A 10 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa, su familia y las organizaciones de mujeres luchan por mantener vigente el reclamo de justicia. El autor material de crimen fue condenado, pero la causa por encubrimiento y otras líneas de investigación que surgieron en el juicio fueron abandonadas.

ANDAR en La Plata

(Agencia) “Es muy fuerte todo lo que llevo dentro de mí, de mi alma de mi corazón al recordar que a mi hija. Nadie tuvo derecho de arrancarle la vida de esta forma. Voy a seguir luchando, aunque la gente diga ‘Nelly no sabes con quién peleas’. A Sandra la citaron en este lugar que es una dependencia del estado, y voy a luchar y voy a morir aquí gritando por justicia. Nadie va a hacer que me vaya a llorar a mi casa, voy a llorar aquí donde mataron a mi hija” fue lo que pudo decir  Nelly Gamboa, con la voz quebrada, frente a las organizaciones y asistentes a la marcha por justicia que se realizó ayer a 10 años del crimen.

El reclamo hoy es que la causa se reabra, se investigue a fondo el encubrimiento policial y otras pistas y se desplace al fiscal Fernando Cartasegna. El expediente, archivado el 15 de mayo de 2015, no profundizó en investigaciones a los posibles encubridores. “La causa por el encubrimiento del asesinato contra los policías de la comisaría 1ª ante quienes se radicó la denuncia en primer lugar y no quisieron recibirla, entre otras cosas; eso surgió en el juicio, y sabemos el rol que juega la policía en estos casos”, dice Luz Santos Morón, abogada CEPRODH.

Sandra Ayala Gamboa tenía 21 años cuando viajó de Perú a La Plata para estudiar. El 16 de febrero de 2007 asistió a una entrevista de trabajo y no se supo más de ella. Fue violada y asesinada en un edificio del ministerio de Economía (ex Rentas) de 7 entre 45 y 46. El 22 de febrero encontraron el cuerpo: tenía cuatro rastros distintos de ADN, colillas de cigarrillos y pelos que Sandra había arrancado para defenderse.

Nelly, su mamá, llegó a Argentina a buscarla y se quedó buscando justicia. El único autor del crimen que terminó preso fue Diego Cadícamo, a quien se le anexaron ocho casos más por violaciones. “Haber logrado la condena de Diego Cadícamo es un logro de la lucha de las mujeres, de haber salido a las calles, de la acompañar la lucha de Nelly. Pero sigue siendo gusto a poco porque aún falta identificar los contribuyentes de los otros 4 ADN que no se sabe de quién son. No se investigó hasta el final”, explica Santos Morón. El pedido de reapertura y corrimiento de Cartasegna aún no fue respondido por el  fiscal general Héctor Vogliolo.