A través de un video y un comunicado en las redes sociales, la asociación de amigos y familiares de Luciano Arruga solicita al jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires que desestime el pedido de nulidad de la fiscal Roxana Castelli, integrante de la Unidad Fiscal 7 de La Matanza, sobre su causa. La funcionaria está acusada por la familia del joven desde el año 2012 de ser responsable de las irregularidades en la investigación por la desaparición de Luciano. La audiencia, de carácter resolutivo, será el próximo jueves 13 de agosto a las 11 hs en el Senado provincial.

ANDAR en la justicia

(Agencia) El 27 de marzo de 2015 la defensa de la fiscal bonaerense Roxana Castelli solicitó que se dejara sin efecto la investigación que pesa sobre ella argumentando que las tareas de la funcionaria cesaron el 12 de marzo de 2009, fecha en la que fue desplazada por haber cometido estas serias irregularidades. En virtud del tiempo transcurrido, los abogados de la fiscal solicitaron la prescripción de la causa pero, aproximadamente dos años antes, el 14 de diciembre de 2012 la familia, acompañada por el CELS, presentó la denuncia formal ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios contra la fiscal Roxana Castelli por el mal desempeño de sus funciones.

Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, conversó con ANDAR sobre la posible nulidad en la causa que investiga a la fiscal y el paso del tiempo. “Hay muchas cuestiones burocráticas frente a un pedido de enjuiciamiento a una fiscal, un juez o funcionario que hicieron que el tiempo pasara, no fue por responsabilidad de la familia sino de quienes intervienen en estos procesos. Nosotros consideramos que se debe visibilizar que esta familia presentó a tiempo el pedido de enjuiciamiento (diciembre de 2012) que respondía a todo lo solicitado y que a esta altura merecemos una respuesta y que esta investigación debe seguir”.

En la actualidad el jurado de enjuiciamiento está conformado por el Dr. Juan Carlos Hitters (actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires), el Dr.Carlos Alberto Alvarez (abogado), la Dra. Diana Graciela Fiorini (abogada), Guillermo Alejandro Britos (legislador FR), María Elena Torresi (legisladora FR), Rubén Gustavo Oliva (legislador FpV), Luciano Martini (legislador FpV) y Guido Martin Lorenzino Matta (legislador FpV); serán ellos quienes dictaminen la continuidad o no de la investigación a Castelli.

“No estamos hablando de que se sancionen a estos funcionarios, estamos hablando de que al menos se siente este jurado, se estudien estos hechos denunciados y luego que establezcan cual es la sanción. Lo importante es que se hagan cargo de la respuesta que nos van a dar como familiares.  Estamos hablando de una causa de violación a los derechos humanos y en una desaparición forzada son varios los actores que intervienen”, explicó Vanesa.

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En las causas como la de Luciano Arruga, donde se presume la desaparición de la persona por acción de las fuerzas de seguridad, es determinante la celeridad, la rápida reacción para activar todos los mecanismos del Estado para la búsqueda y la preservación de todas las pruebas.  Esas pruebas, con el paso del tiempo, la intervención de la mano del hombre, los cambios del clima suelen desvanecerse si las investigaciones no son bien encauzadas.  En este caso, la fiscal Roxana Castelli está acusada por la familia de Luciano por:

1) Haber violado la resolución 1390 de la Procuración General, en función de la delegación de la investigación en la Policía Bonaerense, cuyos integrantes eran señalados desde el primer momento de la investigación como sospechosos de la probable comisión de un hecho delictivo.

2) Haber omitido la producción de prueba relevante.

3) Haber ignorado las denuncias de hostigamiento policial sobre Luciano Arruga.

4) Haber omitido la correcta identificación de testigos en el lugar donde vivía Luciano Arruga.

5) Haber realizado sin la debida diligencia diversos estudios periciales sobre las dependencias policiales y/o los móviles;

6) Haber omitido la investigación de innumerables irregularidades policiales. Haber omitido investigar las torturas sufridas por Luciano en septiembre de 2008 y por otros testigos, a pesar de haber tomado conocimiento de ellas.

7) Haber omitido la realización de medidas de prueba conducentes para determinar lo ocurrido

“Definir la fecha de investigación y enjuiciamiento de los funcionarios provinciales que participaron en el proceso de investigación por la desaparición de Luciano durante 4 años, ocasionando daños irreparables y violando los derechos de quienes en vida buscamos saber la verdad. Me parece que es hora que desde arriba hacia abajo se establezca cual es la forma de investigar un caso de desaparición forzada y que evitemos que vuelva a suceder. Nosotros no consideramos que lo que pasó en la investigación de Luciano haya sido un error. Creemos que forma parte de una lógica vinculada a la desaparición de una persona en democracia: hacer pasar el tiempo.”, concluye Vanesa.