Así lo dispuso la jueza en lo contencioso administrativo de La Plata, María Ventura, a través de un fallo del 19 de diciembre en el que prohíbe el alojamiento de detenidos en comisarías inhabilitadas. A su vez, la Procuración General de la Corte bonaerense derogó una resolución que limitaba la libertad de las personas detenidas por delitos menores en los que los fiscales no requerían la prisión preventiva.

ANDAR en la Provincia 

(Red Eco) En su fallo, la jueza María Ventura anula la resolución 642/2014 del entonces ministro de Seguridad Alejandro Granados, que había rehabilitado el alojamiento en esas dependencias incluso si estaban clausuradas.

Esta decisión se da en el marco de una causa judicial iniciada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2014. Estos organismos destacaron la decisión de la magistrada ya que “establece que la provincia de Buenos Aires no puede seguir usando las dependencias policiales para ampliar el sistema penitenciario y alojar en lugares inhumanos. La prohibición de usar estas dependencias va en línea con lo sostenido por la Corte Suprema de la Nación en el fallo ‘Verbitsky’, que estableció que estas condiciones de privación de libertad son contrarias al trato digno que exigen el artículo 18 de la Constitucional Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.

Explicaron además que “la crisis humanitaria en los lugares de detención provincial se explica por el crecimiento exponencial de la población privada de la libertad que llevó al colapso del sistema de encierro”.

Actualmente, la tasa de encarcelamiento supera los 300 cada 100 mil habitantes. Al 30 de noviembre de 2019, la cantidad de personas detenidas llegó a 51719. Hoy hay, por lo menos, una sobrepoblación de 137%, si se toma el cupo declarado por el Servicio Penintenciario Bonaerense de 28810 plazas. A su vez, la población detenida creció durante los últimos cuatro años un 42% (un aumento de más de 14000 personas) y el incremento en comisarías fue de 124%. En este sentido, el 40% de las comisarías que alojan personas detenidas en la actualidad se encuentran clausuradas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó en los últimos días el decreto 24-GPBA-19, en el que instruyó al ministro de Justicia Julio Alak a que convoque a una mesa de diálogo para trabajar en soluciones inmediatas para esta problemática. En este encuentro se acordó la necesidad de implementar políticas para desalojar las comisarías, bajar la tasa de encarcelamiento y racionalizar la política criminal provincial y el uso de la prisión preventiva. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó de esta mesa y solicitó la derogación de una resolución de 2013 de la Procuración General de la Corte bonaerense que limitaba la libertad de las personas detenidas por delitos menores en los que los fiscales no requerían la prisión preventiva, generando hacinamiento en comisarías de la provincia.

Este pedido fue aceptado por el organismo, que dejó sin efecto la resolución de 2013 “a los fines de permitir que se agilice la concreción de las libertades dispuestas”.