Durante una inspección a la comunidad terapéutica Fundación San Camilo de Pilar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) constató la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental, y se tomó conocimiento también de un caso de abuso sexual contra un adolescente de 14 años. A esto se suma el precario estado edilicio del predio y la ausencia total de un enfoque integral acorde a lo que dispone la ley de salud mental. La CPM presentó un habeas corpus colectivo para garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y reclamó la clausura inmediata de la comunidad.

ANDAR en Pilar

(CPM/Agencia) Pacientes adultos y jóvenes víctimas de prácticas sistemáticas de torturas y malos tratos, personas privadas ilegítimamente de la libertad, afectación del vínculo familiar, uso abusivo de psicofármacos, medidas de aislamiento sistemáticas y arbitrarias, ausencia de un abordaje interdisciplinario de los cuadros que presentan los pacientes, falta de auditorías independientes, ausencia de control judicial y administrativo. La nula implementación de los principios establecidos por la ley de salud mental se complementa con prácticas aberrantes que violan los derechos humanos. También se tomó conocimiento de un caso de abuso sexual contra un adolescente de 14 años, que ya fue trasladado a un organismo de niñez de Santa Fe.

Tras la inspección realizada a la Fundación San Camilo de Pilar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus colectivo a favor de todas las personas allí alojadas, reclamó su clausura inmediata y exigió que se investiguen, para determinar las responsabilidades institucionales, los convenios existentes que permitían el funcionamiento de esta comunidad terapéutica. Habilitada, incluso, para recibir pacientes por disposición de la justicia.

A estas violaciones a los derechos humanos, debe sumarse el precario estado edilicio e higiénico que constituye un agravamiento de las condiciones de internación. Al momento de la inspección, se encontraban 60 personas internadas en una institución que cuenta con capacidad para albergar a 48 usuarios.

Las instalaciones presentan excesiva humedad, falta de vidrios en la mayoría de las habitaciones e instalaciones eléctricas deterioradas con cables expuestos que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Los usuarios entrevistados también denunciaron que hay sectores del edificio que no cuenta con suministro de gas, por lo deben bañarse con agua fría y no acceden a calefacción. El mobiliario es igualmente precario y todos los colchones están obsoletos, deteriorados y húmedos.

En esas condiciones de internación, que constituyen en sí misma prácticas de tortura, el ejercicio de la violencia física es delegado por los mismos directivos de la comunidad terapéutica en otros pacientes. Una vez reducidos por otros internos, les suministran psicofármacos y los encierran en una habitación, desnudos y atados de pies y manos a una cama. Por el mismo efecto del psicofármaco pueden llegar a dormir por 48 horas, y permanecen encerrados por alrededor de una semana.

En ese marco de violencia física y graves condiciones de internación, se constató la ausencia de un abordaje interdisciplinario acorde a lo estipulado por la ley de salud mental; las internaciones se realizan afectando deliberadamente el vínculo de las personas internadas con sus familiares y con el entorno laboral y social. Las medidas de aislamiento se administran de manera sistemática sin ningún fundamento. Todo ello constituye una privación ilegítima de la libertad.

Asimismo, casi la totalidad de los pacientes —que están internados bajo orden judicial— desconocían el fuero, número y departamento judicial que ordenaba su internación, y si contaban con defensa pública. La falta de acceso a la justicia termina por revictimizar a las personas internadas. Una situación aun más grave, por la distancia, para las personas alojadas que provenían de otras provincias como Santa Fe o Mendoza.

Ante estas graves violaciones a los derechos humanos, la CPM considera indispensable que la justicia ordene la inmediata clausura del lugar, resguardando especialmente la integridad de los niños, niñas y adolescentes allí alojados. También solicitó que, desde el Ministerio de Salud provincial, el de la Nación y los organismos de Niñez provincial y nacional, se lleven a cabo controles y auditorías periódicas de las comunidades o clínicas privadas, efectivizándose las previsiones de la ley de salud mental vigente. Al mismo tiempo, reclama que se investiguen todas las denuncias realizadas y se tomen las medidas necesarias para determinar las responsabilidades institucionales que permitieron en todo este tiempo el funcionamiento de esta comunidad terapéutica.