El informe final sobre la vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Argentina en mayo de 1980, sorteando controles aduaneros y policiales. Dos hombres fueron los encargados ingresar al país ese material histórico que constató con rigor documental los crímenes cometidos por la dictadura militar. Uno de ellos fue Aldo Etchegoyen, un obispo de la Iglesia Metodista que fuera presidente de la APDH y miembro fundador de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Desde 1978 el compromiso social de Aldo estuvo bajo la mirada de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), a veces catalogado como factor religioso y otras como delincuente subversivo.

ANDAR entre Archivos

(Agencia Andar) En el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) hay dos fichas personales de Aldo Etchegoyen. La primera tiene fecha de creación el 20 de noviembre de 1978 y sólo dos datos: “Profesión: obispo. Antecedentes sociales: obispo de la iglesia metodista y dirigente de los derechos humanos”.

La DIPPBA comienza a seguir el rastro de Aldo después de una solicitada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) “en favor de la mujer, el niño y la familia”, dirigida a Jorge Videla y publicada en el diario Clarín el 24 de octubre. A raíz de ese mensaje público, el jefe de la Policía Bonaerense le pide al director de la DIPPBA los “antecedentes que registran los firmantes”. La respuesta es del 6 de noviembre y el nombre de Aldo Etchegoyen engrosa la lista de personas que no registran antecedentes”.

Dos semanas después, elabora la ficha personal. En los años siguientes, en el dorso de esa misma ficha se registraba toda información nueva; algunos legajos se receptaban en la mesa “Religiosos”, otros en la mesa Ds “Delincuente subversivo”.

Los archivos de la DIPPBA sobre Aldo Etchegoyen son un registro de la vigilancia y persecución que sufrió la APDH. Como un desprendimiento de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la APDH se constituye en diciembre de 1975 y tiene su primera reunión pública en abril de 1976. La reunión se realizó en la iglesia metodista donde Aldo era pastor; en una entrevista, él recuerda que horas antes recibieron un telegrama de adhesión a la creación de la asamblea permanente: “Era un telegrama del presidente Jorge Rafael Videla. Es decir, ¿qué nos decía ese telegrama? Sabemos. Sabemos qué están haciendo, sabemos dónde están, sabemos quiénes son”. Después del telegrama llegó una patrulla para requisar el edificio y Etchegoyen no dejó pasar a los policías.

En los años siguientes, la APDH fue uno de los lugares de peregrinaje para las familias de las víctimas del terrorismo de Estado que querían saber qué había pasado con sus seres queridos y no tenían ninguna respuesta de las autoridades militares. La APDH llegó a registrar unos 6 mil casos de desaparición, y en 1979 compartió más de 3 mil testimonios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita al país. “Sin darnos cuenta nosotros habíamos empezado a hacer el trabajo que ellos venían a hacer”, reflexionaba Aldo en esa entrevista.

Durante 14 días, la CIDH visitó cuarteles y centros de detención, hizo entrevistas y recibió miles de denuncias que permitieron documentar la tortura y la desaparición forzada de personas. El informe especial estuvo listo al año siguiente; Aldo Etchegoyen y Emilio Mignone fueron los encargados de ingresar ese material documental al país.

Era mayo de 1980, los miembros de la APDH viajan en un Fiat 1500 hasta Ezeiza, en la sección de cargas había 500 informes en cinco paquetes que pesaban 100 kilos cada uno. Ese material sensible que denunciaba el plan sistemático de exterminio en el país logró saltear dos controles de seguridad. Primero en la aduana: Etchegoyen recuerda que al momento de llenar el formulario para retirar la carga habían puesto en la descripción “material educativo de la Organización de Estados Americanos”; el personal de aduana abre los paquetes, mira la portada, ojea las páginas del interior. Inexplicablemente, nada parece alertarlo.

Con los paquetes en su poder, contratan un camión para trasladar esos 500 kilos de informe. Ellos van adelante en el auto y el camión con los informes detrás. A unos 5 kilómetros del aeropuerto de Ezeiza había un puesto policial de control: los detienen y vuelven a revisar la carga; otra vez, ese material lograr pasar sin llamar la atención.

Cuando llegaron a la oficina de la APDH, ya sabían qué tenían que hacer. En la entrevista, Aldo lo recuerda así: “No había que tener ese material ahí, así que a las dos horas ya no estaba. Habíamos combinado que cada uno se llevaba…el material desapareció, enseguida desapareció. Y ese material fue base para que después se sacaran fotocopias, pero fue, digamos, una situación muy delicada, lo entramos con toda ley y derecho por el camino que corresponde, de la manera más correcta… y no se dieron cuenta”.

Sin embargo, la presencia del informe de la CIDH en el país no se le pasaría por alto a la DIPPBA y otras agencias de la comunidad informativa. El legajo 17.339 de la Mesa Ds Varios de la inteligencia bonaerense expresa la necesidad de establecer controles urgentes de los distintos organismos para registrar y monitorear su circulación.

Hasta el final de la dictadura, cada vez que el nombre de Aldo Etchegoyen aparece en los documentos de la DIPPBA está asociado a un legajo de la mesa de “Delincuentes subversivos”. Algunos de esos antecedentes remiten, por ejemplo, al apoyo de la APDH para que Adolfo Pérez Esquivel sea nominado al Premio Nobel de la Paz. Otro legajo, el 17.247, recoge la solicitada publicada en Clarín el 14 de abril de 1981, Aldo es uno de los más de 400 firmantes que solicitan que se publiquen las listas de desaparecidos y se libere a todos los detenidos.

La DIPPBA sigue el rastro de Etchegoyen por lo menos hasta 1992. Ya en democracia, hay información sobre la APDH, elaborada por la agencia bonaerense, que sigue engrosando la mesa de “Delincuentes subversivos”. En esos mismos años, Aldo aparece en varios informes de inteligencia bajo la categoría de “Factor religioso”.

El legajo 3119, de diciembre de 1990, reúne comentarios de personalidades eclesiásticas referidas a la rebelión de un sector del Ejército: el comentario de Etchegoyen es una proclama de principios: “Sólo con la participación de todos en el quehacer del país podrán lograrse los cambios que el momento requiere a favor de la justicia, la paz y la dignidad humana”.

En cualquiera camino que Aldo recorrió antes y después, siempre luchó por la justicia, la paz y la dignidad humana.