El 2 de marzo de 2017, siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la comisaría 1ª de Pergamino; los policías que estaban de servicio no sofocaron el fuego ni auxiliaron a las víctimas. El año pasado, el Tribunal Oral Criminal 1 de esa ciudad condenó con penas de entre 6 y 15 años al ex comisario y cinco ex policías; cuatro de ellos siguen con prisión domiciliaria. A tres años de la masacre, y a pocos meses de la sentencia, las familias piden que se revoquen las domiciliarias y realizan una nueva marcha que terminará en las puertas de la ex dependencia policial, hoy sitio de memoria.

Andar en Pergamino

(Agencia Andar) “Hoy se junta el dolor, la bronca y la impotencia. Pasaron tres años y un juicio, pero tener condenas tan altas para que sigan con arresto domiciliario nos deja un sabor amargo a injusticia. Hoy, como al principio, volvemos a descreer de la justicia, la justicia que nos falta y que nunca tuvo mi hijo”, dice Silvia Rosito, la madre de Fernando Latorre.

Hace tres años, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Alan Córdoba, John Claros, Franco Pizarro, Juan José Cabrera y Federico Perrota murieron asfixiados y quemados, encerrados en el calabozo 1 de la comisaría 1ª de Pergamino. El incendio se había iniciado como una protesta por un engome arbitrario, en un día de mucho calor y como represalia por una pelea entre dos internos que había finalizado sin problemas.

Los policías que estaban de servicio no hicieron nada por apagar el primer foco ígneo y dejaron que el fuego se propagará, desoyeron los gritos de auxilio y finalmente se retiraron del sector de imaginarias dejando las puertas que comunicaban la zona de calabozos con el patio cerradas con candados. La actitud criminal no terminó ahí: cuando llegaron los bomberos, obstaculizaron las tareas de rescate.

En diciembre pasado, luego de casi tres meses de juicio, el Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino condenó al ex comisario y cinco ex policías por el delito de abandono de personas agravado por el resultado de la muerte y dictó penas de entre 6 y 15 años; sin embargo, Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Giulietti, Carolina Guevara continúan con prisión domiciliaria. Sólo el entonces comisario Alberto Donza –que estuvo casi un año prófugo— y Alexis Eva están en prisión, tal como habían llegado al juicio.

“La autoría en los hechos está probada, los imputados tenían la posición de garantes de las personas privadas de la libertad y, por lo tanto, tenían el especial deber de protección para salvaguardar su integridad. Un deber que resulta de un mandato legal y que no cumplieron”, sostuvieron los jueces del tribunal.

La condena empezó a gestarse mucho antes de llegar al juicio; desde el primer momento, las familias de los siete jóvenes salieron a la calle a denunciar la masacre, a desmontar la versión policial del motín. A las pocas horas, mientras todavía estaban velando a los jóvenes, vecinos y vecinas realizaron la primera marcha, después se fueron sumando cada vez más. La infatigable marcha de familiares logró que hoy, a tres años, nadie en la sociedad pueda desconocer la responsabilidad policial en la masacre.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocinó a cinco de las siete familias; durante el juicio, y a partir de las pruebas expuestas durante el debate, pidió que los policías sean condenados por homicidio con las penas más altas y también pidió que, por la gravedad del delito, el cumplimiento de la pena sea de prisión efectiva.

A tres años de la masacre, familiares, amigos y amigas de los siete jóvenes vuelven a marchar por las calles de Pergamino, en esta oportunidad con el lema “La injusticia de la justicia”. “Después de tanto tiempo, seguimos marchando por justicia”, agrega Silvia Rosito.