(Agencia Andar) El caso trascendió por la difusión de un audio de 40 minutos de la presidenta de esa institución y una empleada insultando y humillando a niños y adolescentes que estaban bajo su “protección”, con frases y amenazas tales como “te voy a hacer la vida miserable” o “te rompo la cara de una cachetada si me llegás a escupir, te rompo en veinte, gran paliza te hago dar y no se da cuenta nadie”. El conflicto grabado por otra empleada comienza porque uno de los niños había roto un vidrio en medio de una crisis emocional porque lo iban a separar de su hermano, que iría a otro hogar.
Luego de tomar conocimiento de este audio, y a partir del trabajo conjunto con el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT), la CPM inspeccionó el hogar convivencial, un establecimiento privado que funciona bajo jurisdicción del Estado provincial, y detectó graves vulneraciones de derechos: hechos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de personal y ausencia de una abordaje restitutivo de derechos que tengan en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de los niños y niñas alojados en el lugar.
A esto se suma la casi inexistencia de controles por parte del Servicio Zonal de Mar del Plata, responsable estatal de la supervisión de la institución en el marco del convenio vigente con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Más grave aún, al momento de la inspección realizada por la CPM, la coordinadora del Servicio Zonal, Verónica Lago, cuestionó y obstaculizó las tareas de monitoreo que la CPM debía realizar como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, queriendo impedir que los niños fueran entrevistados.
A partir de esta inspección, y tras constatar las graves vulneraciones de derechos en que se encontraban los 23 niños y niñas alojadas en el hogar, la CPM presentó un habeas corpus colectivo que quedó radicado en el Juzgado de Familia N° 3 de Mar del Plata. Rápidamente la jueza Amelia Dorado dio curso al habeas, dispuso la prohibición de nuevos ingresos y ordenó OPNyA, a través del Servicio Zonal de Mar del Plata y/o la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos, la presentación de plan de restitución de derechos de los niños y niñas alojados en el Hogar, con medidas reparatorias y garantías de no repetición para un abordaje adecuado al daño subjetivo provocado.
Además del trámite del habeas, se encuentra en instrucción la denuncia penal realizada por profesionales del Hogar por hechos de violencia ocurridos el 25 de noviembre pasado.
La presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia –que gestiona el Hogar–, Alejandra Género, y una operadora del lugar, Marisa Benaduche, están procesadas por los delitos de lesiones, amenazas y coacción. La imputación está a cargo de los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina, de la fiscalía descentralizada de Balcarce, con intervención del juzgado de Garantías 2 de Mar del Plata. Además del procesamiento, el juez Saúl Errandonea dictó una medida de restricción de acercamiento a los niños involucrados.
Durante las entrevistas realizadas por la CPM a los niños surgieron relatos coincidentes con la situación de violencia denunciada consignada en la denuncia penal. Uno de los niños refirió que se encontraba en la cocina cuando Marisa, cuidadora del Hogar, ingresó al sector, lo empujó y le gritó “dejá de patear cosas”. El niño explicó que estaba pateando una “Croc” (marca de calzado) y que le respondió “si vos no las comprás, las dona la gente”. A partir de esa respuesta, relató que Marisa lo empujó y que, al intentar empujarlo nuevamente, se cayó, lo que “la enojó”. Indicó que luego lo rasguñó, mostrando marcas en sus brazos y señalando que tenía otras lesiones en distintas partes del cuerpo. Asimismo, manifestó que Marisa volvió a empujarlo contra la pared, provocándole un golpe del cual le salió un “huevo en la cabeza”.
Según su relato, tras este episodio, la operadora llamó a la presidenta de la Comisión Directiva, la otra imputada, quien se presentó en el Hogar sin autorización de la directora del dispositivo. Esta persona no tenía facultades de intervención con los niños y niñas, a quienes ni siquiera conocía. Al ingresar, Alejandra comenzó a gritarles, amenazarlos e insultarlos de manera muy violenta a él y a otro grupo de niños. Les decía que les iba a pegar, a ordenar  que personas más grandes los “caguen a palo”, que alguien les “meta la parte íntima en la garganta” y que a uno de ellos le dijo que iba a hacer que “se chupe el dedo con su caca”. También relataron que, en ese contexto, uno de los niños rompió un vidrio durante una crisis y que “Alejandra le dijo que lo iba a cambiar de Hogar y a separarlo de sus hermanos”.

Otro de los niños, al ser consultado sobre lo sucedido, expresó que “Alejandra nos dijo cosas feas, nos maltrató y la denunciamos, ahora estamos viendo si la meten presa o no”. Agregó además “yo tenía mamá nueva, ella me dijo que me la iba a sacar, ahora mi mamá no está”, haciendo referencia a una vinculación reciente que se encontraba en curso con una persona adoptante.
En el habeas corpus presentado ante el Juzgado de Familia, la CPM señaló especialmente la responsabilidad estatal de lo acontecido, ya que a pesar de tratarse de una institución privada, esta mediante un convenio por el cual el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, órgano de aplicación de la normativa vigente, delega el cuidado y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. De esta manera, puso de manifiesto la deficiente supervisión previa del Servicio Zonal que generó las condiciones que propiciaron este grave episodio. La ausencia de escucha de niños y niñas por parte del Servicio Zonal previamente imposibilito identificar episodios de violencia verbal y castigos severos que, según afirmaron los niños y niñas entrevistados, ya venía ejerciendo una de las denunciadas. También señaló los déficits en el funcionamiento del Hogar: “poco personal –dos personas por turno para 29 niños–, pésimas condiciones de trabajo que desgastan la calidad de cuidado, ausencia de formación actualizada y herramientas para el abordaje de crisis, falta de criterio en las funciones de los distintos actores tales como la Comisión Directiva y el personal del Hogar”.