Este martes la titular del Juzgado de Garantías 1 de Moreno, Adriana Alicia Julián, hizo lugar al pedido de detención y allanamiento de los domicilios de los policías bonaerenses Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito que habían sido requeridas por la titular de la UFI N° 7, Erica Chiessi. Esto por considerarlos coautores materiales de los delitos de torturas, abuso de autoridad y vejaciones en contra de distintos detenidos que estaban a su cargo. También rechazó el pedido de eximición de prisión realizado por las defensas de los policías. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció los hechos y se presentó como particular damnificado institucional. La dependencia policial se encuentra incluida dentro de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2014.

ANDAR en Moreno

(CPM) Los hechos de torturas y malos tratos que se investigan ocurrieron entre el 5 de junio y el 1° de agosto en la Comisaría 1ª de Moreno, e incluyen el pasaje de corriente eléctrica por los integrantes del Gabinete Técnico Operativo (comúnmente denominado servicio de calle). La CPM tomó conocimiento a partir de una denuncia telefónica que derivó en la realización de un monitoreo sorpresivo el 1° de agosto en la dependencia policial.

Los relatos obtenidos en la inspección dieron cuenta de la práctica por parte de los agentes del GTO de pasaje de corriente eléctrica: consistía en trasladarlos hasta el primer piso de la dependencia, colocarles los pies en un recipiente de plástico y aplicarles corriente eléctrica con un cable conectado a una batería. También se obtuvieron relatos que dieron cuenta de una práctica regular de violencia consistente en el ingreso de varios agentes policiales a las celdas y la aplicación de violencia física, amenazas y humillaciones.

Ante eso se radicó la denuncia de manera inmediata a la fiscalía en turno y se requirieron medidas urgentes. La Fiscalía dispuso en el mismo día el registro en la dependencia, lo que permitió el secuestro de los elementos de tortura descriptos por los detenidos.

La denuncia penal derivó en el procesamiento de los policías Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito por los delitos de torturas, abuso de autoridad y vejaciones reiteradas contra al menos 10 detenidos.

El relato de uno de los detenidos de 24 años en sede judicial, respecto a las vejaciones, torturas y amenazas constantes que sufrió mientras estuvo alojado en la Comisaría 1° de Moreno, es escalofriante: cuenta que cada vez que oía puertas metálicas cerca del calabozo en el que estaba detenido comenzaba a llorar por el terror que lo invadía.

En distintas ocasiones, los tres agentes del GTO vestidos de civil lo habían sacado de allí a los golpes, lo llevaron al primer piso de la dependencia policial y lo golpearon durante media hora en sesiones que incluían el pasaje de corriente eléctrica en los pies. Lo obligaban a desvestirse injustificadamente, lo amenazaban con abusar sexualmente de él y le rompían las pertenencias y comida que le llevaba su madre. Además de él, otros detenidos sufrieron durante estos últimos meses la violencia extrema y las torturas de los integrantes del GTO.

Sobre el grupo de detenidos que también padecieron los ataques, se destaca en la causa una noche que ingresaron varios policías vestidos de civil a un calabozo colectivo y, con la excusa de buscar un teléfono celular, comenzaron a golpear a todos con patadas y golpes de puño. Uno de estos policías fue descripto coincidentemente por las víctimas como “petiso, morrudito, y el que más se ensañó con las golpizas”; otro era un “flaco, alto”, y un tercero “grandote, rubio”.

Se trata de la descripción precisa y coincidente de los perfiles de los tres imputados, aunque en el expediente se aclara que participaron otros efectivos policiales cuya identidad aún falta determinar.

Otro detenido denunció con precisión haber sido víctima de la práctica de pasaje de corriente eléctrica. En el expediente se reconstruye que una noche lo llevaron a la oficina del GTO situada en el primer piso de la seccional 1° de Moreno y lo obligaron a colocar los pies en el interior de una palangana con agua. Dentro de la palangana tiraron las pinzas conectadas a los cables de un cargador de batería de auto y empezaron a amenazar y atormentarlo, exigiendo información sobre presuntos hechos delictivos. Como la víctima no tenía información para darles, le aplicaron pasaje de energía por alrededor de dos minutos. Esta secuencia con el cargador de baterías lo padeció al menos dos veces, y en una tercera ocasión lo amenazaron con sumergir en la palangana directamente un cable pelado conectado a 220 voltios, lo que lo habría matado.

En el marco de la investigación también se detectó que el registro de las cámaras de la dependencia había sido eliminado, hecho que está siendo investigado por la justicia y por la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

La tortura y los malos tratos en dependencias policiales son un problema estructural y sistemático: no se trata de casos aislados sino de un modo de gestión policial mediante prácticas violentas. En este sentido destacamos que esta comisaría se encuentra incluida en la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una presentación efectuada por la CPM en 2014. En su resolución la CIDH instó al Estado argentino a disponer medidas para garantizar condiciones dignas de detención y evitar el riesgo a la vida y la integridad de las personas alojadas en dependencias policiales. Sin embargo la Comisaría había sido rehabilitada recientemente por la Sala V del Tribunal de Casación.

En la inspección, aparte de los casos de torturas relevados, la CPM pudo constatar además las degradantes condiciones materiales de alojamiento en calabozos, buzones y demás espacios de encierro: falta de luz natural y artificial, mucho olor a orina y falta de limpieza, aislamiento prolongado y en espacios demasiado estrechos y constante presencia de violencia física. Ante esto se presentó un pedido al Tribunal de Casación para que la comisaría fuera inhabilitada, planteo que fue resuelto favorablemente.

No obstante esto, pocos días después fue encontrado sin vida el detenido Gonzalo Federico Ruiz de 21 años detenido desde el 21 de agosto, ahorcado en el calabozo de esta dependencia