La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realiza el II Encuentro de familiares víctimas de la violencia institucional en el complejo turístico de Chapadmalal. En la apertura estuvieron el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, la flamante miembro de la institución, Nora Cortiñas y Roberto Cipriano García. Durante el evento se desarrollan talleres de intercambio y mesas debate para reflexionar críticamente sobre la violencia policial, carcelaria y judicial.

Provenientes de Jujuy, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Rio Negro, Chubut, Capital Federal y diversos lugares de la Provincia de Buenos Aires, más de 320 familiares y organizaciones participan del II Encuentro Nacional contra la violencia institucional que organiza y coordina la CPM en Chapadmalal.

Durante la  apertura, Adolfo Pérez Esquivel también se dirigió a los familiares: “Les hablo no sólo como presidente de la CPM sino como ex presidiario que conoce las cárceles por adentro y por afuera. Sabemos que las cárceles son depósitos humanos y por eso debemos redoblar nuestros esfuerzos para cambiar esa realidad. El cambio lo tiene que construir el pueblo organizado, desde abajo hacia arriba, y para eso es importante que los familiares de víctimas y los militantes por los derechos humanos se organicen, formen redes y sepan qué hacer frente a tanta violencia del Estado”.

“Ante el inminente cambio de gobierno, vamos a exigir y luchar por las mismas causas que hasta ahora: el respeto irrestricto a los derechos humanos”, afirmó Pérez Esquivel y agregó: “La democracia no se regala, sino que se construye. Cada uno de ustedes es importante. Por favor, no pierdan la sonrisa ni las fuerzas para luchar”.

Por su parte, la nueva integrante de la CPM y miembro de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora, Nora Cortiñas, hizo un llamado a la continuidad de las luchas populares “para mantener las conquistas y avanzar en todo lo que falta. Tenemos que estar atentos y activos y saber que lo que hacemos es por los otros; es para que a nuestros jóvenes no los persiga ni torture el sistema”.

“Las Madres hemos transitado las calles del dolor y todos los dolores son iguales. Si algún día nosotras bajáramos los brazos desaparecerían definitivamente nuestros hijos. Cada hija o hijo es parte de nuestra vida”, destacó Nora Cortiñas.

De este II Encuentro participan más de una veintena de organizaciones, entre ellas FAVISIC, ACIFaD, Cooperativa Esperanza, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Asociación Camino al Siglo XXII, Familiares de la Masacre de Quilmes, Familiares y Amigos de Florencia “la China” Cuellar, COFAM, COVIC, Xumec de Mendoza, Observatorio de DDHH de Rio Negro, Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional de Santiago del Estero, Consejo Municipal contra la Violencia Institucional de Punta Indio, Atrapamuros.

 Organizarse contra el dolor

Para la CPM el acompañamiento a los familiares víctimas de la violencia institucional ha sido una de las preocupaciones centrales de su agenda de trabajo. En junio de este año, con motivo de la presentación de su Informe Anual 2015, El sistema de la crueldad, se realizó el primer Encuentro Nacional de familiares que contribuyó al fortalecimiento de una agenda común y la articulación de estrategias territoriales de intervención.

A partir de las inquietudes y dificultades observadas por los familiares, se proyectó este nuevo encuentro con el compromiso y el convencimiento de desarrollar canales de diálogo y participación colectiva que permita construir herramientas para la defensa y promoción de los derechos de las personas que sufren el avance represivo de los agentes penales del Estado.

En ese marco, se pensaron una serie de talleres y charla debate para abordar la discusión sobre las violencias del Estado y los desafíos de organizarse para enfrentar conjuntamente el dolor y la impunidad.

Durante estas jornadas, Pérez Esquivel y Nora Cortiñas participaron del conversatorio “Con moverse frente al dolor”, con el acompañamiento de Susana Méndez, integrante permanente de la CPM. Este espacio de diálogo permitió el intercambio con los familiares sobre las experiencias particulares, los modos de vinculación y organización entre los familiares de víctimas.

Asimismo, entre el sábado y domingo se desarrollaron seis talleres sobre violencia policial, violencia carcelaria, violencia judicial, articulación de organizaciones, estrategias de comunicación y políticas pospenitenciarias. Allí se trabajó en la identificación de las problemáticas y desafíos comunes, la articulación de redes de contención y las distintas herramientas para  la denuncia de la violencia institucional.

Entre las conclusiones de los talleres, se destaca la necesidad de formular estrategias colectivas de intervención frente a la desidia y demora judicial, la existencia de sentencias que no se ajustan al valor de las pruebas y/o a la gravedad de los delitos, y la discriminación y maltrato de los actores judiciales contra quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad frente a la violencia del Estado. Estas conclusiones, se desprenden del reconocimiento de la sistematicidad de las prácticas de torturas en los lugares de encierro y de la ilegalidad de las prácticas territoriales de las policías; problemáticas que persisten con/por connivencia del poder político y judicial.

También se discutió acerca de la creación de un mapa territorial con el relevamiento de casos de violencia institucional que cada organización conoce y aborda; formas y herramientas jurídicas básicas de intervención ante situaciones de violencia policial en la vía pública; instancias periódicas de encuentro, reflexión y formulación de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos a fin de incidir en las formas de intervención de las fuerzas.

Ante esta situación, se remarcó el valor de las organizaciones de familiares como instituciones sociales y territoriales de contención, denuncia y con capacidad para incidir en las discusiones sobre políticas públicas. En ese sentido, se refirió a la necesidad de  articular los distintos niveles de intervención de estos organismos para construir una agenda común, promover una mayor movilización social en torno a la promoción de derechos y disputar los sentidos sociales que estigmatizan y criminalizan a los sectores populares.