El Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata elevó a juicio parte de la causa por la masacre de Monte y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías para que se sortee tribunal del debate oral y público. En esta instancia, llegarán a juicio nueve policías —cuatro de ellos acusados por homicidio— y un funcionario municipal; son los imputados que no se opusieron a la requisitoria de elevación a juicio solicitada por la fiscalía. La causa tiene otros 13 funcionarios policiales imputados. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a las familias de Danilo Sansone y Camila López, reclama que se avance con celeridad en esas actuaciones.

ANDAR en Monte

(Agencia Andar) En la madrugada del 20 de mayo de 2019, Danilo Sansone de 13 años, Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14), Rocío Quagliarello (13) paseaban por la ciudad de San Miguel del Monte en el Fiat Spazio conducido por Aníbal Suárez (22). En algún momento del recorrido, dos policías a bordo un patrullero de la Policía Bonaerense de la estación comunal comenzó a perseguirlos y disparar contra el auto. Desde otro patrullero, que pretendió bloquear el paso del auto, también efectuaron varios disparos. Una de esas balas hirió a Gonzalo.

Después de varias cuadras de persecución, en la colectora de la ruta nacional 3, a la altura del barrio San Bernardo, el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado. Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar. Sólo Rocío sobrevivió después de estar casi un mes internada con múltiples lesiones de gravedad. Inmediatamente después del hecho, la policía desplegó un extenso operativo en la escena del crimen para borrar pruebas y se falsificar las actas de procedimiento.

En febrero de este año, a casi 20 meses de la masacre, el titular de la UFI N° 1 de Cañuelas Lisandro Damonte requirió la elevación a juicio de la causa 2118, que investiga la persecución, muerte y encubrimiento. El expediente tiene 23 imputados: 22 policías y el entonces secretario de seguridad del Municipio.

Este viernes, ante la falta de oposición a la requisitoria por parte de las defensas de 10 de los imputados, el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, elevó a juicio a la causa y remitió las actuaciones a la Oficina de sorteo de la Cámara de Apelación y Garantías para que se sortee Tribunal del juicio.

Se trata del Capitán de la Policía Rubén Alberto García y los oficiales  Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez, los cuatro acusados de ser coautores de los delitos de homicidio agravado y violación de los deberes del funcionario público. En su resolución, el juez Pelossi remarcó que los imputados pueden optar por enfrentar un juicio por jurado.

Los otros seis imputados que llegan a juicio en esta instancia son los policías Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco y José Durán imputados como coautores de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; el entonces funcionario municipal Claudio Martínez acusado de encubrimiento agravado; y el policía Raúl Mauregui imputado por violación de los deberes del funcionario público.

Todavía resta que el juez de garantías Silva Pelossi resuelva la situación de los restante 13 imputados, cuyas defensa se opusieron a la elevación a juicio.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a las familias de Danilo Sansone y Camila López, viene reclamando que, a pesar de los distintos delitos que se juzgan, los hechos se ventilen en un único juicio. “Llegado el momento deberemos analizar con los familiares la necesidad de que se unifiquen los debates ya que algunos imputados, tal como lo adelanta el Juez de Garantías podrían ser juzgados en distintos procedimientos. Ya sea juicio por jurados, ante un Tribunal Colegiado  incluso en la competencia correccional debido a las penas en respectiva de los delitos que se les reprochan”, señalaron desde el programa de Litigio estratégico de la CPM.

“La celeridad y la profundidad de la investigación cumplió con las obligaciones que el Estado tiene, en definitiva, ante hechos  de grave violación a los derechos humanos y eso permite además garantizarle a los familiares el acceso real a la justicia.  Sabemos que en muchos otros casos las investigaciones no se profundizan o se dilatan en el tiempo”, destacaron desde el programa.