En un contexto de consolidación de políticas punitivistas que violan gravemente los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta el Informe Anual 2018: El sistema de la crueldad XII, sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires. El informe denuncia una crisis humanitaria del sistema penal que alcanza récord de personas detenidas, sobrepoblación, hacinamiento, tortura y muerte. Por su crueldad y dureza, la muerte de siete jóvenes en la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino es la expresión extrema de esa situación. Casi un año y medio después, el Estado provincial no hizo nada para revertir las condiciones estructurales que hicieron posible esa masacre. La presentación del informe se realizará el viernes 10 de agosto a las 10:30 horas en el Anexo del Senado, 7 esquina 49, La Plata.

ANDAR en la Provincia

(CPM) Este décimo segundo informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) vuelve a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal que exigen reformas estructurales de manera urgente. No es sólo un material de denuncia; es un posicionamiento ético frente al dolor de las víctimas y una demanda pragmática: si se sigue profundizando este modelo de gobernabilidad basado en el endurecimiento del Estado en su acción represiva, la sociedad será cada vez más violenta, desigual e insegura.

El record de 45 mil personas detenidas en la provincia de Buenos Aires no sólo revela un récord histórico: muestra el vertiginoso crecimiento que tuvo la tasa de encarcelamiento en los últimos dos años. Es la consecuencia de una política criminal que extrema la persecución y captura de los sectores más pobres de nuestra sociedad, avalada y consentida por todos los poderes del Estado y gran parte de la dirigencia política. Aunque no es nueva, sus consecuencias son cada vez más dramáticas.

Los números son contundentes: hay un 91% de sobrepoblación en cárceles y un 197% en comisarías. Estas condiciones generan padecimiento y muerte. Durante el 2017 se estima que más de 160 personas murieron en cárceles provinciales y 22 en comisarías, la mayoría por causas vinculadas a la desatención de la salud. Los casos registrados de tuberculosis crecieron exponencialmente: de 187 en 2016 a 436 en 2017. Pese al estado sanitario crítico, la Provincia se niega a que la Dirección de Salud Penitenciaria -hoy bajo dependencia del Ministerio de Justicia- pase a depender del Ministerio de Salud.

Todo esto ha provocado una crisis humanitaria en el sistema de encierro, que ha sido sistemáticamente denunciada por la CPM como mecanismo de control y monitoreo de lugares de encierro y reconocida además por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, y pese a que la actual gestión de gobierno asumió hace ya más de dos años reconociendo la crisis en materia penitenciaria y de seguridad, nada hizo para transformar esta situación. Todo lo contrario: consolidó y profundizó un punitivismo duro, de larga data en la Provincia, y claramente ineficaz para combatir los problemas de seguridad

En ese contexto, la CPM presenta el Informe Anual 2018. El sistema de la crueldad XII, sobre lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires.

El acto se realiza el viernes 10 a las 10:30 horas en el Anexo del Senado provincial, calle 7 esquina 49 de La Plata. El panel de presentación estará integrado por el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, su secretario Roberto Cipriano García, Gustavo Hornos, juez del Tribunal de Casación Federal y presidente del Sistema de coordinación y seguimiento de control judicial de unidades carcelarias, Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y Sergio Brito, ex-detenido e integrante de la Red de familiares víctimas de violencia institucional de la CPM. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general de la CPM Sandra Raggio.

Durante la jornada se expondrán diagnósticos cualitativos y cifras correspondientes al trabajo realizado durante el año 2017 por la CPM, en su carácter de mecanismo local preexistente de control y monitoreo de lugares de encierro en la Provincia, conforme lo establece el protocolo facultativo a la convención contra la tortura de la ONU. Además del análisis y valoración de las cifras que señalan este crecimiento histórico de los índices de prisionización, hacinamiento y sobrepoblación, se presentarán también los datos vinculados a los hechos de tortura y/o malos tratos relevados, la grave situación que atraviesa el sistema de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, las políticas de seguridad, el rol de la Justicia y el estado de los lugares de encierro –manicomios- para personas con padecimiento mental.

En el marco de la de presentación, la CPM también organiza una jornada de trabajo, formación y capacitación que reúne algunas de las principales líneas de trabajo del organismo y que conforman la agenda de la democracia: violencia institucional y prevención de la tortura, la organización de los familiares, salud mental, niñez y educación en memoria y derechos humanos.

En esas jornadas se realiza el Encuentro latinoamericano de mecanismos de prevención de la tortura con la presencia de referentes de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Costa Rica y Argentina, e integrantes de mecanismos locales o provinciales argentinos, organizaciones no gubernamentales, familiares víctimas, funcionarios judiciales e investigadores. También habrá un encuentro provincial de consejos locales de niñez y adolescencia, el encuentro de la red de familiares víctimas de violencia institucional (con la participación de más de 200 miembros de organizaciones que vienen trabajando con la CPM) y el encuentro de salud mental y derechos humanos. En paralelo, más de 350 docentes participarán de la capacitación para docentes y coordinadores del programa Jóvenes y memoria con cuatro mesas de trabajo: dictadura, Malvinas, violencia del Estado en los territorios y género.

La participación de familiares víctimas de la violencia institucional, funcionarios públicos, legisladores, actores judiciales, docentes, organizaciones sindicales y de derechos humanos, junto a la presencia de los referentes latinoamericanos es un reconocimiento a la labor de la CPM y valoriza la importancia de este trabajo de control del accionar de las agencias penales del Estado y producción de información sobre el sistema de encierro y las políticas públicas de seguridad y niñez.

La presentación de un nuevo informe anual es parte de la decisión institucional de seguir colocando en la agenda pública las violaciones a los derechos humanos para que se pongan en marchas reformas imprescindibles y urgentes. Con este compromiso, la CPM reitera la invitación a la jornada de presentación que comienza el viernes 10 de agosto a las 10:30 horas en el Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, calle 7 esquina 49, La Plata.