El sábado pasado, murió por coronavirus Torobia Balbuena de 84 años, vecina de la villa 31 y madre de la paciente cero. Los casos positivos de COVID-19 en el barrio ascienden a 19 y el riesgo de contagio se potencia aún más por la falta de agua. La Garganta Poderosa denunció ante la CIDH la grave situación sanitaria que, en el marco de la pandemia y tras nueves días sin servicio de agua, están sufriendo los vecinos y vecinas de la villa. La Comisión Provincial por la Memoria acompañará el reclamo ante el organismo internacional; Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, además, firmaron una carta pública para denunciar la “gravedad de la violación a los derechos humanos más esenciales”.

ANDAR en Retiro

(Agencia) La Garganta Poderosa presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la grave crisis sanitaria que sufren vecinos y vecinas de la villa 31, barrio Carlos Mugica, en el marco de la pandemia por coronavirus: con 107 casos positivos y la primera muerte por COVID-19, el barrio está sin suministro de agua desde hace nueves días. La demanda ante el organismo internacional se conoció con la difusión de una carta pública firmada por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas.

“Apelamos a la responsabilidad de los funcionarios públicos, al compromiso de los medios de comunicación y a la conciencia de toda nuestra sociedad, para dimensionar y visibilizar la gravedad de la violación a los Derechos Humanos más esenciales en la Villa 31 de Retiro, donde ningún problema entre su titular y la empresa prestataria pueden justificar estos 9 días sin agua para más de 50 mil personas”, señalan en el documento común.

Días atrás, vecinos y vecinas del barrio Carlos Mugica habían presentado un amparo colectivo por la falta de suministro de agua; sin embargo, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se declaró “incompetente” para garantizar el servicio de agua y aseguró que era responsabilidad de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). Luego, desde la empresa respondieron que la red interna de provisión de agua es operada por el gobierno de CABA.

“No se puede vivir en estas condiciones. Hay una pandemia que nos está consumiendo todos los días, nuevos casos. Y nosotros seguimos sin agua. Nos están diciendo lávense las manos todo el tiempo y cómo lo hacemos si no tenemos agua. Lo más básico que necesitamos para higienizarnos”, agrega Ramona, vecina de la villa, en un video que difundió en sus redes La Garganta Poderosa.

De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el lavado frecuente de manos es una de las principales medidas para la prevención del contagio. Sin acceso al agua, como ocurre desde hace nueve días en la villa 31, el riesgo de contagio se potencia y agrava aún más la emergencia sanitaria.

“Aislados en la precariedad, los habitantes de las villas pasan a ser un indiscutible “grupo de riesgo”, masivo. Claramente, los mayores niveles de hacinamiento aceleran el contagio y deterioran la salud de quienes padecen enfermedades”, explican Pérez Esquivel y Nora Cortiñas en la carta abierta.

En este contexto de emergencia, durante la última semana, los datos oficiales constatan un crecimiento exponencial de los contagiados: según el último reporte, en la villa 31 hay 107 casos positivos y el sábado pasado se produjo el primer fallecimiento por coronavirus. Cuando los vecinos y vecinas empezaron a denunciar la falta de agua, los casos confirmados eran 3.

Torobia Balbuena tenía 84 años, estaba internada desde el domingo pasado, era la madre de la “paciente cero”. “La primera víctima del Barrio Mugica, que podrían ser muchas más de no existir un enfático repudio social y una inmediata reacción estatal, vivía en una habitación de nueve metros cuadrados, con su marido de 85 años y su hija, que contrajo el virus; compartiendo un mismo baño con otras 11 personas”, detallan en la carta. La Garganta Poderosa, además, denunció que a ninguno de esos contactos cercanos los hisoparon porque no tenían síntomas y que tampoco los aislaron.

La denuncia ante la CIDH fue acompañada por más de un centenar de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales, militantes y referentes de distintos espacios. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es uno de esos organismos que adhirió a la presentación ante el organismo internacional.

“Todos los estamentos del Estado deben abordar de manera urgente y específica esta realidad que mantiene a miles de familias frente a un riesgo inminente, por la emergencia social, económica y sanitaria”, concluyen en su carta abierta, los referentes de los derechos humanos e integrantes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas.