Ramírez era un militante social involucrado en el reclamo de tierras en el conurbano bonaerense y formó parte de las Comunidades Eclesiales de Base hasta su asesinato en 1988. Luego de 26 años, su causa aún sigue sin justicia.

ANDAR en Florencio Varela (agencia) En el marco de un acto realizado para pedir justicia por Agustín Ramírez -militante social asesinado en 1988-, la directora general de Promoción y transmisión de la Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio, entregó legajos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), -gestionado por la CPM desde el año 2001- con el objetivo de aportar al esclarecimiento de los hechos.

“Las investigaciones de la policía empiezan dos días después del asesinato de Agustín y continúan hasta 1995, momento en el cual la propios investigadores policiales identifican a Ramírez como ‘joven que fuera abatido por la policía’”, explicó Raggio durante la entrega de los documentos que dan cuenta de un extenso y pormenorizado registro de espionaje político-ideológico.

“Los policías se tomaron el trabajo de hacer croquis y cuadros relacionales, recolectaron volantes y afiches de convocatorias a marchas, y hasta conservaron notas emitidas en la prensa”, detalló Raggio, que señaló además que “este intensivo registro comprueba que a Agustín lo estaban investigando como militante político y social”.

[pullquote]el intensivo registro policial comprueba que a Agustín lo estaban investigando como militante político y social[/pullquote]

En este sentido, el Legajo 27910 caratulado como “Homicidio de Javier Santos Sotelo y José Agustín Ramírez” contiene un informe de la delegación DIPPBA de Lanús, en la que se refieren a Agustín como “uno de los cabecillas de un grupo de personas que se dedicaba a captar carenciados sin lugar de residencia para introducirlos en terrenos fiscales y así radicar asentamientos”.

El acto de entrega de documentos se realizó el pasado viernes en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela. En el encuentro estuvieron presentes familiares y compañeros de militancia de Agustín, así como docentes y estudiantes de la casa de estudios.

Durante el acto la madre de Agustín, Francisca Ramírez, agradeció el aporte de la Comisión y expresó que “esperamos que con estos papeles podamos reabrir la causa de mi hijo que desde hace 26 años no tiene justicia”. “Agustín les molestaba, era insoportable para ellos, y por eso lo mataron”, indicó Francisca, al tiempo que sostuvo que “en eso fallaron, porque cuando uno hace cosas con la gente humilde, uno no se muere nunca”.

[pullquote]esperamos que con estos papeles podamos reabrir la causa de mi hijo que desde hace 26 años no tiene justicia[/pullquote]

Francisca acompañada por su hijo Javier, pidió solidaridad y apoyo en el juicio ético público programado para el próximo 5 de junio en la Universidad de Quilmes.

El Archivo de la DIPPBA es uno de los pocos fondos documentales orgánicos que permite la reconstrucción de la metodología y las lógicas de búsqueda, registro y análisis del espionaje político-ideológico en Argentina. La DIPPBA fue creada en agosto de 1956 y funcionó hasta que, en el contexto de una reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el año 1998, fue disuelta y cerrado su archivo.

Agustín Ramírez

Fue un militante cristiano de las Comunidades Eclesiales de Base de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Desde su adolescencia se interesó por modificar la realidad social de los pobres y se relacionó con sacerdotes comprometidos con estas causas, como Raúl Berardo de la Parroquia Itatí y Jorge Novak, obispo de la Diócesis de Quilmes.

Más tarde ideó y dirigió el periódico Latinoaméricagaucha, publicación que fue un medio de expresión y de reclamo de los pobladores del barrio. La motivación y el compromiso de Agustín y de sus compañeros se fundaban en la intensión de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas del barrio.

En  noviembre de 1981, Agustín participó de la ocupación de tierras en San Francisco Solano por parte de más de 3000 familias en condiciones de pobreza y sin acceso a viviendas.

El 5 de junio de 1988 fue asesinado junto a Javier Sotelo, uno de sus compañeros militantes, y junto con los crímenes de Ingeniero Bunge, sus muertes representan los primeros casos de ejecución policial en democracia. Por el hecho, fue acusado un ex miembro de la Policía Federal que cumplió condena con tratamiento psiquiátrico, en una institución estatal de salud mental.