En marzo, durante una inspección como parte de su trabajo de monitoreo de lugares de encierro, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había denunciado que cinco mujeres detenidas en la dependencia policial eran sometidas a torturas sistemáticas por parte de los agentes policiales. Tres meses después, la causa judicial presenta avances sustanciales: hay ocho policías procesados, de los cuales seis tienen dictada la prisión preventiva. La fiscalía también sostiene la existencia de torturas, aunque sólo en algunos de los casos. La CPM, que actúa como patrocinante de las víctimas, avala esta calificación legal.

ANDAR en comisarías

(Agencia) Cinco mujeres de entre 20 y 30 años permanecían en una celda de tres por cuatro en estado de aislamiento extremo y sufrían torturas sistemáticas por parte de los efectivos de la policía bonaerense. Estas graves violaciones a los derechos humanos habían sido constatadas y denunciadas por la Comisión Provincial por la Memoria durante una inspección realizada en la subcomisaría de Domselaar en marzo pasado.

Desde ese momento, la CPM actúa como patrocinante de las víctimas que se constituyeron como querellantes e impulsa la causa que, sobre la base de una gran cantidad de elementos probatorios, ha presentado importantes avances. En el marco de la IPP (Investigación Penal Preparatoria) que lleva a cabo la UFI 7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, los oficiales denunciados y denunciadas fueron citados a declarar y detenidos.

Durante la instrucción, además de los exhaustivos testimonios de las víctimas, se presentaron informes psicológicos que dan cuenta de los padecimientos traumáticos sufridos,  se realizaron ruedas de reconocimiento positivas y se secuestraron los libros de guardia, entre otras actuaciones. Todos estos elementos de prueba recolectados dieron fundamento a la solicitud fiscal de dictar la prisión preventiva para los imputados detenidos. El pedido fue confirmado por el juez de Garantías.

Para la CPM, las pruebas que constan bastan para confirmar que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufrían las cinco mujeres deben ser juzgadas como hechos de torturas. Permanecían alojadas todas juntas en una celda de 3 x 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. No tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos. Permanecían encerradas las 24 horas, en aislamiento extremo. A las condiciones antes descriptas, se sumaron las agresiones físicas, psicológicas y verbales, y el hostigamiento permanente por su condición de mujer.

En la causa se están realizando pericias que resultan fundamentales para comprobar las torturas sistemáticas que sufrían las mujeres. En esa línea, próximamente, se harán exámenes psicológicos y psiquiátricos de las víctimas y se llevarán a cabo pericias sobre teléfonos, cámaras fotográficas y soportes digitales secuestrados en el marco de los allanamientos en la subcomisaría, para los cuales la CPM aportará peritos de parte. Estos informes serán determinantes para seguir avanzando en la búsqueda de verdad.

Como patrocinante de las víctimas, el organismo reconoce, una vez más, la importancia de llegar a condenas cuando se investigan delitos cometidos por las fuerzas policiales. La CPM ha denunciado recurrentemente esta situación que reproduce prácticas policiales violatorias de los derechos humanos. Además, en este caso en particular, la situación se agrava por la perspectiva de género en que se inscriben las prácticas denunciadas.