Este martes 27 de octubre -fecha coincidente con un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de Manuel Coley Robles, una de las víctimas cuyo caso se ventilará en el debate- comenzará el juicio oral y público, bajo modalidad virtual, por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar bajo la órbita de los CCD conocidos como pozos de Banfield y Quilmes, y El Infierno, de Avellaneda. A instancias del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, iniciará con las lecturas de los autos de elevación a juicio de las causas unificadas, puntualizando en las particularidades funcionales de los centros clandestinos de detención, los imputados y, especialmente, en la lectura de todos los nombres de las víctimas cuyos casos serán tratados. Cabe recordar que hace poco más de un mes el TOF 1 resolvió integrar, por conexidad, la causa de El Infierno al juzgamiento de los pozos de Quilmes y Banfield.

ANDAR en La Plata

(Agencia) Cinco años de dilaciones procesales para que las causas de Pozo de Banfield y de Quilmes fueran unificadas y elevadas a juicio; cinco meses desde la última postergación del inicio del juicio, previsto para el 5 de mayo pasado; dos jueces -primero Farah y luego Castelli-, que habían sido designados en el TOF 1 para llevar adelante el megajuicio y que se terminaron excusando por diversos motivos; varias audiencias preliminares en 2020 que, por el paso del tiempo, debieron retomar, en cada ocasión, la discusión sobre la modalidad y condiciones del juicio; y finalmente, la decisión del tribunal de integrar a este debate la causa por los crímenes cometidos en el CCD El Infierno, de Avellaneda, cuyo inicio de juicio también había sido postergado.

Los problemas y demoras, agravados por la pandemia, signaron el derrotero de estas megacausas por delitos de lesa humanidad que, desde mañana 27 de octubre desde las 10 y por transmisión web, iniciarán otro largo camino en la búsqueda de justicia.

La causa por el CCD El Infierno agrega al megajuicio a cuatro imputados -Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk, Jaime Lamont Smart y Miguel Angel Ferreyro- por 62 casos de secuestros y torturas, y un homicidio agravado, cometidos bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Lanús, situada en la calle 12 de octubre al 234, en Avellaneda, donde actualmente funciona el Espacio Municipal de la Memoria. De ellos, Etchecolatz y Jaime Lamont Smart también están imputados en las otras dos causas.

Respecto a las causas Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, hay 21 casos de víctimas que pasaron por ambos centros clandestinos de detención; y por el primero, se contemplará un total de 254 víctimas, en tanto que por el segundo se ventilarán los casos de 175 víctimas.

Los imputados en estas dos causas son 19, muchos de ellos ya condenados en múltiples ocasiones como el ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y el ex ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, al igual que Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Carlos María Romero Pavón y Jorge Héctor Di Pasquale.

Cabe recordar que el Pozo de Quilmes ha sido desafectado y transferido a la Comisión Provincial por la Memoria para la preservación del edificio y la creación de un Sitio de Memoria. El 17 de febrero de 2017 fue conformado el Consejo del Sitio de Memoria de acuerdo a lo establecido por la ley 14895, con tres representantes de la CPM, ocho miembros del Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, además de un representante de la Secretaría de DDHH de la Provincia y otro de la Subsecretaría de DDHH de Quilmes.

En cuanto a la integración del tribunal, finalmente estarán los magistrados Ricardo Basílico, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, quienes coordinarán las audiencias bajo modalidad virtual durante una primera etapa y que incluirá la lectura resumida de la elevación a juicio de las causas con la mención de todas las víctimas, el funcionamiento y responsabilidades de los centros clandestinos de detención y la acusación por el delito de genocidio.

Luego, las declaraciones indagatorias a todos los imputados; y la recepción de declaraciones testimoniales de aquellas personas que residan fuera del país o no puedan, en cualquier circunstancia, trasladarse eventualmente a la sede del tribunal. Asimismo, la incorporación de testimonios ya brindados ante otros tribunales o juzgados por parte de víctimas o testigos que hubieran fallecido.

Tal como se acordó entre las partes durante las últimas audiencias preliminares, una vez finalizadas estas instancias del juicio se volverá a evaluar la modalidad en la que continuará el debate, teniendo en cuenta no sólo el contexto de la pandemia sino también el interés y deseo de la mayoría de testigos respecto a brindar su declaración en sede física y con la presencia del tribunal y las partes.

En este sentido, las querellas propusieron como principio para esa segunda instancia del juicio que se priorice siempre la voluntad de los testigos: quienes quieran declarar frente al tribunal en la sala de audiencias deberán contar con el acompañamiento de los organismos específicos de asistencia, y estar garantizadas las condiciones para el distanciamiento social preventivo no sólo para quienes declaren, si no para las partes del proceso así como para los trabajadores judiciales.

“Hay que considerar muchas variables como las dimensiones de la sala donde se realicen las audiencias, la cantidad de personas allí presentes en un mismo momento, las medidas de cuidado y seguridad, pero eso se deberá evaluar llegado el momento porque las circunstancias pueden llegar a variar con respecto a las actuales”, había explicado a ANDAR la abogada querellante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de la Unión por los Derechos Humanos, Guadalupe Godoy.

Al mismo tiempo, la abogada había enfatizado la imprescindible necesidad de respetar y garantizar el deseo de aquellas y aquellos testigos que no quieran declarar de forma remota: “Hacerlo desde sus domicilios particulares implicaría, incluso, la certeza de que los responsables de sus padecimientos podrían observar, ‘ingresar’, a la privacidad de sus vidas. Por otra parte, el sentido reparatorio de estos juicios, de la presencialidad, no tiene que ver tanto con el testimonio en sí, con su contenido, sino especialmente con la institucionalidad de ese acto de dar testimonio”.

Aniversario del secuestro de una de las víctimas

Mañana, 27 de octubre, al mismo momento que se de inicio al histórico juicio, se estará homenajeando y recordando al extrabajador y delegado sindical de la empresa Rigolleau de Berazategui, Manuel Coley Robles, secuestrado de su casa de Quilmes Oeste por una comisión del Ejército aquél día pero del año 1976.

Tras permanecer desaparecido durante décadas, finalmente en 2002 sus restos fueron identificados en el cementerio General Villegas, de Isidro Casanova, y en tribunales de Comodoro Py se realizó ese mismo año la notificación oficial a la familia.

Cabe destacar que Manuel había llegado en los años 50 a la Argentina desde España, su país natal, junto a sus dos hermanos y su madre. Fue delegado gremial y trabajador de la fábrica Rigolleau, de donde fue despedido en 1975, un año antes de su secuestro y posterior desaparición.

Con los años, su compañera, Alcira Juarez, y sus hijos pudieron reconstruir parte del pasaje de Manuel por distintos centros clandestinos de la provincia, entre ellos el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes.

En cuanto a la primera localización de su cautiverio, se supo que permaneció en el Castillo de Plátanos, en Berazategui, junto a otras víctimas, entre ellas Alicia Lisso. Dicho castillo, luego, fue derrumbado por el gobierno local y allí se construyó una escuela, en la que los familiares y amigos de las víctimas señalizaron el lugar como sitio donde funcionó un centro clandestino de detención. Precisamente, mañana 27 de octubre desde las 16 horas, volverán a señalizar el sitio donde funcionó el Castillo de Plátanos.