Dos hermanos de la ciudad correntina de Paso de los Libres denunciaron que fueron ilegalmente detenidos y que, en el interior de la comisaría 1ª, recibieron una brutal golpiza y le pasaron electricidad por el cuerpo. También aseguraron que una mujer policía, con su celular, tomaba imágenes y videos de la sesión de tortura. Los jóvenes denunciaron el hecho ante la justicia con la intervención del Mecanismo de prevención de la tortura de Corrientes. Las autoridades policiales de la provincia intentaron minimizar e incluso negar la denuncia.

ANDAR en Corrientes

(Agencia Andar) El domingo 2 de febrero, más de una docena de policías de la provincia de Corrientes ingresaron sin orden judicial a la casa de los hermanos Ramón y Orlando Alves. Los iban a buscar por una contravención, una gresca sin consecuencias en la costanera de la localidad de Pasos de los Libres. En la casa, donde también había dos niños y el padre de los hermanos Alves que padece una enfermedad, fueron golpeados y amenazados. Finalmente, los trasladaron ilegalmente a la comisaría 1ª en dos patrulleros.

En la dependencia policial, fueron arrojados en un patio interno sin luz y golpeados brutalmente: Orlando declaró que los policías se turnaban para pegarle, que quedó aturdido por los golpes detrás de la oreja y, agarrado de los pelos, lo arrastraron por el piso. Orlando terminó con el tabique fracturado.

A su hermano Ramón le pegaron, le pasaron electricidad por el cuerpo y lo ahorcaron hasta que se desvaneció. Cuando despertó, estaba encerrado en una celda con otras personas.

Mientras todo esto ocurría, una mujer policía fotografiaba y filmaba con su celular la sesión de tortura; incluso llegó a comentarle a uno de los hermanos: “posá para el médico”. El médico legal de la policía nunca los registró. Al día siguiente, los dos hermanos fueron liberados.

Un día después, el martes, junto a un abogado fueron a radicar las denuncias por torturas a la fiscalía de turno. Al constatar la gravedad del hecho, el letrado y las víctimas se pusieron en contacto con Alejandra Mumbach, integrante del Comité contra la tortura de Corrientes. El organismo interviene desde ese momento en el caso y, en estos días, se presentaría como querellante para acompañar la denuncia penal.

“Estos hermanos tuvieron la fortaleza de hacerlo público, pero este accionar de la policía ocurre mucho más de lo que parece. En Corrientes, las fuerzas de seguridad operan con la connivencia del poder judicial y el apoyo político, eso hace que muchas víctimas no denuncien estas tortura por miedo.”, remarcó Mumbach.

La integrante del Comité recordó un antecedente en esa misma comisaría; en 2017, la justicia condenó a cuatro policías por torturar a un detenido. “Los hechos fueron similares, en el mismo lugar de la dependencia, con el mismo modus operandi, incluso con una agente policía también filmando las torturas”, agrega.

Hoy, casi dos semanas después de los hechos, funcionarios de la jefatura de la Policía de Corrientes intentaron minimizar e incluso negar la denuncia de los hermanos Alves. Mientras tanto, ninguno de los efectivos que estaban de servicio en la comisaría aquella noche fue suspendido o sumariado. Peor aún, desde el Comité advierten que desde que se conoció la denuncia, un policía de civil en un auto particular suele recorrer frecuentemente la casa de los hermanos en un claro gesto de amedrentamiento.

Mumbach remarca la necesidad, en estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, de creer en las voces de las víctimas y aclara que los testimonios de los hermanos son consistentes. Pero, además, el informe médico presentado en la denuncia constata las lesiones en los cuerpos: hematomas, escoriaciones, equimosis  y quemaduras en la espalda y glúteo donde uno de los hermanos denunció haber recibido las descargas eléctricas.

“Tenemos puesta nuestra esperanza en la reacción de la sociedad para que esto no siga ocurriendo. Esperamos mucho más de la sociedad que la posibilidad de que la justicia emita un fallo justo o que la policía cambie sus prácticas. Necesitamos una sociedad alerta que pueda quebrar esa impunidad de las fuerzas de seguridad que actúan en connivencia con los poderes del Estado”, cerró Mumbach.