PRESENTACIÓN CONJUNTA CON CELS, AADI Y ENDEPA Nota al Ministerio de Seguridad de la Nación
Buenos Aires, 12 de enero de 2017
Señora Ministra de Seguridad de la Nación
Lic. Patricia Bullrich
S / D
Cc. Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj
Nos dirigimos a Usted para solicitarle la adopción de medidas urgentes de protección e investigación respecto a lo ocurrido en la comunidad mapuche Cushamen y los hechos graves de represión, criminalización y hostigamiento de los que son víctimas sus integrantes. Además le solicitamos que se abran canales de solución política del conflicto territorial con la comunidad para garantizar la no repetición de hechos de violencia por parte de autoridades federales y provinciales.
- Los conflictos mapuches como “amenazas terroristas”
Los hechos de violencia de los que fueron víctimas los integrantes de la Comunidad Cushamen son expresión de un Estado federal que no estuvo dispuesto a resolver el conflicto territorial de fondo y en cambio alimentó el abordaje represivo. Ante la orden de desalojo del juez federal Otranto, la intervención violenta de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) generó que la provincia de Chubut se sienta habilitada a intervenir ferozmente.
El Estado nacional estaba participando de la mesa de negociación abierta por el juez federal con motivo del bloqueo de las vías del Viejo Expreso Patagónico. La empresa ferroviaria estatal, es decir el gobierno de la provincia, dio por terminada la negociación y el juez dictó la orden de allanamiento.
El gobierno nacional considera que conflictos como el que protagoniza la comunidad mapuche son amenazas a la seguridad de la Nación, los asocia con actividades terroristas y reconduce toda la actuación estatal a eliminar esta hipótesis.
Esta visión está claramente expresada en el informe de gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación de agosto de 2016. Según su perspectiva, los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales no constituyen derechos constitucionales sino delitos federales, ya que ellos se propondrían “imponer sus ideas por la fuerza”. En ese informe, el gobierno atribuye a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas en las provincias de Chubut y Río Negro”. Para el Ministerio a su cargo la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos”.
En esta misma línea, hoy el ministro de gobierno de la provincia de Chubut Pablo Durán declaró que los integrantes de la RAM son “un grupo terrorista, de delincuentes”.
La participación de fuerzas federales de seguridad e inteligencia en tareas de espionaje a la población ya había sido denunciada por la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) en una nota dirigida en agosto al presidente Mauricio Macri y al gobernador de Chubut Mario Das Neves. Esa nota no tuvo respuesta.
Por su parte, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti dijo en una entrevista con la Radio Nacional de Esquel que se estaba evaluando la comisión del delito federal de atentado contra el orden público contemplado en el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime hasta con ocho años de prisión la pertenencia a una agrupación cuyo objeto principal o accesorio fuera “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
Estas definiciones políticas y las causas penales abiertas para criminalizar los reclamos son los desencadenantes de los tres hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad sufridos por la Comunidad el martes y el miércoles.
La respuesta del gobierno nacional al conflicto por la recuperación de tierras cuya propiedad se disputan la Compañía de Tierras del Sur Argentino, es decir la trasnacional Benetton, y la Comunidad de Resistencia Mapuche en el departamento Cushamen es la mayor expresión de esa respuesta represiva a los reclamos territoriales del pueblo mapuche.
Hay un hilo conductor entre la idea discriminatoria de que los indígenas son una amenaza terrorista, el desprecio a los derechos de los pueblos indígenas, la actuación ilegal de las fuerzas de seguridad y la persecución criminal a sus líderes.
- La historia del conflicto
El 13 de marzo de 2015 un grupo de integrantes de la comunidad mapuche recuperó un territorio en el Departamento Cushamen, de Chubut. Aquella acción fue reivindicada por la Lof en Resistencia Cushamen. Ese mismo día, la Compañía de Tierras del Sur Argentino presentó una denuncia ante la justicia local, actuaciones en las que se investigaba la posible usurpación de aquel territorio.
El viernes 27 de mayo de 2016, con la excusa de buscar a Facundo Francisco Jones Huala, efectivos policiales, Gendarmería y el Grupo Especial de Operaciones de Chubut allanaron el territorio reivindicado como tierras ancestrales de los mapuches. Durante el operativo fueron detenidos Huala y otros seis integrantes de la comunidad sobre quienes no había una orden de captura vigente. En el desproporcionado allanamiento se utilizaron autos particulares sin identificación y parte del personal de las fuerzas de seguridad estaba encapuchado. En la comunidad había varias mujeres con niños a quienes se las intentó detener, sin orden judicial y sin intervención del asesor de menores.
En el proceso judicial seguido por el delito de usurpación, el ministerio público solicitó la aplicación de la ley antiterrorista por los hechos endilgados a Huala, posición que fue sostenida por el juez. Dado que los delitos calificados como terroristas son de competencia federal, la causa fue girada al Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto. El magistrado no compartió la calificación, por lo que debió dirimir la cuestión de competencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal rechazó la aplicación de la ley antiterrorista.
Corte de vías del expreso patagónico “La Trochita”
Como parte del reclamo por la tenencia de las tierras y la persecución judicial, integrantes de la comunidad realizaron diversos cortes de vías.
El Juez Otranto convocó a una instancia de mediación entre los dirigentes de la Comunidad, el gobierno de Chubut, representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y los administradores del Viejo Expreso Patagónico para lograr una salida al conflicto.
Sin embargo, el 17 de noviembre pasado el representante del Viejo Expreso Patagónico decidió no seguir participando de la mesa de negociación. El 22 de diciembre el juez Otranto ordenó la liberación de las vías y el pasado 10 de enero la GNA realizó un operativo cerrojo que culminó con una violenta represión.
- Los operativos policiales ilegales
El martes 10 de enero el juez Otranto, con el objetivo de despejar las vías del tren, dispuso que la Gendarmería llevara adelante el operativo. Según el comunicado emitido por el juez, la GNA debía “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita.” La edición del lunes de Página/12 informó que existía una amenaza de irrupción violenta ya que los funcionarios de Gendarmería preguntaron en el hospital de Esquel si tenían capacidad para atender heridos graves.
Según informaron medios locales, cerca de 200 efectivos de GNA llegaron al lugar y realizaron un operativo cerrojo de 4km para impedir el ingreso de cualquier persona.
La GNA reprimió con balas de goma y golpes a los integrantes de la comunidad que se encontraban en el lugar. Los efectivos de GNA utilizaron matafuegos para apagar el fuego que los integrantes de la comunidad usaban para calentarse. Mujeres y niños fueron afectados por el polvo irritante de los matafuegos.
Autorizado por el juez Otranto, el defensor provincial, Fernando Radziwilowsky, se constituyó en uno de los ingresos al operativo cerrojo. Los agentes de la GNA le impidieron el ingreso y lo agredieron físicamente, lo inmovilizaron e intentaron esposarlo. Luego de una discusión con uno de los responsables del operativo, logró ingresar al lugar y verificó la existencia de mujeres esposadas en el piso. La GNA secuestró los teléfonos celulares de las personas que se encontraban en el lugar a pesar de que la orden judicial no ordenaba esta medida.
En el operativo detuvieron a tres integrantes de la comunidad Lof en Resistencia. Ayer, el juez federal, Guido Otranto, rechazó la excarcelación de los tres imputados (Nicolás Daniel Hernández Huala, Ariel Mariotta Garzi y Ricardo Antigual). Permanecen detenidos en la Unidad Federal 14 acusados de interrupción de la circulación del transporte ferroviario, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado.
Pasadas las 17 horas, el juez provincial José Colabelli dispuso un segundo operativo a partir de una denuncia por la presunta tentativa de abigeato. La policía de Chubut se desplazó hacia la zona con el supuesto objetivo de realizar un rastrillaje en busca de los animales. Un grupo de personas que se dirigía hacia la comunidad para apoyar el reclamo fue interceptado por los agentes de la policía provincial quienes los persiguieron por varios kilómetros hasta la localidad del Maitén. Los agentes dispararon con balas de goma contra los manifestantes. Durante el procedimiento la policía detuvo a cinco varones y dos mujeres. Uno de los detenidos tendría una fractura en un brazo. Durante casi cinco horas se desconoció el paradero de los detenidos.
El miércoles 11 de enero cerca de las 20 horas tuvo lugar un tercer hecho de violencia policial. La Infantería de Chubut disparó balas de goma y plomo directamente al cuerpo de los integrantes de la comunidad. Emilio Jones Huala recibió un impacto de perdigón de bala de goma en su rostro que le provocó la fractura del maxilar derecho. Otro de los heridos, Fausto Jones Huala se encuentra inconsciente con traumatismo de cráneo y sangrado de oído. Fue trasladado de urgencia a Bariloche. Este operativo no estuvo dispuesto por ninguna autoridad judicial y no había ninguna justificación para la intervención de la Infantería.
Los tres operativos se produjeron sin respetar los estándares de uso legítimo de la fuerza de protestas o desalojos poniendo en riesgo la vida y la integridad de los miembros de la comunidad. A su vez, los operativos policiales de la provincia fueron realizados con inusitada de violencia con el uso de armas de fuego y sin una orden que los justificara.
- Conclusión y petitorio:
Por todo lo expuesto, señalamos que los integrantes de la comunidad Lof Cushamen deben ser especialmente protegidos en tanto los sucesos de los últimos meses evidencian un especial ensañamiento por parte de las fuerzas de seguridad (provinciales y federales) contra quienes promueven y sostienen el reclamo territorial y comunitario en Cushamen.
Por estas razones solicitamos y exigimos al Ministerio de Seguridad de la Nación que:
- Garantice las condiciones necesarias para que ningún hecho de violencia suceda contra los integrantes de la comunidad Lof Cushamen. Es necesario que el ministerio adopte medidas concretas para que el conflicto territorial y comunitario se resuelva de manera pacífica contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos de miembros de las fuerzas públicas provinciales o cualquier otro agente estatal. Conforme los estándares internacionales y de derecho interno en materia de derechos de las comunidades indígenas, las modalidades específicas de estas medidas de protección deberán fijarse de común acuerdo en conjunto entre las autoridades estatales y los representantes indígenas.
- Informe de manera detallada y específica cómo se desarrolló el operativo de Gendarmería el martes 10 de enero de 2017, en horas de la mañana, incluyendo la nómina de autoridades de Gendarmería a cargo y quiénes lo integraron. Debe informar también si se iniciaron actuaciones sumariales por estos hechos respecto del personal involucrado. Y en caso de que no se hayan iniciado actuaciones administrativas pertinentes, resulta necesario que ese Ministerio lleve adelante todas las medidas a su alcance tendientes a investigar y sancionar a los responsables de los abusos a la comunidad.
- Tenga en cuenta que el Comité de Discriminación Racial de la ONU, el 9 de diciembre de 2016, en la evaluación sobre la situación de la discriminación racial en la Argentina, señaló que una de las preocupaciones principales del órgano son las situaciones de violencia y desalojos que sufren las comunidades indígenas y los defensores de derechos humanos de nuestro país1.
Saludos a Ud. Atentamente,
Horacio Verbitsky, presidente Centro de Estudios Legales y Sociales
Sandra Ceballos, AADI – Asociación de Abogados de Derecho Indígena
Francisco Nazar, ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
Adolfo Pérez Esquivel, Comisión Provincial por la Memoria
Víctor Mendivil, Comisión Provincial por la Memoria
Anexo fotográfico
