La Comisión Provincial por la Memoria repudia la represión de la Gendarmería nacional a trabajadores de la avícola Cresta Roja y exige que se respeten los protocolos de actuación frente a manifestaciones públicas y se garantice la integridad física de los manifestantes.

Como viene advirtiendo la CPM, en los últimos años la represión a la protesta social se está configurando como una práctica reiterada y legitimada por los discursos de los funcionarios estatales y de los medios de comunicación. Esta política, que coacciona la libertad de los ciudadanos a manifestarse y peticionar a las autoridades, contradice los principios elementales de todo proceso democrático.

En este sentido, la violenta represión a los trabajadores de Cresta Roja no es un caso aislado: se inscribe en una lógica de actuación de las fuerzas de seguridad ante las protestas sociales que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con un corte parcial de la autopista Ricchieri a la altura de Ezeiza, los empleados de Cresta Roja se manifestaban a la espera de una respuesta política que pusiera fin a la larga crisis laboral que vienen sufriendo. La orden de desalojar la autopista se cumplió con una extrema violencia mediante el uso de camiones hidrantes y postas de goma que dejó -según el testimonio del delegado de la firma- entre 10 y 12 heridos.

Esta decisión no sólo incumple con el protocolo de actuación para estos casos sino que, además, obstaculiza los caminos de diálogo que se venían concretando entre empleados y funcionarios gubernamentales para encontrar una salida que respete los puestos de trabajo.

Cresta Roja es la segunda avícola del país y controla el 13 % del mercado interno; sin embargo, en los últimos años, la empresa ha tenido innumerables problemas financieros. Ahora peligra la continuidad de la empresa: ya casi no se faena y los pollos a veces se venden vivos ante la imposibilidad de alimentarlos para que se desarrollen. El cierre total de la avícola (que posee dos plantas, un molino y el sector de granjas) implicaría la pérdida de 5 mil puestos de trabajo: 4000 empleados propios, y otros 1000 puestos laborales vinculados en forma indirecta a su actividad.

Un Estado democrático debe garantizar el bienestar de sus ciudadanos y respetar sus derechos. Por este motivo, la CPM aboga por la construcción de canales de diálogo que permitan encontrar una solución para los 5.000 trabajadores que hoy ven peligrar su fuente de empleo.

Al mismo tiempo, el organismo vuelve a manifestar su preocupación por el avance del accionar represivo sobre los sectores populares: la represión no es la solución ante los conflictos sociales. Sin embargo, la reiteración de episodios como éstos pone de relieve la sistematicidad de la represión a la protesta social que contradice los protocolos de actuación haciendo uso desproporcionado de la violencia, atentando contra la integridad física de los personas y vulnerando el derecho legítimo de los ciudadanos a expresarse y manifestarse.