El presidente de la Comisión provincial por la Memoria explica en una carta la función del organismo y la postura respecto de las medidas en los penales boanerenses.

ANDAR en las cárceles

Hay sectores de la sociedad que levantan su voz y critican las medidas del gobierno de descomprimir las cárceles frente a la pandemia del coronavirus, acusan al gobierno de tomar medidas de liberar  delincuentes y  violar los derechos de las víctimas. Es necesario aclarar que es el poder judicial quien  determina la situación de los presos.

El Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria (CPM) desde hace años viene reclamando a los gobiernos la reforma urgente  del sistema carcelario, hoy colapsado, con edificios vetustos que se encuentran  en deplorables condiciones, con superpoblación carcelaria, hacinamiento extremo, práctica sistemática de la tortura, corrupción estructural y con un sistema sanitario deficiente que no puede dar respuestas mínimas de atención.

La CPM monitorea las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en sus informes ha señalado que las prisiones no son centros de recuperación de los internos, son depósitos humanos donde conviven en las peores condiciones; la mayoría terminan enfermos y con problemas físicos y mentales, sometidos a la violencia del personal penitenciario y de los mismos internos. Allí la gente bajo cuidado del Estado muere también de enfermedades curables como VIH, TBC, neumonías o diabetes que no se atienden.

No voy a profundizar las condiciones carcelarias, es la justicia la que determina las condenas y los grados de responsabilidad del delito de acuerdo a las leyes vigentes. Pero la justicia no es justa, más de la mitad de los detenidos está en las cárceles en prisión preventiva, es decir siendo inocentes y muchos no tienen un juicio con las garantías constitucionales vigentes.

Sí quiero señalar que los presos son seres humanos y es responsabilidad del Estado tratarlos con humanidad y responsabilidad. Sólo pierden derecho a la libertad pero deben garantizarse todos los demás derechos (salud, educación, trabajo, hábitat digna). Las cárceles no pueden seguir siendo depósitos humanos.

El país y el mundo están viviendo momentos inéditos y dolorosos por la pandemia del coronavirus que ha provocado muertes y su rápida expansión en la población. Basta tener presente la grave situación en países con muchísimos más recursos que el nuestro, las muertes e infectados y las consecuencias en la vida y desarrollo de los pueblos.

No existe hasta el momento vacunas o antídotos para detener la enfermedad, pero hay que enfrentarla con los conocimientos y recursos disponibles y la voluntad y solidaridad de los médicos y médicas y personal sanitario que están al servicio del pueblo arriesgando sus propias vidas.

El gobierno argentino ha logrado aplicar medidas sanitarias preventivas, como la cuarentena y control social en el país, para contener y retrasar la expansión de la epidemia. Y tiene en cuenta lo que puede ocurrir sin los medios sanitarios y de seguridad adecuados para impedir su propagación, y las posibles muertes e infectados si se desata el coronavirus en las prisiones.

No se trata de liberar a los presos/as, los jueces y el Poder Judicial tienen que determinar quiénes pueden tener detención domiciliaria y control social y quienes no, de acuerdo a la gravedad de sus delitos, edad, enfermedades y lo que los jueces determinen

Hay mujeres que viven con sus hijos/as en la prisión cumpliendo condena y es necesario preservar la vida y salud de la madre y sus hijos/as. También mujeres embarazadas y personas trans muy vulnerables.

Hay que clarificar e informar qué grupos opositores interesados han desatado una campaña contra el gobierno y algunos organismos de derechos humanos, diciendo que están liberando a presos peligrosos. Tanto el presidente de la Nación, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires han negado esas acusaciones y señalado que es el Poder Judicial quien ha de determinar la situación de los presos.

Sería conveniente que vean el llamado de la CIDH recomendando a los Estados que integran el sistema regional de DDHH adoptar un conjunto de medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades carcelarias, analizando la posibilidad de que, para las personas en grupo de riesgo (enfermos graves, mayores de 65 años, mujeres con sus hijos, embarazadas, personas trans) y próximas a recobrar su libertad, se evalúen medidas alternativas a la detención en cárceles.

En estos difíciles y graves momentos que vive el mundo es necesario actuar con serenidad y humanidad, nadie se salva solo, todos debemos sumar esfuerzos para salvarnos entre todos/as.

Adolfo Pérez Esquivel

29/4/2020