Marcela Mendoza está detenida desde el 9 de agosto de 2015. Fue condenada a prisión perpetua por el TOC 3 de La Plata en carácter de homicidio por el fallecimiento de su ex pareja, quien ejercía violencia de género sobre su persona. Recientemente, la Sala I de Casación Penal declaró la nulidad del juicio, pero Marcela continúa detenida. Sus hijos, familiares, organizaciones de mujeres y feministas, y organismos de derechos humanos exigen la inmediata liberación. La Comisión Provincial por la Memoria presentó tres habeas corpus por su grave estado de salud.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Marcela Mendoza, madre de cinco hijos, dos de ellos menores de edad en el momento de la detención, hace 3 años y 8 meses. Luego de la nulidad del fallo condenatorio espera que la justicia la deje en libertad. Sus hijos denuncian el deterioro físico y emocional que está sufriendo en el encierro.

A fines de abril, la Sala I de la Cámara Casación declaró la nulidad del fallo condenatorio a Marcela Mendoza por considerar que no existieron pruebas materiales para condenarla y porque no se tuvo en cuenta el contexto de violencia de género durante el desarrollo del juicio. A pesar de esto, Marcela sigue presa.

“Ahora vamos a impugnar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para exigir que no haya ningún juicio porque es inconstitucional”, señala Marilyn Aleman, una de sus hijas. “Nos vamos apoyar por lo que voto del juez Maidana porque no corresponde que vuelva a ser juzgada”, aclara con respecto al fallo de Casación en donde uno de los tres integrantes del jurado sostuvo que la mujer tiene que ser sobreseída para que pueda recuperar su libertad en forma inmediata. “Mientras tanto vamos a pedir la excarcelación”, concluye.

El 9 de agosto de 2015, Marcela Mendoza salió de su casa para encontrarse con su ex pareja Eduardo Gómez en un lugar de la ruta 11, partido de Magdalena. Marcela, para ese momento, ya había solicitado la protección del Estado por sufrir violencia psicológica, emocional, golpes, hostigamiento y persecución por parte de su ex pareja. Goméz al momento del hecho tenía dos denuncias por violencia de género y una restricción perimetral.

En esa ocasión, el auto Volkswagen Gol en el que se encontraron se incendió, lo que provocó la muerte de Gómez. El TOC 3 de La Plata interpretó que dicho incendio había sido provocado por Marcela y la condenó a prisión perpetua. Sin embargo, su testimonio da cuenta de un intento fallido de femicidio que culminó con la propia vida del agresor. Dicho relato se corresponde con los antecedentes de Gómez y con los testimonios de los hijos de Marcela.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se entrevistó con Marcela Mendoza en la Unidad Penal 33 de Los Hornos donde aún está detenida, y desde el 2017 hasta el presente realizó cuatro intervenciones, todas de carácter urgente y todas por razones de salud. Marcela es celíaca y los informes médicos muestras un agravamiento de su enfermedad desde el momento de su detención. “Ella está sin comer, muy afectada física y emocionalmente también”, detalla Marilyn y agrega: “En el servicio penitenciario lo único que hay es clonazepan para que te duermas y listo, nada más. No existe la posibilidad de tratamiento, menos de una dieta”.

En cada una de esas presentaciones, la CPM advirtió esto y reclamó atención extramuro para Marcela. En 2017 se presentó un oficio urgente y dos habeas corpus; el último fue rechazado aunque, al mismo tiempo, el juez tomó algunas medidas en relación a lo que se pidió, entre ellas, la entrega de comida apta para celíacos. Sin embargo, dicha medida no significó un cambio en su estado de salud. En 2018, la CPM presentó otro habeas corpus que, en esta oportunidad, ni siquiera tuvo respuesta.

Otro espacio que viene acompañando el reclamo de la familia es la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, a cargo de Flavia Delmas, quien presentó un amicus curiae en la causa y convocó, junto a los hijos de Marcela, a la conferencia de prensa que se realizó en el día de ayer frente a tribunales. Desde el espacio reclaman que es una causa plagada de misoginia que no reconoce el contexto de violencia de género en el que vivía Marcela.