Esta semana se realizó la segunda reunión de la mesa interinstitucional impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para trabajar sobre la grave crisis humanitaria en cárceles bonaerenses, en particular la sobrepoblación y hacinamiento y la práctica sistemática de la tortura.  La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó de la audiencia  y reiteró el pedido de incluir las voces de las víctimas, personas detenidas y organizaciones de familiares, en la consolidación de un diálogo indispensable para abordar la situación. En esa línea, se resolvió que la próxima reunión será en la Unidad Penitenciaria de Olmos con representantes de las personas detenidas.

ANDAR en la Provincia

(CPM) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó de la segunda reunión de la mesa de diálogo interinstitucional por la crisis del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires. El espacio de trabajo se constituyó como respuesta del ministerio que conduce Julio Alak a una masiva huelga de hambre de detenidos en diciembre pasado, a lo largo de distintos penales de la Provincia. De la misma participan los tres poderes del estado y representantes de ONGs y organismos públicos.

Desde el primer momento, el reclamo se centró en las pésimas condiciones de vida en las cárceles, agravadas por políticas de encierro expansivas y un accionar judicial que niega el acceso a derechos de los detenidos que legalmente están en condiciones de hacerlo.

Todas las partes que participan de la mesa de diálogo, coinciden en la gravedad de esta situación humanitaria y en impulsar medidas para aliviar la situación de sobrepoblación y hacinamiento en los lugares de encierro de la provincia.

En ese sentido, como mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires, la CPM presentó en esta segunda mesa, un informe sobre la evolución de la tasa de prisionización y sobrepoblación en los últimos años. Los datos estadísticos, que surgen de las propias tareas de monitoreo y control de los lugares de encierro, aportan información para la discusión del problema y confirman el diagnóstico de grave crisis humanitaria que se atraviesa.

El organismo remarcó el uso extendido de la prisión preventiva, es decir detenidos sin condena, en casos de delitos con pena de expectativa baja. A esto se agrega el escaso uso de medidas alternativas a la prisión o morigeraciones que, por lo general, no suelen ser acogidas en los juzgados de ejecución penal. En esta cuestión de señalaron los déficits de los informes criminológicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que deben ser abordados para su revisión.

Entre las poblaciones particularmente vulnerables, la CPM sostuvo la necesidad de revisar los criterios de encierro en el caso de las mujeres o madres con hijos o hijas en la cárcel. También señaló considerar el arresto domiciliario para los sobrevivientes de las masacres de Pergamino y Esteban Echeverría, dos casos con múltiples muertes en comisarías.

Por otra parte, además de avanzar en el diagnóstico de la grave situación carcelaria, en la segunda reunión de trabajo interinstitucional se asumió el compromiso de incluir la voz de las personas detenidas y familiares en la discusión, porque son quienes más conocen la situación en el encierro y el sufrimiento que se padece en estos lugares. La CPM había solicitado que sean incorporadas pues serán un aporte fundamental  en la búsqueda de verdaderas reformas del sistema penal.

Aliviar la situación de sobrepoblación en las cárceles requiere de reformas estructurales y para ello resulta necesario revertir la política criminal de persecución y sobre-encarcelamiento de los eslabones más débiles del delito. Por eso motivo, la CPM sostuvo la necesidad de incorporar en la mesa al Ministerio de Seguridad y el análisis del accionar policial en los territorios.

La segunda reunión contó también con la presencia del coordinador del Sistema de coordinación y seguimiento de control judicial de unidades carcelarias Gustavo Hornos y los restantes participantes del espacio: funcionarios del poder ejecutivo, jueces, el defensor del Tribunal de Casación, el Procurador General, la Defensoría del Pueblo, el arzobispado de La Plata, legisladores, organizaciones no gubernamentales y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura.

Como resultado de esta instancia se acordó una reunión de equipos técnicos que buscarán poner en común información y relevamientos que den sustento a las discusiones y propuestas que surjan en la mesa y también que la próxima mesa se realice en el penal de Olmos para facilitar la participación de detenidos.

Como lo hizo tras el anuncio de la creación de esta mesa de diálogo, la CPM valora la puesta en valor y jerarquización de este espacio, como paso imprescindible para revertir la grave crisis que atraviesa el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires.