El TOF 6 de CABA otorgó este mediodía la prisión domiciliaria transitoria para Luis D´Elía al considerar que su actual estado de salud lo coloca en situación de alto riesgo frente al avance del coronavirus. En su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, la Comisión por la Memoria (CPM-Mecanismo) se había presentado ante el mismo tribunal como amicus curiae para acompañar el pedido de morigeración presentado por la defensa. En los últimos días, la CPM realizó más de 500 presentaciones judiciales en favor de personas detenidas que por sus condiciones de salud constituyen factor de riesgo ante el avance del COVID-19.

ANDAR en la justicia

El TOF 6 de CABA accedió este mediodía a otorgar de manera transitoria la prisión domiciliaria a Luis D’Elía, mientras sus condiciones de salud representen un factor de riesgo ante la expansión del COVID-19. El pedido había sido realizado días atrás por la defensa y fue acompañado por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de prevención de la Tortura mediante la presentación de un amicus curiae solicitado por la defensa, a posteriori de la resolución de Casación.

Según un informe del Servicio Penitenciario Federal, Luis D’Elía integra el listado de internos de riesgo con motivo del CoViD19. Además, su estado de salud se encuentra debidamente acreditado como lo expone el propio fallo de la Cámara de Casación Penal, al destacar que se trata de un “paciente coronario, diabético, revascularizado, con isquemia perinecrosis, que requiere tratamiento antisquémico completo, actividad física programada y control de stress físicos y psíquicos”.

Además de estos antecedentes particulares vinculados con el caso específico, en los argumentos principales expuesto por la CPM-Mecanismo se menciona también que el Estado tiene la “obligación de adoptar medidas concretas para respetar y promover los derechos humanos esenciales como son el derecho a la vida y la integridad personal”, tal como lo establece la jurisprudencia internacional.

En este sentido, el texto retoma la consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en el marco de la expansión de la pandemia de COVID-19 se pronunció diciendo que le cabe a los Estados “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la revaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.”

También en el ámbito internacional, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura emitió recomendaciones detalladas sobre acciones que pueden realizar los gobiernos y los órganos de monitoreo independientes para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia de COVID-19. Las medidas incluyen considerar la reducción de población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad; la revisión de todos los casos de prisión preventiva; extender el uso de fianzas con excepción de los casos más graves; así como revisar y reducir la detención de migrantes y los campos cerrados para refugiados. Las recomendaciones también llaman a los órganos de monitoreo independiente a continuar ejerciendo su mandato de prevención durante la pandemia.

Frente a esto, la CPM-Mecanismo junto al Comité Nacional para la prevención por la Tortura vienen realizando un trabajo conjunto y articulado, en el marco de las facultades que la ley les otorga, solicitando informes a las autoridades provinciales y nacionales  sobre las medidas adoptadas para prevenir el contagio de Covid-19 en todo contexto de encierro: las  unidades penitenciarias, comisarías, centros cerrados de jóvenes, centros de salud mental, geriátricos y  hogares de niños, entre otros.

En el marco de estas acciones, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la CPM-Mecanismo realizó en los últimos días más de 500 presentaciones judiciales similares a las que acompañaron el caso de luis Delia, para que bajo los mismos argumentos del derechos a la preservación de la vida y la integridad personal, y evaluando las condiciones de riesgo específicas, la justicia acceda a otorgar morigeración de penas a las detenidas y detenidos del ámbito provincial.    

Cabe destacar que esta decisión de la justicia sobre Luis D’Elía no debería ser transitoria sino definitiva, ya que su condena se inscribe en el marco de la persecución judicial de la gestión anterior de gobierno a opositores políticos.