Este martes se conoció el monto de pena que deberán cumplir los efectivos de la Policía bonaerense Emanuel González y Rodrigo Velázquez, por la brutal golpiza que terminó con la muerte de Germán Lopes García en mayo de 2021. La integrante del Tribunal Oral Criminal (TOC) 2 de San Nicolás y jueza técnica en este juicio por jurados, María Elena Baquedano, los condenó a la  pena de 4 años y 8 meses de prisión -en suspenso mientras no quede firme la sentencia- y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Los otros dos imputados ya habían sido absueltos por el jurado popular. La CPM participó del debate oral como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y destaca las medidas reparatorias dictadas por la magistrada.

ANDAR en la justicia

(Agencia) La sentencia llega casi un mes después del veredicto dictado por un jurado popular que declaró culpables de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber a los policías Emanuel González y Rodrigo Velázquez.

El debate oral se desarrolló entre el 22 y el 25 de noviembre pasado a instancias del Tribunal Oral Criminal (TOC) 2 de San Nicolás con la dirección técnica de la jueza María Elena Baquedano y en torno a la fatal golpiza que los imputados descargaron sobre Germán Lopes García, de San Pedro, en mayo de 2021.

Aquella noche los efectivos habían arribado a la casa de García por un llamado telefónico suyo en el que pedía asistencia médica para su mujer que se había descompensado. Suponiendo que se trataba de un caso de violencia familiar y en lugar de aplicar las normas de acción adecuadas para controlar a una persona en un momento de tensión y nerviosismo, los policías comenzaron a golpearlo y lo siguieron haciendo incluso cuando la víctima se hallaba tirada en el suelo en total estado de indefensión; lo mismo hicieron con su hijo discapacitado.

Más allá de otros dos agentes que resultaron absueltos por el jurado, tanto González como Velázquez deberán cumplir una pena de 4 años y 8 meses (casi el monto máximo de 5 años que prevé el tipo penal) más la inhabilitación de 10 años para el ejercicio de cargos públicos, aunque sin medida privativa de la libertad mientras el fallo no quede firme.

A estas resoluciones formuladas por la jueza técnica respecto al modo de cumplimiento de la pena se suma lo que para esta CPM resulta de especial relevancia e interés: una serie de medidas reparatorias que promueven el respecto de los derechos humanos en sentido amplio, visibilizan las prácticas sistémicas de la violencia estatal y reconocen el impacto que produce en las familias de las víctimas directas.

En primer lugar, se intima al Ministerio de Seguridad para que se asista física, psicológica y psiquiátricamente a las víctimas originadas en la muerte de Germán Lopes: el núcleo familiar conviviente a la fecha del homicidio. Esa medida -destaca la jueza- no debe obstaculizar toda otra acción judicial o administrativa que las víctimas entiendan necesarias para reparar otros aspectos indemnizables.

Por último, se establece que a los efectos de la garantía de no repetición se deberá “publicar la sentencia en los medios gráficos y virtuales de este departamento judicial, en especial en medios de la localidad de San Pedro y en medios nacionales, estableciendo dichos medios la modalidad de la publicación y preservando los derechos de las víctimas”.