La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) manifestó públicamente su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran unas 750 familias en la localidad de Abasto en La Plata, y acompaña los reclamos por el reconocimiento del derecho a una vivienda digna de los vecinos agrupados en la Asamblea de Legítimos Poseedores de la Tierra de Abasto, en La Plata.

ANDAR en Abasto

(CPM) Desde que se tomó conocimiento del desalojo previsto para hoy miércoles 6 de mayo, la CPM intervino en la causa realizando una serie de acciones con el objetivo de proteger los derechos de las personas involucradas. Se hicieron presentaciones y pedidos al Juzgado de Garantías Nº 3 de La Plata, la UFI Nº 2 y la Asesoría de Menores e Incapaces.
Además, en un escrito presentado al Departamento de Derechos Humanos, Política Penitenciaria y Denuncias de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, la CPM señala que “en el caso del derecho a la vivienda, el principio de no regresividad refuerza la obligación de los Estados de evitar desalojos forzosos sin la provisión de una vivienda adecuada para aquellos sectores de la población que carecen de medios suficientes para procurársela por su cuenta.”

El curso que ha tomado el conflicto ha puesto por encima de los derechos fundamentales los negociados y la especulación financiera de aquellos que buscan la oportunidad de lucrar con la necesidad de una vivienda digna. Pero lo que resulta aun más grave es que la Justicia convalide este tipo de especulaciones avalando desalojo de las familias allí alojadas sin importar su destino último.

Resulta imposible desconocer además que no se trata de un episodio aislado sino que se suma a la serie de acontecimiento que a lo largo de toda la Provincia, tanto en los grandes centros urbanos como en las comunidades más pequeñas: emergen dando cuenta de un conflicto que une al problema del déficit habitacional con las especulaciones económicas de aquellos sectores más poderosos que pretenden lucrar con los derechos y necesidades de las personas.
En la presentación realizada por la CPM preocupa especialmente que, frente a la inminencia del desalojo, la Unidad Fiscal interviniente no haya “dado intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces, incumpliendo con lo dispuesto en la Resolución Nº 482/10 que así lo prevé, como tampoco se han relevado consideraciones sustanciales en torno a la necesaria salvaguarda de los derechos humanos.”

Esta mañana, mientras el predio en el que están las familias se encontraba rodeado por efectivos de la Policía de la Provincia listos para realizar el desalojo, se conoció la presentación de una medida pre-cautelar del juez Dr. Luis Federico Arias, que logró frenar la medida.
Resaltamos y apoyamos lo resuelto por el Juez que, a petición de uno de los damnificados y ante la inminencia del desalojo, dispuso una medida precautelar que ordena al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que “por intermedio de los organismos competentes y de manera inmediata a la notificación, se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo dispuesta por el Juzgado de Garantías N°3 de este Departamento Judicial.”

No obstante, la CPM solicita a la Procuración General una inmediata y adecuada intervención a fin de garantizar los derechos humanos que ya están siendo vulnerados según el estado actual, y prever acciones que impidan el deterioro de la situación y propicien una resolución del conflicto ajustándose a las normas del derecho. Del mismo modo, la CPM se solidariza con todos los vecinos y acompaña el conjunto de acciones desplegadas por la Asamblea de Legítimos Poseedores de la Tierra de Abasto, reclamando la suspensión de todas las medidas de desalojo denunciando las acciones mafiosas producto de la especulación inmobiliaria y bregando por el reconocimiento a una vivienda digna.