El proyecto presentado por el ejecutivo y conocido como “ley ómnibus” tenía entre sus objetivos la sustitución de artículos troncales de la Ley Nacional de Salud Mental que cambian su sentido. Si bien los puntos en torno a estas cuestiones quedaron pospuestos para cuando se inicien las sesiones ordinarias trabajadores, usuarios, familiares y organizaciones que se dedican al área quedaron alertas. ¿Qué cuestiones serían regresivas y por qué? Una charla con una referente de un espacio que trabaja desde 2009 en el sistema de salud mental.

ANDAR en el país

(Agencia Andar) Sancionada en noviembre del 2010 y reglamentada en el 2013, la ley de salud mental se dio como resultado de numerosos y diversos aportes y adhesiones de actores del campo de la Salud Mental y Derechos Humanos. Su construcción fue en línea con ideas y prácticas comunitarias en salud mental, que se desarrollaron en gran parte de la historia argentina con impasses en el periodo de la dictadura militar y a partir de la década del 90, “situación que hoy corre el riesgo de repetirse”, advierten quienes están involucrados en el trabajo en este sentido.

Elena García es trabajadora social y forma parte de la asociación civil de integración comunitaria por la salud mental Una movida de locos. Trabajan desde el año 2009 gestionando, desarrollando y sosteniendo emprendimientos sociolaborales donde se integran e incorporan personas usuarias de servicios de salud mental que han quedado excluidas del mercado laboral por transitar una situación de padecimiento subjetivo, alguna situación de de salud mental o alguna internación en un hospital psiquiátrico.

“Pensamos que el trabajo es una de las áreas fundamentales al momento de pensar en procesos de externación y en personas que han estado institucionalizadas para que puedan sostener en espacios en la comunidad, incluirse en la sociedad. Por eso trabajamos en esta área. Nuestro espacio no tiene un dispositivo de asistencia en salud mental si no que trabajamos con diversos servicios públicos del Hospital Alejandro Korn, del San Martín y de clínicas privadas, pero básicamente generamos espacios de inclusión laboral”, cuenta Elena.

La intención que se vio en la “Ley Ómnibus” propuesta por el gobierno fue la de artículos troncales de la Ley de salud mental como el concepto de salud integral, que la considera como un proceso multidimensional; la interdisciplina como condición necesaria para el abordaje de los padecimientos mentales; la internación involuntaria como recurso excepcional y la desmanicomialización.

“Este quedar afuera del mercado tiene que ver con el estigma que se carga a partir de haber transitado alguna situación de salud mental o una internación en un hospital psiquiátrico. Nuestras prácticas están fundamentadas en la ley actual y hemos participado en los debates previos a su sanción, fue una construcción colectiva de organizaciones de usuarios y familiares, de asociaciones profesionales, y fuimos parte de esos espacios de discusión y consenso que llegaron a la ley que se sanciona en 2010”, continúa Elena.

Desde la Comisión por la Memoria analizan que si se abre la puerta a habilitar nuevos manicomios queda trunco un proceso que buscaba desandar el impacto que este tipo de internación tiene en los lazos sociales, la autonomía y la generación de dependencia hacia la institución. Además de ser instituciones que tienden a la violación de derechos humanos fundamentales de los usuarios y la consecuente profundización de sus padecimientos como fueron constatando en sus inspecciones y monitoreos.

Una mayor institucionalización impactaría también en el trabajo de espacios como Movida de Locos. Las personas que asisten al lugar mayoritariamente han estado internadas en el Hospital Alejandro Korn con largos periodos de internación y hoy integran emprendimientos sociolaborales como un vivero, un espacio de producción agroecológica, un emprendimiento textil, un espacio de cerámica, otro de producción de radio, una feria, un emprendimiento de limpieza institucional y están además vinculados a iniciativas que forman parte del servicio de salud mental del Hospital San Martín a través de un colectivo denominado EmpreSan, emprendedores en salud mental.

“Somos parte de redes colectivas de trabajo –añade Elena- como la red de cooperativas sociales que integra a más de 60 espacios a nivel nacional y además funcionamos como centro de prácticas de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Quilmes en carreras como Trabajo Social, psicología, terapia ocupacional; somos sede de rotación de residentes y formamos parte del órgano de revisión de salud mental representando a usuarios y familiares desde el año 2020”.

En el proyecto del gobierno se buscaba específicamente sustituir artículo de la legislación actual que le da participación a asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores, como de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos; barrer con estas redes.

En alerta frente al embate 25 espacios de trabajo en el área se vienen reuniendo en asamblea y se pronunciaron en defensa y por la plena vigencia de la ley actual. Saben que deberán seguir resistiendo y que en marzo otra vez estarán discutiendo estas cuestiones. “Estas reformas no son las que vienen a saldar cuestiones necesarias de que se sigan revisando, lo que hay que hacer es poner a disposición presupuesto y recursos para su plena implementación, y lo que buscan es volver atrás. Así como salimos ahora en seguida en defensa de la ley, a hablar con los legisladores y a dar el debate, también va a ser un desafío que este colectivo piense cómo se va a dar la discusión cuando sean las sesiones ordinarias”, señala la trabajadora social.