La titular del Juzgado Federal de Río Grande, Mariel Borruto, decidió habilitar la feria judicial y dispuso -tal como habían solicitado la fiscalía y las querellas- llamar a indagatoria al general Omar Parada y otros cinco oficiales por las torturas cometidas contra sus propios soldados durante la guerra de Malvinas. Sin determinar aún las fechas, las audiencias se realizarían por videoconferencia. En febrero pasado, otros cuatro militares ya fueron procesados por estos crímenes. La causa tiene más de 120 denuncias y 95 imputados. La Comisión Provincial por la Memoria es querellante junto al CECIM-La Plata y la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

ANDAR en Río Grande

(Agencia) Antes de la feria extraordinaria declarada por la Corte Suprema de Justicia de Nación a raíz de la pandemia por coronavirus, la fiscalía federal de Río Grande y la Procuraduría de crímenes contra la humanidad habían solicitado que se fije fecha para la realización de las audiencias indagatorias contra seis militares imputados por torturar a soldados conscriptos durante la guerra en las islas Malvinas. Esta semana, el equipo de abogados del Centro de ex combatientes La Plata (CECIM) también planteó la necesidad de dar continuidad al proceso judicial.

Finalmente, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto decidió ayer, en conformidad con estos pedidos, habilitar la feria y disponer el llamado a indagatoria del general Omar Parada y los oficiales Emilio Samyn Duco, Jorge Díaz, Jorge Santiago Caldelago, Horacio Vlcek y Jorge Masiriz.

En su decisión la jueza Borruto reconoció las limitaciones que significan las medidas sanitarias adoptadas por el coronavirus para el desarrollo de las actividades del poder judicial y la imposibilidad comparecer en la sede del juzgado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio y el cierre de las vías de comunicación aérea y/o terrestre. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la magistrada recordó que, en este mismo proceso, otros imputados ya prestaron declaración indagatoria mediante el sistema de videoconferencia con que cuenta el Poder Judicial de la Nación.

Para efectivizar las audiencias indagatorias, la jueza federal sostuvo que es necesario que los juzgados federales de las ciudades donde viven actualmente los imputados presten sus salas para la realización de las videoconferencias. Por ese motivo, a pesar del llamado a indagatoria, no se fijó aún fechas de audiencia.

En ese orden, y señalando la posibilidad de analizar otras alternativas, Borruto invitó al Ministerio Público Fiscal a presentar, hasta el 15 de junio, los cargos que considere contra los imputados. Al mismo tiempo, convocó a las querellas a remitir hasta esa fecha los pliegos de preguntas para las indagatorias. Además, del CECIM-La Plata, participan como querellantes la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

Por otra parte, en la misma resolución, la titular del Juzgado Federal de Río Grande rechazó tres pedidos de la defensa del imputado Ramón Caro por considerar que no tenían pertinencia ni utilidad de dicha prueba para los hechos que se investigan.

La causa Malvinas se inició en 2007, tiene más de 120 denuncias y 95 imputados. Entre las torturas citadas en el expediente se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, entre otras.

Cabe recordar que en febrero pasado, el Juzgado Federal de Río Grande dictó el procesamiento de los militares Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini. Los cuatro están imputados por torturas contra más de 20 soldados del Regimiento de Infantería 5 durante la guerra de Malvinas.