o fotografías de manifestantes realizadas por personal policial de civil y/o de otra agencia estatal sin identificar. Este hecho debe ser investigado y la utilización y destino de estos registros deben contar con el debido control judicial.

Este nuevo informe, el tercero que se presenta desde la aplicación del protocolo antipiquete, evidencia una vez más la escalada del accionar represivo estatal sobre las manifestaciones públicas. La CPM alerta una vez más sobre la gravedad de estos hechos que buscan limitar las manifestaciones públicas y afectan derechos consagrados constitucionalmente como la libertad de expresión, la petición a las autoridades y el derecho a la protesta social, derechos fundamentales del sistema republicano de gobierno, pilar de nuestra democracia.

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