ANDAR en los juicios

(Agencia) Por pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja que actualmente lleva a cabo el juicio por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó al expediente judicial una importante cantidad de legajos e informes de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). A través del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad se agregaron a la causa estos archivos referidos a la persecución del obispo riojano, asesinado el 4 de agosto de 1976 mientras volvía a la capital de esa provincia desde la localidad del Chamical.

Los archivos aportados por la CPM serán de especial importancia entre el material probatorio del juicio por el asesinato de Angelelli

El material de la ex DIPPBA remitido al tribunal fue dividido en tres partes: documentos sobre los “antecedentes” del obispo, que fueron confeccionados desde comienzos de los años 70, mucho antes del golpe; registros de inteligencia posteriores al golpe y cercanos a la fecha del asesinato de Angelelli; y análisis de la DIPPBA –hay documentos, incluso, de los años 90- con respecto a las actividades públicas y homenajes realizados por los seguidores del obispo luego de su muerte, así como investigaciones de organismos de derechos humanos, que siempre sostuvieron la hipótesis del asesinato.

¿Por qué una agencia de inteligencia bonaerense tenía información de un obispo riojano? La directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la CPM, Claudia Bellingeri, explica que la DIPPBA fue “como una gran ‘caja’, un gran archivo en el que se integraban los documentos de inteligencia de distintas agencias de la represión. El archivo de la ex DIPPBA contiene 12 tomos exclusivamente referidos a la persecución de sacerdotes del Tercer Mundo. Sobre Angelelli, el primer registro es de 1972, cuando ya era obispo: lo califican como alguien ‘peligroso’ a quien debían mirar y perseguir”.

“Entre los antecedentes, que van desde el 68 al 76, se lo describe como un religioso ‘con una clara y desembozada política ultraprogresista dentro de las corrientes internas de la iglesia’, según consigna la Policía Federal”, señala Bellingeri, quien aclara que en los registros de la DIPPBA coexisten materiales de distintos servicios de inteligencia: SIDE, Policía Federal y Prefectura.

[pullquote]Claudia Bellingeri: “la DIPPBA fue como una gran ‘caja’, un gran archivo en el que se integraban los documentos de inteligencia de distintas agencias de la represión”[/pullquote]

El archivo de la ex DIPPBA, que preserva y gestiona la CPM, contiene 12 tomos o volúmenes con centenares de fichas, legajos e informes de inteligencia, exclusivamente referidos a la persecución de sacerdotes del tercer mundo en Argentina. Esos registros no comenzaron en 1976 sino en 1968, cuando nace en Medellín el movimiento renovador dentro de la Iglesia Católica y del cual Angelelli fue una de las principales expresiones en el país.

Aunque parezca extraño, la DIPPBA se encargó de reunir información acerca de las actividades y posicionamientos ideológicos de monseñor Enrique Angelelli y de muchos otros religiosos con fuerte compromiso social, a pesar de que sus acciones se realizaban a miles de kilómetros de la jurisdicción de la agencia bonaerense.

Monseñor Angelelli fue asesinado mientras viajaba por la ruta nacional 38 de regreso a la ciudad de La Rioja. Durante décadas, las agencias de la represión intentaron instalar la versión de un presunto accidente

Según Bellingeri, “otro documento sobre los ‘antecedentes’ de Angelelli, que tendrá especial importancia en el juicio, es el legajo 3214, del año 1975. En aquella época, el obispo riojano tenía una radio comunitaria en la zona del Chamical, mediante la cual se comunicaban las acciones de la pastoral en la región. El legajo 3214 muestra cómo, en torno a esa radio, se realizó una minuciosa labor de inteligencia y hasta se elaboró un mapa sobre la localización de la radio y de las antenas. Ese seguimiento lo realiza la delegación de la Policía Federal en La Rioja, por pedido del jefe de la fuerza en aquella época, René Ojeda. El informe fue remitido luego al ministro del Interior, Albano Harguindeguy”.

En 1973 se produjo en La Rioja una reunión entre capellanes y el jefe de la Federal, en aquél momento Miguel Ángel Iñíguez, en la que se trató el cuadro de situación creado por “las actividades disociadoras y subversivas de monseñor Angelelli”, según consignan los documentos de la ex DIPPBA.

Dentro de la clasificación y división de responsabilidades de las fuerzas represivas de la Dictadura, la SIDE se encargó especialmente de la persecución a religiosos y contó, para ello, con la ayuda de la Policía Federal debido a su inserción territorial en todo el país.

Juan Manuel Bellini, integrante del equipo de Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, destaca que “la comunidad informativa entre las distintas fuerzas muestra un seguimiento muy preciso de las actividades de Angelelli, sobre quien se va a interesar hasta el propio Gobernador de La Rioja, quien señaló su ‘preocupación por las actividades de este religioso’. La documentación de la DIPPBA nos permite unir el seguimiento que se le hizo a monseñor Angelelli con los asesinatos de los dos sacerdotes que respondían a él, Gabriel Longueville y Carlos Murías, ocurridos el 21 de julio de 1976, semanas antes del asesinato de Angelelli”.

El crimen del obispo y la versión de la DIPPBA

En noviembre de 2013, el ex sacerdote Arturo Pinto señaló, en el juicio por el asesinato de Angelelli, que el obispo riojano “sabía que lo iban a matar ya que había sido amenazado en anteriores oportunidades y porque además habían sido asesinados los sacerdotes Longueville y Murías”, lo que fue interpretado por Angelelli como una advertencia.

[pullquote]Juan Manuel Bellini: “La documentación de DIPPBA nos permite unir el seguimiento que se le hizo a monseñor Angelelli con los asesinatos de los dos sacerdotes que respondían a él, Gabriel Longueville y Carlos Murías, ocurridos el 21 de julio de 1976″[/pullquote]

El 4 de agosto de 1976, monseñor Angelelli y Arturo Pinto regresaban, en una camioneta Fiat 125, a la capital riojana luego de haber participado de una misa en memoria de los dos sacerdotes asesinados.

“Viajamos por un camino alternativo hasta retomar nuevamente la ruta nacional 38 para no pasar por el frente de la exbase Aérea de Chamical debido a la mala relación que había entre sus integrantes y el obispo”, declaró Pinto ante los magistrados.

Cien kilómetros antes de llegar a La Rioja, a la altura de Punta de los Llanos, “un vehículo de color blanco o claro, nos encerró por delante de la camioneta, lo que provocó que la misma saliera de la ruta y volcara. Producto del vuelco, por comentarios que tuve después, Angelelli salió despedido y yo quedé dentro del vehículo inconsciente, recuperando el conocimiento días después, cuando era trasladado hacia la ciudad de Córdoba en ambulancia para una mejor atención”, añadió.

Entre los informes y legajos de DIPPBA se registra, en casi todas las oportunidades, la versión oficial del “accidente” aunque, según Juan Bellini, la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense también se encargó de relevar documentos e información de organismos de derechos humanos que, desde el primer momento, mantuvieron la hipótesis del asesinato: “Incluso hay un legajo de los años 90 que da cuenta de una ‘marcha por el asesinato de Angelelli’”.

Claudia Bellingeri agrega que en el archivo de la DIPPBA hay un documento de los organismos de derechos humanos en el que se cuenta la verdad sobre lo que le ocurrió al obispo: “Lo llamativo es que esta verdad de los organismos la tengan en la DIPPBA. Esa verdad siempre fue analizada por parte de la inteligencia de la Dictadura porque con ella debían seguir mintiendo para tergiversar la historia”.

En el archivo de la exDIPPBA hay 12 tomos o volúmenes con centenares de fichas, legajos e informes de inteligencia, referidos a la persecución de sacerdotes del tercer mundo en Argentina

Al año siguiente del crimen de Angelelli, en 1977, se realizó otro informe por parte de la seccional de DIPPBA en Capital Federal en el que se informa que “encontrándose Monseñor Angelelli en La Rioja, antes del accidente, trabajó en dicha diócesis una persona de nombre Clara a la que (el obispo) protegió y dio lugar a que presentara el trabajo que ella realizaba como educación liberadora, y que resulta una vulgar síntesis de la teoría de Paulo Freire y en la aplicación en el terreno de la educación de las tesis fundamentales y de la metodología marxista, concepción materialista de la historia”.

Cabe destacar que, entre otros documentos aportados al expediente judicial, figura el telegrama que envió Angelelli al Ministerio del Interior, a cargo de Harguindeguy, denunciando los asesinatos de los sacerdotes de su diócesis.

Por otra parte, entre los aportes de la CPM al tribunal de La Rioja, también se destaca la “Agenda Bonamín”, un registro de anotaciones personales con centenares de páginas manuscritas realizado por el Provicario Castrense, Victorio Bonamín. La Agenda Bonamín fue incorporada al acervo documental de la CPM y resulta de especial importancia para el juicio ya que contiene tres referencias sobre Angelelli.

En una de esas referencias, Bonamín realiza una valoración con respecto a una carta que escribió Angelelli en febrero del 1976, dirigida al resto de los obispos del país, reclamándoles por la espiral de violencia que se estaba produciendo en La Rioja y especialmente contra el clero riojano. Bonamín anota, unos días después, una conversación con el jefe del Vicariato, Adolfo Tórtolo, sobre la “desorbitada carta de Angelelli por las detenciones”.

En otra anotación, que se efectúa después del crimen del obispo tercermundista, Bonamín se pregunta: “Monseñor Angelelli: ¿Un tiro en la cabeza?”, lo que sugiere la versión del asesinato aunque sin conocimiento del modo y los responsables.

“Bonamín expresa la cara de una iglesia que pudo haber estado al lado del pueblo pero que prefirió, sin dudas, estar del lado de los que siempre han corrido al pueblo. Entre Bonamín y Angelelli había una tensión muy grande, más aún desde el momento en que, con la irrupción del golpe de estado, el obispo tercermundista ordena la clausura de una capilla situada en la base aérea del Chamical”, explica Bellingeri.

“Resulta evidente que debió existir un intercambio de información sistemático entre cierto sector de la Iglesia argentina y la dictadura. No se sabe todavía cómo ha sido, porque la Iglesia está atravesada por un montón de circunstancias jerárquicas, territoriales, ideológicas, pero evidentemente algunos sectores dominantes, mayoritarios, conservadores de la iglesia han colaborado con el suministro de información”, agrega.