Tras rechazar los pedidos de sobreseimiento y nulidades presentado por las defensa, el Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza, a cargo de Mary Castillo, elevó a juicio la causa por torturas y abuso sexual en la comisaría 3° de La Tablada, que tiene a 20 policías imputados: 14 de ellos por delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual, y otros seis por encubrimiento. La denuncia había sido presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Mecanismo Local de Prevención de la tortura, tras una inspección a la dependencia policial en donde constató las graves violaciones a los derechos humanos. La CPM patrocina a 17 de las 28 mujeres víctimas.

ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar) La instrucción judicial determinó que, entre septiembre de 2019 y enero de 2020, al menos 28 mujeres y mujeres trans detenidas en la comisaría 3ª de La Tablada fueron víctimas en distintos hechos de severidades, vejaciones y abuso sexual. La investigación también reconoció que estas prácticas fueron sistemáticas y que se dieron en un contexto de graves vulneraciones a los derechos humanos; sin embargo, la causa llegará a juicio sin imputaciones por torturas.

Tras rechazar los pedidos de sobreseimiento y nulidades presentados por las defensa de los policías, la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza Mary Castillo elevó a juicio a la causa, tal como había sido solicitado en febrero pasado por los fiscales Fernando López y Julia Panzoni de la Ayudantía fiscal de gravedad institucional del departamento judicial.

La causa tiene catorce policías imputados de ser coautores y/o participes secundarios de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual, y otros seis funcionarios policiales acusados por encubrimiento.

Antes de elevar a juicio, la jueza tuvo que resolver el planteo de nulidad realizado por la defensa del subcomisario Lionel Gómez, autoridad máxima de la comisaría al momento de producirse estos hechos. El abogado del policía alegó que la investigación vulneró garantías procesales y no respetó el derecho a defensa del imputado, argumentando que no pudieron actuar como controlador de las medidas de prueba producidas.

En su resolución, la jueza Mary Castillo derribó todos los argumentos y destacó que la instrucción judicial se realizó de acuerdo a los protocolos de Guía de investigación de casos de severidades, vejaciones, apremios ilegales y torturas ocurridos en ámbitos de encierro. Este protocolo indica que se debe tener especial atención a la hora de efectuarse las investigaciones preliminares porque, al ocurrir dentro de instituciones cerradas a cargo de los posibles imputados, las víctimas se encuentran en un elevado estado de vulnerabilidad y desventaja.

Por otro lado, la jueza también desestimó que la defensa no tuviera la posibilidad de actuar como controlador de las medidas de pruebas producidas; sobre este punto, Castillo aseguró que el abogado confunde en sus argumentos los informes periciales con los informes técnicos, que pueden ser solicitados por la fiscalía como un elemento de valoración y que, por lo tanto, no requiere la participación de la defensa.

Más aún, la jueza de garantías recordó que los imputados tuvieron representantes legales desde el principio y que, sin embargo, las defensas estuvieron inactivas durante la instrucción y no ofrecieron ninguna medida de prueba.

Con respecto a los pedidos de sobreseimiento realizados por los abogados oficiales y particulares de Gómez y otros tres policías, la jueza sostuvo que existían pruebas suficientes para sostener la materialidad ilícita y la participación de los imputados y con el grado de certeza suficiente que este estadio procesal requiere.

Tal como habían esgrimido los fiscales López y Panzoni, la titular del Juzgado de Garantías N° 1 valoró el testimonio de la víctimas, que fueron certeros y coincidentes entre sí, y que a su vez se encuentran refrendado entre otras varias pruebas por los registros telefónicos de los imputados.

Por otra parte, la jueza Castillo también desestimó argumentos de la defensa que pretendía cuestionar elementos probatorios de forma aislada sin analizar las pruebas en su conjunto; en ese sentido, remarcó que los hechos denunciados debían investigarse de manera integral para comprender la sistematicidad de estos delitos y el contexto de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas.

Tras rechazar cada uno de los planteos defensista, la Titular del Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza dispuso la elevación a juicio en los términos solicitados por la fiscalía y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal del departamento judicial para que sortee el tribunal del juicio, que se realizará en la modalidad de juicio por jurados.

Las defensas de los y las policías tienen aún la posibilidad de apelar esta decisión ante la Cámara que anteriormente ya se pronunció sobre la sistematicidad y gravedad de estos hechos, al momento de confirmar las prisiones preventivas de los imputados.

Cabe recordar que la investigación se inició a raíz de una denuncia penal presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El 21 de enero del 2020, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM realizó una inspección en la comisaría 3ª de La Tablada en donde se constató no sólo las inhumanas condiciones materiales de detención sino que, a partir del testimonio de las mujeres y mujeres trans detenidas, se conocieron las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraba desde hacía meses y de manera sistemática en la dependencia policial.

Tras la inspección, la CPM también presentó un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías N° 2 de La Matanza que ordenó la clausura inmediata de la comisaría.

En el marco de esta causa, que ahora llega a juicio, la CPM patrocina a 17 de las 28 mujeres y mujeres trans víctimas y además fue reconocida también como Particular Damnificado Institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Los hechos de tortura y abuso sexual

De acuerdo a las pruebas producidas, la investigación judicial reconstruyó tres hechos o momentos en los que ocurrieron estas violaciones a los derechos humanos. El primero de ellos, y en donde se advierte una clara sistematicidad en la aplicación de torturas, ocurre entre el 22 de septiembre del año pasado y el 21 de enero: los y las policías Lionel Gómez, Valeria Suárez, Javier González, Ángel Reales, Lara de las Nieves Taramazzo y Silvia Solari ejercieron distintos hechos de violencia contra, al menos, 23 mujeres detenidas.

Además de atentar contra la integridad física de las mujeres, las sometían a sanciones y castigos abusivos: aislamiento extremos hasta de cuatro días, impedimento de comunicación con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atención médica, además de obligarlas a orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon.

La instrucción judicial remarca, entre las mujeres víctimas, el ensañamiento particular de los policías con una de las víctimas por su condición de trans: en una oportunidad, el oficial Hernán Garzón la incitó a realizar actitudes indignas frente un detenido; en otra, la oficial Yanina Vargas la obligó a limpiar con su manos, y sin guantes, las heces, orinas y vómitos de otros dos jóvenes que estaban detenidos.

En las entrevistas con la CPM, las mujeres detenidas en la comisaría 3ª de La Tablada reconocieron que los agravamientos se agudizaron desde la asunción del subcomisario Lionel Gómez, hasta llegar a los abusos sexuales perpetrados el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020.

El primero de esos hechos ocurrió entre las 17 y las 20 horas. En el marco de una requisa, las oficiales Maida Ruiz y Silvina Suárez —junto a Gómez, González, Reales y el oficial Cristian Aliaga— abusaron sexualmente de, al menos, ocho detenidas: de a una a la vez, las hicieron pasar a una celda y las sometieron a vejaciones: las hicieron desnudarse, realizar infames posturas y luego las abusaron sexualmente.

El último de los hechos denunciados, ocurrió durante una requisa policial masiva a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). En esa oportunidad, la sargento Johanna Romero del GAD junto al oficial de servicio en la dependencia policial Ariel Pasquale –y bajo supervisión del comisario Leandro Maidan— impusieron vejaciones a diez detenidas, a quienes encerraron en un baño de ínfimas dimensiones y las obligaron a desnudarse, hostigándolas y golpeándola con los palos para realicen variados ejercicios físicos hasta la extenuación. Al mismo tiempo que las insultaban con comentarios denigrantes, machistas y racistas.

Todo esto ocurría ante la mirada de los integrantes del GAD Franco Hinojosa, Gustavo Olivetti, Ángel Cardozo, Ezequiel Gallo, Federico Benítez y Alexander Jiménez, y de las policías Valeria Suárez y Silvia Solari.