La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó al fiscal Claudio Scapolan como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al armado de causas, extorsión de imputados y narcotráfico. Estos delitos ocurrieron, por lo menos, entre 2013 y 2015, y Scapolan es el último de los 35 procesados, en su gran mayoría funcionarios policiales y judiciales. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Las prácticas denuncias en este expediente judicial constituyen rutinas regulares y develan la extendida red de vínculos entre fuerzas policiales y funcionarios judiciales para la gestión de los mercados ilegales y la violencia institucional.  

ANDAR en San Isidro

(Agencia Andar) Detrás del aparente servicio eficiente de la justicia en la persecución del narcotráfico, funcionarios del Ministerio Público Fiscal de San Isidro junto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mayoritariamente de Drogas Ilícitas, montaron una empresa criminal para el armado de causas, la extorsión y la comercialización de estupefacientes.

Los funcionarios policiales y judiciales se valieron de la potestad punitiva, que les confería el Estado, para investigar y perseguir hechos de narcotráfico con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente: una asociación ilícita que fue evolucionando desde la regulación del mercado ilegal de estupefacientes favoreciendo a tal o cual grupo vinculado al narco mediante el armado de causas, hasta utilizar este procedimiento ilegal para extorsionar a los presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares, y apropiarse de grandes cantidades de estupefacientes, gerenciarla y comercializarla directamente, incluso con envíos al exterior.

Tal como queda demostrado en la instrucción realizada por el fiscal Fernando Domínguez y en el procesamiento que dio a conocer la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el jefe de esa asociación ilícita era el fiscal –en uso de licencia–de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro Claudio Scapolan, que fue llamado cinco veces a indagatoria y recién se presentó ocho meses después de la primera citación.

La investigación judicial abarca cinco casos, ocurridos entre 2013 y 2015; sin embargo, existen en el expediente, al menos, una decena más de causas que estarían vinculadas con operativos realizados por los miembros de esta asociación ilícita. Scapolan es el procesado número 35 de la causa, en su mayoría funcionarios policiales de San Isidro, Tres de Febrero y San Martín.

Ante la gravedad institucional del hecho la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó como querellante institucional. Desde hace años, el organismo viene denunciando la connivencia de funcionarios policiales y judiciales para la gestión de los mercados ilegales; los graves hechos de corrupción y violencia institucional que se ventilan en la causa ponen esa trama de manifiesto.

“La realización de allanamientos ilegales, la utilización de testigos de procedimiento falsos, el empleo de tareas de investigación y seguimiento no autorizadas por autoridad jurisdiccional alguna o el inicio de procedimientos policiales y judiciales con denuncias anónimas inexistentes, son rutinas que por su regularidad y sentido instrumental se transforman en prácticas policiales que en muchos casos cuentan con aval judicial”, destacó en la presentación como querellante institucional.

En otro de los puntos del procesamiento, la jueza federal requirió la inmediata intervención del Procurador General bonaerense Julio Conte Grand para que se avance con el jury y, consecuentemente, con la remoción y/o desafuero de Scapolan.

A pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan y del gran avance que presentaba la causa, el proceso de enjuiciamiento no avanzó y tampoco desde la Procuración se tomaron medidas disciplinarias. El departamento judicial de San Isidro ya tuvo su antecedente con la imputación de quien fuera fiscal general, Julio Novo, acusado de encubrimiento en casos de narcotráfico y entorpecimiento en el conocido caso del asesinato en 2008 de dos ciudadanos colombianos vinculados a estos delitos en el estacionamiento del shopping Unicenter. Al igual que en el presente caso, tanto las instancias judiciales como el proceso de enjuiciamiento fueron sistemáticamente obturadas para garantizar la impunidad.  

En varias oportunidades durante estos últimos años, la CPM denunció la actuación de la Procuración General en hechos de enorme gravedad institucional. Los dos más importantes: la protección al fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, imputado por crímenes de lesa humanidad cuando se desempeñó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la protección a fiscales de Lomas de Zamora, acusados de perseguir y presionar a jueces independientes mediante la realización de espionaje ilegal e investigaciones arbitrarias y sin control judicial.

En toda su magnitud, la presente causa desnuda la pervivencia de estructuras mafiosas sustentadas por prácticas policiales ilegales y por la anuencia, complicidad y cobertura de un sector de la justicia, que configuran entramados de corrupción que deben ser investigados y desarticulados urgentemente.

En ese sentido, desde la CPM destacaron el avance de la investigación y la actuación del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, quien durante el trámite de este expediente tuvo que soportar falsas acusaciones públicas por parte de los mismos imputados que buscaban desacreditar su actuación.