Sin agotar las medidas investigativas y basado en la versión policial el fiscal de Mar del Plata, Alejandro Peregrinelli, determinó que la muerte de Nahuel Olmos en la subcomisaría Casino había sido un suicidio y cerró la investigación. A un año de los hechos, la familia sigue pidiendo justicia y la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, solicitó que la causa se desarchive, se designe una nueva fiscalía y se evalúe el accionar del Ministerio Público.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) Cuando lo detuvieron a Nahuel lo habían denunciado por disturbios. Los mismos policías de la subcomisaría Casino de Mar del Plata identificaron que estaba borracho y lo trasladaron a la dependencia para labrarle una contravención. Allí lo encerraron y, según el relato policial, cuando volvieron a buscarlo parecía dormido contra la reja y no volvió a reaccionar. Tras hacerle maniobras de RCP llamaron al SAME que llegó y debió aplicar electroshock para que recupere el pulso. De ahí lo trasladaron al HIGA, pero Nahuel murió.

El fiscal a cargo de investigar esta muerte desestimó rápidamente la causa considerando que había sido un suicidio basándose en el consumo problemático de Nahuel. Por tratarse de una muerte en contexto de encierro la Comisión Provincial por la Memoria analizó el expediente en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y concluyó que “la resolución es arbitraria y que la presente investigación no supera el estándar de exhaustividad exigido para los casos que representen potenciales violaciones a los derechos humanos y casos de violencia institucional”, por lo que solicitó su desarchivo a la Fiscalía general de Mar del Plata a cargo de Fabián Fernández Garello.

En su escrito desde la CPM señalaron que “la forma de proceder de los oficiales y avalada por el agente fiscal es contraria a la normativa vigente que establece los criterios para la actuación coordinada entre personal policial y de salud ante urgencias por motivos de salud mental (…) los antecedentes de consumo conocidos por los propios agentes policiales deben ser analizados como un indicio que debió elevar el deber de cuidado respecto de una persona que se encontraba en evidente situación de vulnerabilidad.”

Además el organismo observó inconsistencias en los libros secuestrados de la dependencia policial. Estos datos, como falencias y registros ilegibles y tardíos, fueron omitidos en la resolución del fiscal, y desde la CPM consideran que son anomalías que abren otra posible línea investigativa como es el delito de encubrimiento y falsificación de documento público, aunque “no motivó indagación alguna por parte del Fiscal que ni siquiera citó a declarar a los oficiales involucrados”.

Es por esto que pidieron el desarchivo de la causa, que se designe una nueva fiscalía para el trámite priorizando alguna especializada en violencia institucional y se revise el desempeño del fiscal Peregrinelli, ya conocido por su actuación favorable a agentes policiales involucrados en casos de violencia institucional como el de Brandon Romero.

Foto de portada: Qué digital.