La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) firmó un convenio con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que garantiza el registro audiovisual del juicio por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Cacha, que sustancia el TOF 1 de La Plata.

ANDAR en CABA (agencia)

A partir de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, en 2006, la CPM registra en formato audiovisual las audiencias de algunos de los juicios por delitos de lesa humanidad con el objetivo de promover la difusión de los juicios y de conformar un archivo audiovisual que pueda ser de acceso público.

El convenio fue refrendado por el presidente de la CPM, Hugo Cañón, el vicepresidente del INCAA, Juan Buono, el rector de la Universidad de Quilmes, Mario Lozano, y el vicedecano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, Carlos Ciappina. Las instituciones articularán esfuerzos y aportarán recursos para el registro y la preservación de lo sucedido en las audiencias. La CPM, además, entregó los videos del juicio por secuestro y apropiación de bienes a los hermanos Iaccarino, realizado en 2013.

“La firma de estos convenios nos habilita para hacer una documentación histórica vinculada íntimamente con las generaciones venideras, ya que permiten reflejar los testimonios vivientes de aquellos que padecieron la represión y la tortura”, señaló Cañón. Asimismo, el presidente de la CPM recordó que “cuando participé en los juicios por la verdad en 1999 faltaba esta posibilidad de filmación y los registros eran muy primitivos”, al momento que sostuvo que “hoy es un día de celebración y reconocimiento del trabajo que desde la Comisión se viene llevando desde 14 años”.

A su tiempo, Buono destacó que “el acceso a la verdad de lo que ocurrió en la dictadura se ha instalado como un derecho adquirido para las nuevas generaciones; este es un paso simbólico y de justicia muy importante”.

El de La Cacha es el 37° convenio y la causa N°46 que el INCAA incorpora en el marco de su programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS). Los delitos que se investigan en el centro clandestino La Cacha fueron cometidos entre 1977 y 1978. Hay 21 imputados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y sustitución, ocultamiento y retención de menores sobre más de 120 víctimas.

En este sentido, la coordinadora del Programa MECIS, Silvia Barales, remarcó que “este convenio se enmarca en un trabajo que venimos haciendo desde hace cinco año, en relación muy estrecha con la Comisión Provincial por la Memoria”. Además, Barales sostuvo que “un formato de calidad permite la preservación de los testimonios de las victimas que permiten comprender la magnitud del genocidio que se vivió en Argentina del 76 al 82”.

Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata indicó que “la facultad tiene un amplia trayectoria de trabajar desde el campo comunicacional con los DDHH”, y consideró que el trabajo de registro permite “que el nunca más sea resultado de esta memoria permanente”.

Por último, el rector de la Universidad de Quilmes expresó que “creemos que las universidades públicas deben estar comprometidas con este proceso que, a nuestro entender, es el único que garantizó la estabilidad de la democracia argentina después de 1983”.

Durante el acto, la CPM también entregó los videos de cobertura del juicio de contra los represores Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y ex subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, sentenciados por la apropiación de bienes de la familia Iaccarino, su secuestro y aplicación de torturas.