La red Niñez Encarcelada denuncia públicamente la situación que atraviesan las mujeres privadas de la libertad ambulatoria en la U-33. Nora Calandra, integrante de dicha red, detalla las medidas ordenadas por el interventor Fernando Rozas que vulneran los derechos de las mujeres encarceladas con sus hijos.

ANDAR en las cárceles

(Red Niñez Encarcelada) La Red Niñez Encarcelada denuncia públicamente la situación que atraviesan las mujeres privadas de la libertad ambulatoria en la U-33: por orden del interventor de SPB Fernando Rozas, desde el viernes 23 de junio desafectaron a 700 profesionales de los sectores de sanidad: médicos clínicos, pediatras, ginecólogos, odontología, psicología y operadores del centro Para adicciones, entre otros. “Puntualmente de la U-33 recibimos la información de que la atención pediátrica sería una vez a la semana, que no hay guardia clínica ni va haber, las especialidades desde antes funcionaban mal, ahora directamente no hay, quienes asistían al tratamiento del CPA ya no podrán hacerlo, las obstetras fueron trasladadas a la U-24”, denuncian.

Desde la perspectiva de la organización “la intención sería privatizar el sistema de salud”. Según su análisis la administración carcelaria recorta en este sector cuando invirtió en cámaras de seguridad en los pabellones (de madres y población general) y pasoductos, y próximamente se instalará una puerta detectora para los visitantes, entre otras inversiones en tecnología para seguridad a la vez que se intensificó la restricción de deambular dentro del penal y el ingreso de ciertos productos comestibles que antes eran permitidos. “Estas medidas de sumisión, desplazamiento y seguridad que toma el SPB no tienen ningún sustento, hacen estas inversiones cuando la realidad es que falta comida, productos de higiene, limpieza, herramientas para la educación, mantenimiento e la infraestructura y todo lo que ya sabemos. La dominación mediante el miedo es el as que tienen siempre a disposición “si denuncias te sacó mal el informe”, “ te vamos a trasladar con hijo y todo””, detallan en un comunicado.

“El avasallamiento de Derechos que ejerce el Servicio Penitenciario Bonaerense no es novedad, la militarización y alienación de las cárceles es la única política de Estado que se implementa en éste sistema amparado por el Poder Judicial”, aseguran en el documento de la Red. En el 2015 el juez de ejecución Alejandro David interpuso un habeas corpus en favor de las madres alojadas con sus hijxs por las gravísimas condiciones de detención que encontró en una recorrida. “A dos años las condiciones son peores para toda la población. La corporación penitenciaria sigue pisoteado las cabezas de los seres humanos que la justicia ordena amontonar en estos depósitos”, dice el comunicado.