Frente a los obstáculos y dilaciones que plantean varios fiscales y hasta el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, respecto a las medidas sugeridas por Casación para descomprimir el hacinamiento en las cárceles bonaerenses en el marco de la pandemia, las 19 defensorías generales presentaron una carta al gobernador Axel Kicillof solicitando la urgente conmutación de penas para personas condenadas próximas al cumplimiento de la pena o al acceso de la libertad condicional.

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(Agencia) Con la urgencia por la detección del primer caso de un infectado entre la población encarcelada y tras varias semanas de planteos cruzados para la implementación de las resoluciones del Tribunal de Casación Penal bonaerense, este miércoles 22 el conjunto de las defensorías generales de la Provincia presentó una carta al Gobernador en la que exigen la conmutación de penas por motivos humanitarios, el riesgo al contagio masivo del nuevo Coronavirus en lugares de encierro y el estrecho margen temporal que aún queda para evitar el colapso del sistema.

Cabe recordar que en los últimos días se detectaron cinco casos positivos de agentes penitenciarios que contrajeron el virus y el de un detenido de 49 años, alojado en la unidad penal 42 de Florencio Varela, que tras la detección fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón, de Avellaneda.

“El tiempo se agota”, señalan los defensores generales en la misiva, “para disponer de medidas alternativas a la privación de la libertad en forma racional y ordenada”.

“Se vaticina que el contagio de una importante proporción de la población, demorada gracias a los esfuerzos de toda la sociedad, llegará indefectiblemente y sería de un optimismo ingenuo y muy peligroso pensar que ello no ocurrirá también dentro de las cárceles. Cuando suceda, el hacinamiento aumentará los índices de contagio -esperables en el medio libre- en el interior de las prisiones”, describen.

El pedido de conmutación de penas está destinado a las personas privadas de libertad que tengan sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso y para aquellas que, también con sentencia firme, cumplan penas que no excedan los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.

Entre los fundamentos, destacan la preexistente -respecto a la pandemia- situación de hacinamiento en las prisiones y comisarías de la provincia que ha alcanzado la dimensión de una verdadera crisis humanitaria, la cual se agrava ante la posibilidad de la rápida propagación del Covid-19 no sólo entre los detenidos, sino también a sus familiares y personal penitenciario.

En este sentido, argumentan que, además de las medidas ya tomadas en favor de las personas privadas de la libertad que integren grupos de riesgo, como las resoluciones de Casación bonaerense, es necesaria “una urgente reducción de la población carcelaria a fin de garantizar la salud y vida de las personas que deban continuar privadas de libertad, de los trabajadores penitenciarios, sus familias y de la comunidad toda”.

Además, afirman que cuando ocurra el nivel máximo de contagios en el país, “el hacinamiento en cárceles aumentará los índices de contagio esperables en el medio libre. Ello contribuirá al colapso de los sistema de salud, pondrá en grave riesgo al personal de traslado y custodia, a sus familias y a la comunidad. El Estado en su rol de garante se verá impedido de ofrecer mayores medidas de prevención a los encarcelados (la medida más básica, el distanciamiento entre las personas, es imposible en cárceles y comisarías hacinadas) y las reacciones violentas frente a la desesperación son indeseables pero esperables”.

“No solo se agota el tiempo y la desesperación puede empezar a cundir entre las personas privadas de la libertad. Los recursos psíquicos de todos los operadores que tienen relación directa con la cuestión (tanto en el ámbito del Servicio Penitenciario, como en el Poder Judicial) están al límite por la tensión y estrés que la cuestión viene generando: los juzgados de ejecución están colapsados, los defensores públicos recibimos cientos de pedidos diarios de PPL y organizaciones de DDHH, los operadores del Servicio Penitenciario y de salud penitenciaria no dan a basto a responder los requerimientos que se generan”, enfatizan.