El pasado 13 de octubre, un joven de 15 años fue detenido por inspectores de tránsito en Trenque Lauquen; a plena luz del día, lo golpearon y arrastraron hasta el patrullero. En la comisaría, estuvo más de cuatro horas esposado en un calabozo, mientras dos policías se turnaban para pegarle en el piso. Diez días después, sigue en tratamiento médico por las lesiones. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene en el caso y ya realizó presentaciones ante la Auditoría de Asuntos Internos y la Fiscalía General departamental.

ANDAR en Trenque Lauquen

(Agencia Andar) El martes 13 de octubre, K. de 15 años y un amigo paseaban en motocicleta en la ciudad de Trenque Lauquen cuando, alrededor de las 15 horas, se cruzaron con tres inspectores de tránsito también motorizados que comenzaron a hacerle seña y gritarle que se detuvieran. K. se asustó, realizó un movimiento que hizo que el vehículo se parara y, al observar que los oficiales aceleraban en dirección suya, salió corriendo con la moto a tiro y se metió en un galpón que estaba abajo del camino.

Los inspectores, dos varones y una mujer, lo persiguieron y agarraron en el patio del depósito; sin explicarle la razón ni el motivo de la intervención, comenzaron a insultarlo y golpearlo. Lo tuvieron contra el suelo hasta que llegó un patrullero de la Policía de Trenque Lauquen. El agente policial que se bajó quiso patearlo en la cara peor K. llegó a correrse y recibió el golpe en el oído; después lo esposó y lo llevó a la rastra hasta el móvil.  Desde el lugar de su detención lo trasladaron directamente hacia el hospital público para labrar un acta médica que no consignó ninguna lesión.

Tras la revisión, K. fue trasladado ilegalmente a la comisaría; tiene 15 años y la ley prohíbe explícitamente que niños y niñas sean alojados en comisarías, muchos menos como ocurrió en un calabozo y esposado. Pero, además, los funcionarios policiales tendrían que haber puesto en conocimiento inmediato de la situación a la familia, a la justicia del fuero de responsabilidad penal juvenil y al Servicio local de niñez,  no ocurrió.

En ese marco de ilegalidad, K. fue torturado: lo dejaron esposado en el piso de calabozo durante más de cuatro horas, mientras dos policías se turnaban para pegarle patadas y piñas: “Ahora estás en casita y vas a saber lo que es”, lo amenazaban. Otra oficial estaba en el ingreso, haciendo guardia, desde ahí miraba las sesiones de golpes y se burlaba ante los gritos y llantos del joven: “Llorá más fuerte”, le gritaba.

El papá y la mamá de K. fueron recién notificados de la aprehensión alrededor de las 9 de la noche; cuando llegaron, vieron las múltiples lesiones que tenía en todo el cuerpo. El mismo comisario Sebastián Bartolomé admitió que el joven estaba golpeado, que él no había escuchado los gritos de auxilio y les sugirió que hicieran la denuncia y que vayan al hospital porque la historia clínica decía que no tenía golpes.

Ante la brutalidad del caso, la familia, amigos y amigas de K. denunciaron públicamente el caso; al tomar conocimiento de la situación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se puso en contacto con K. y su familia, y realizó presentaciones ante la Fiscalía General de Trenque Lauquen y la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Dos semanas después del hecho, el joven sigue sufriendo las secuelas del brutal ataque; además de la angustia y el temor por lo vivido, tiene fuertes dolores en las costillas y está con tratamiento médico por la lesión en el oído, que le dejó desde entonces episodios recurrentes de zumbido.

Cuando el papá y la mamá de K. fueron a retirarlo a la comisaría, el mismo comisario Bartolomé les había asegurado que era la primera vez que algo así pasaba. Ese comentario también generó el rechazo inmediato y una campaña en redes sociales con el lema: “No es la primera vez. Hay violencia policial en Trenque Lauquen”.

En ese sentido, cabe recordar que ya en 2016 la CPM había denunciado reiterados hechos de violencia policial por parte de agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) contra niños, niñas y jóvenes en la ciudad: Golpes, hostigamiento, insultos y detención de menores de edad en la comisaría violando todas las normativas vigentes.

En ese momento, la CPM denunció los hechos ante la AGAI y puso en conocimiento de la situación al intendente y el Concejo Deliberante. Cuatro años después, se vuelven a denunciar los mismos hechos.