En los primeros días de julio se llevó a cabo un allanamiento en el pabellón 10 de la unidad penal 43 de La Matanza con el objeto de secuestrar teléfonos celulares, documentos de identidad, registros de transacciones comerciales realizadas a través de billeteras virtuales, armas de fuego y estupefacientes, entre otros elementos de valor, en el marco de una investigación penal iniciada por una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre corrupción y venta de drogas a cargo de las máximas autoridades del penal. Como resultado de la medida fue desplazada la cúpula de la UP 43.

ANDAR en la Matanza

(Agencia) La denuncia original se presentó el pasado 2 de febrero a raíz de distintas comunicaciones recibidas por la CPM por parte de personas detenidas en la UP 43 o de sus familiares. Además de la denuncia penal, la CPM había realizado en febrero pasado una presentación administrativa ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia de la Provincia.

En ambas intervenciones el organismo –en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura- relató un esquema de recaudación ilegal en el establecimiento carcelario donde -según los testimonios recibidos- el jefe de Asistencia y Tratamiento, Sebastián Penida, con la anuencia del director Gastón Spaltro, cobraba la permanencia en determinados pabellones, el acceso a las “casitas” del régimen abierto y participaban, o bien dirigían, la venta de estupefacientes dentro de la cárcel.

Con nuevas evidencias aportadas recientemente a la causa, la Ayudantía Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional de La Matanza, a cargo de la Dra Andrea Verónica Palin, realizó un allanamiento en el pabellón 10 de la unidad penal 43 con el objeto de secuestrar teléfonos celulares, documentos de identidad, registros de transacciones comerciales realizadas a través de billeteras virtuales, armas de fuego y estupefacientes, y pidió al Juzgado de Garantías 1, a cargo de la Dra Mary Mabel Castillo, el apartamiento de la cúpula del establecimiento penitenciario. Este extremo fue aceptado y efectivizado.

Cabe destacar que el objeto de la investigación penal fue ampliamente apuntalado por las evidencias y relatos aportados por la CPM en estos últimos meses en varias presentaciones. De acuerdo a los testimonios, el mecanismo de corrupción estaría tan aceitado y visible dentro de la cárcel que hasta los pagos se llevarían a cabo mediante la aplicación de Mercado Pago.

Todos aquellos detenidos que se negaron a acceder a algunos de estos regímenes han sufrido graves represalias por parte de otros detenidos cooptados por las autoridades.

En este sentido, los relatos de las víctimas y sus familiares son contundentes: “Mi marido está en la 43 de Catán, hoy salió a trabajar y lo agarraron entre 50 y lo lastimaron muy mal. Estos pibes que le pegaron fue por una arreglo con el director del penal y yo quiero denunciar a este director. Venden drogas y venden pabellones. Hoy hicieron que un pabellón completo atente contra la vida de dos personas. Prefiero resguardar mi identidad por miedo a represalias”.

Las sanciones para quienes no acceden a los “alquileres” son una clara demostración de una relativa y funcional delegación de la violencia y del gobierno de la cárcel en el eslabón más débil de la cadena del sistema de la crueldad penitenciario: las personas privadas de libertad.

Una persona detenida en la UP 43 relató a la CPM: “Yo quiero denunciar porque nos amenazaron de que si hablábamos nos iba a tirar drogas o balas en el pabellón para sacarnos. Yo estoy a 20 minutos de mi casa y no quiero perder el vínculo con mi familia”.

Otro describió que las autoridades venden “a 500 lucas un pabellón” y que luego se exige un pago mensual en base a la recaudación, entre otras cosas, de la venta de drogas. Las personas señaladas como las beneficiarias principales de este mecanismo son los funcionarios mencionados.

Los delitos liderados y administrados por funcionarios penitenciarios, alcanzan incluso al acceso al trabajo por parte de los detenidos: hay que pagar para acceder a trabajar en la cocina u otros ámbitos. Así lo describió a la CPM uno de los detenidos denunciantes, a quien le pidieron 50.000 pesos.

Con respecto a las personas que no pudieron satisfacer las demandas dinerarias para permanecer en el régimen abierto, han sido golpeadas y llevadas luego al sector de aislamiento. Un detenido manifestó que fue golpeado en una de las casitas por otros detenidos bajo las órdenes del personal penitenciario, y que fue llevado a la oficina del Director y obligado a firmar un papel que no establecía los hechos reales de lo sucedido, sino que narraba una supuesta pelea que él no había mantenido.

Estos hechos de violencia y aprovechamiento se producen en el marco de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas detenidas, marcada por la superpoblación y el hacinamiento que caracterizan al sistema penitenciario bonaerense.

En la UP 43 se encuentran alojadas 1.261 personas sobre un total de 440 plazas. Además de triplicar la población se constataron otras situaciones irregulares como una veintena de fugas del sector de régimen abierto vinculadas a hechos de violencia y tortura. Quienes han realizado denuncias señalan a las autoridades de la UP como las principales promotoras de estas fugas.

El sector de leoneras, que funciona como un lugar de depósito de personas expulsadas de los pabellones, se encuentra en pésimas condiciones materiales y de salubridad: sin baño, sin colchón, sin adecuada higiene, con agua contaminada y limitado acceso a la alimentación, en una extrema precariedad edilicia.

Como contexto de estas actividades delictivas, en 2022 se produjo la muerte de una persona que estaba alojada en uno de los pabellones que dio origen a la denuncia de la CPM. Según un parte realizado por la Jefatura de Asistencia y Tratamiento de la UP 43, la muerte se habría producido por “un fuerte golpe en la ducha”.

A raíz de la solicitud de la CPM para que se realice la operación de autopsia -respetando el Protocolo de Minnesota para muertes en custodia- a los fines de esclarecer las causales del fallecimiento, la UFIJ de Homicidios Culposos de La Matanza informó que en principio la muerte se produjo por un paro cardio-respiratorio no traumático, sin profundizar en ninguna especificidad. No obstante, existen distintas versiones de personas detenidas que dan cuenta de situaciones previas de violencia que deben investigarse.