Se trata de Casa del Sur una institución con sedes en Monte Grande que recibe jóvenes con problemas de consumo. La Comisión por la Memoria junto al Órgano de Revisión Local de la Ley Nacional de Salud Mental solicitaron a la Provincia que cancele el convenio con el lugar como dispositivo del sistema de promoción y protección de la niñez. A través de denuncias e inspecciones constataron la carencia de tratamientos adecuados, malos tratos y reiteradas violaciones a la Ley de Salud Mental. Varios de los casos denunciados son ahora investigados en la justicia penal.

ANDAR en Monte Grande

(Agencia Andar) “Sacate la capucha”, ordenó el operador. A. se negó y la discusión subió de tono. Hubo empujones y golpes y el asunto terminó con un grupo de jóvenes castigados, parados por horas, hasta quebrar en llanto. Esta es una de las tantas situaciones por las que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura pidió que la provincia rescinda el convenio que existe con Casa del Sur, una comunidad terapéutica con dos sedes situadas en la localidad de Monte Grande.

Mediante un informe la CPM alertó  al Organismo Provincial de la niñez y adolescencia sobre las condiciones de este lugar, tanto en los abordajes terapéuticos como en el estado edilicio, que atentan contra los Derechos Humanos y la dignidad de las personas internadas. A partir del trabajo de interdisciplinario los equipos de monitoreo de la CPM, junto al Órgano de Revisión Local de la Ley Nacional de Salud Mental del que es parte, detectaron numerosas denuncias por las condiciones de internación en estos centros y realizaron inspecciones al lugar, entrevistándose con los usuarios, el equipo tratante, directivos y personal administrativo, y revisando las historias clínicas.

“Casa del Sur no representa un dispositivo adecuado para garantizar tratamientos integrales en salud mental, por el contrario representa un espacio cerrado, de privación de la libertad para niños y jóvenes, donde se vulneran derechos básicos y se privilegia una lógica de funcionamiento de premios y castigos, asociada a malos tratos y torturas”, fue la conclusión del trabajo en el que constataron que la institución que supuestamente trabaja con problemas de adicciones no garantiza un tratamiento integral básico.

El informe de la CPM describe que los niños, jóvenes y adultos internados no tienen espacios terapéuticos separados; que no existe un tratamiento basado en las particularidades y las necesidades de las personas alojadas, y que el abordaje no se encuentra a cargo un equipo interdisciplinario. En los documentos ni siquiera resulta clara la modalidad de ingreso y muchas derivaciones se originan en otras provincias como Mendoza y Entre Ríos. El tiempo de internación es prolongado sin fundamentos y no hay personal suficiente para la cantidad de jóvenes alojados. La falta de profesionales afecta tanto la frecuencia como evolución de los tratamientos.

Sin respetar los principios de la Ley de salud mental lo que impera en Casa del Sur es la modalidad de premios y castigos. Los usuarios pueden ser castigados por diversos motivos con restricciones en cuestiones cotidianas como mirar por la ventana hacia afuera, realizar llamadas telefónicas o recibir visitas, o salir libremente al patio. Además si quieren transitar por la institución o comunicarse con sus afectos se encuentran constantemente acompañados por un operador o por los llamados “hermanos mayores”, otros usuarios con mayor tiempo en la institución.

A las inspecciones realizadas por la CPM les siguieron nuevas denuncias por hechos de violencia perpetrados por los operadores. En las entrevistas que se hicieron con las víctimas se advirtió “un estado de vulnerabilidad extrema” que motivó el inicio de investigaciones penales y una presentación ante la  Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación,  Marisa Graham, por uno de los casos detectados.