Lo definió el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal 2 de Comodoro Py. En los hechos, ocurridos en la cárcel de Devoto en 1978, murieron 65 personas y otras 89 víctimas fueron objeto de tormentos.

ANDAR en la justicia

(CIJ/ Agencia Andar) Juan  Carlos Ruiz, Horacio Martín Galíndez, Carlos Aníbal Sauvage y Gregorio Bernardo Zerda  deberán permanecer detenidos durante lo que resta del proceso que investiga los hechos conocidos como la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurridos el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto. En ese momento Ruiz era el director del penal de Villa Devoto, Galíndez, alcaide mayor, Sauvage, jefe de la sección requisa, y Zerda, celador de pabellón.

La causa está en el Juzgado Federal 2 de Comodoro Py y fue considerada como crimen de lesa humanidad en 2015 por la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py; esa carátula permitió avanzar con la investigación.

Rafecas impone la prisión preventiva para estos cuatro ex funcionarios por la imposición de tormentos reiterados contra más de un centenar de víctimas. El juez tiene por probado que esa mañana, como represalia por un episodio sucedido la noche anterior, los agentes del Servicio Penitenciario realizaron una requisa violenta en el Pabellón Séptimo de la Unidad 2 donde se alojaban más de 160 personas. Para defenderse de una represión indiscriminada los detenidos amontonaron colchones intentando bloquear balas y gases lacrimónegenos. Por motivos que en la causa no pudieron discernirse, los colchones amontonados se prendieron fuego. Los efectivos del Servicio Penitenciario Federal continuaron con la represión y omitieron emplear los medios a su alcance para combatir el incendio.

A lo largo de la resolución, el juez tuvo en consideración que estos sucesos ocurrieron en una de las Unidades Penitenciarias que habían sido elegidas por el gobierno militar para el alojamiento de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional: Muchos de los presos habían sido legalizados después de su detención ilegal en alguno de los centros clandestinos de detención que funcionaron en el país. El penal además se encontraba bajo el control del Ejército Argentino, fuerza que hizo extensivas algunas de las prácticas de la represión ilegal a la vida cotidiana de la unidad carcelaria.